Sí, incómoda ha resultado la actividad pastoral de don Salvador Rangel Mendoza, obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, sobre todo la relacionada con la violencia y la inseguridad que han asentado sus reales en amplios territorios correspondientes a su diócesis. Incómoda para diversos actores políticos ubicados en el gobierno estatal y federal, y también en los partidos políticos. Pareciera poco ortodoxa la práctica pastoral de Rangel, tanto en su discurso como en sus iniciativas relacionadas con la crisis generada por la violencia en Guerrero. Lo cierto es que no hace otra cosa sino poner en práctica lo que el Papa Francisco pide a las iglesias: “Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades”. (Evangelii Gaudium, 49).
La pregunta que salta a la vista es ¿por qué les causa escozor a algunos políticos lo que hace y dice don Salvador? ¿Por qué muestran tanto disgusto, al punto en que hasta lo señalan de estar fuera de la ley? ¿Por qué azuzan para que se vaya de Guerrero? Creo que se pueden destacar algunas razones.
En primer lugar, don Salvador ha puesto en evidencia lo que tantísima gente sabe y dice: que el Estado ha fallado, que el sistema político es cómplice de la delincuencia, que la así llamada estrategia de seguridad no ha servido ni para contener la violencia, que la política no funciona bien para este tema, que lo que en realidad se ve es una estrategia de simulación, que la presencia de tantos militares y policías en los territorios controlados por el narcotráfico es inútil. En fin, que no hay Estado de derecho, ese tan invocado por algunos políticos para descalificarlo. Y ha evidenciado que, de facto, en muchos lugares son las bandas criminales las que tienen el control del poder.
En segundo lugar, ha puesto en evidencia que los gobiernos dirigen su atención a los efectos y no a las causas de la violencia, lo que constituye una verdadera simulación. La idea de que nos van a devolver la paz con policías y militares es una falacia, un engaño que ha sido demostrado a lo largo de casi dos decenios de fracasos gubernmentales. La violencia se ha extendido a casi todos los estados del país y, prácticamente, a todas las regiones del estado de Guerrero. La violencia y la inseguridad se han manejado como un problema policiaco que se resuelve con la represión. Lo es, pero no solo es un problema policiaco. Es, además, un problema político, económico y social. Con un diagnóstico tan parcial e insuficiente no se pueden lograr las soluciones que necesitamos. Si detrás de la violencia están la corrupción y la impunidad, la desigualdad y el desempleo, el rezago educativo y cultural, y el abandono del campo, hay que reconocer que no han sido atendidos estos factores tan decisivos. Y por eso, tendremos violencia e inseguridad para muchos años más.
En tercer lugar, persisten trasnochados prejuicios relacionados con la misión pastoral de la Iglesia católica y de sus ministros en cuanto que no les toca ocuparse de asuntos que impactan en la política. Algunos detractores hasta utilizan las palabra de Jesucristo: “A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César” para señalar que el obispo se está metiendo en política. ¿Qué no saben que a Jesús lo mataron por incómodo, mediante un amañado juicio político? Su predicación espiritual tenía un alto impacto político y por eso lo descalificaron y tramaron su muerte. No existe neutralidad política en la acción pastoral de la Iglesia. O favorece o pone en cuestión al poder. Cuando un ministro religioso calla y les da a los políticos por su lado, ellos están encantados porque “no hace política”. Esa es su lógica. Lo que quiero decir es que lo que el obispo ha estado haciendo es estrictamente pastoral. Sus iniciativas son las de un pastor preocupado por la suerte de los pueblos que tiene que pastorear. Ha decidido acompañar a los pueblos desprotegidos aunque esto le cause incomprensiones y ataques de parte del poder público. Y, debido a su investidura que lo hace más visible, lo que dice y hace tiene efectos políticos.
Los encuentros y los diálogos con los capos de la delincuencia los entiende don Salvador como una medida de emergencia encaminada a evitar más muertes y más sufrimiento. Son medidas de excepción que buscan disminuir el impacto de la violencia. Y ha llegado a tomar estas medidas, precisamente, por la ausencia del Estado en esos lugares. El Estado que debería proteger a la gente no lo está haciendo. Los gobernantes están muy ocupados en sus propios intereses, que hoy por hoy, giran en torno al proceso electoral. Y por eso, desde una perspectiva pastoral, el obispo busca formas de hacer menos difícil la suerte de los pueblos que están bajo el poder del narcotráfico.
Rangel Mendoza honra su talante de fraile franciscano, que emulando a Francisco de Asís, se ha dado a la tarea de buscar al lobo, como aquél que asolaba a los pueblos circunvecinos de Gubbio para que no hiciera más daño a la gente ni a sus ganados. Rubén Darío, en su Los motivos del lobo describe el empeño del fraile de Asís por aplacar la ferocidad del lobo de Gubbio. Buscar a los capos es una forma de apelar a la conciencia de los criminales para que disminuyan el daño que hacen o, incluso, para que abandonen su práctica criminal. Puede calificarse esto de ingenuidad o de candidez, pero es un camino que, con todos sus riesgos, el obispo ha decidido recorrer para construir la paz.
Apelando al Estado de derecho, las autoridades han insistido en que no pueden tener interlocución alguna con las bandas criminales. Hay que aceptar que dicho argumento es justo debido a que la ley se los impide. Pero el caso es que en lo público se invoca al Estado de derecho mientras que, por otro lado, se han dado múltiples negociaciones ocultas de actores políticos con actores criminales. Mientras que el obispo ventila públicamente sus encuentros pastorales con los capos del narcotráfico, los políticos que negocian –ya sea por colusión o por sometimiento– con narcotraficantes mantienen en secreto el contenido de sus negociaciones o pactos. ¿Dónde queda, pues, el Estado de derecho?
Rangel distingue perfectamente a los diversos sectores que se mueven en los territorios controlados por las mafias. Por un lado están los capos o dueños de las drogas, que toman las decisiones porque tienen prácticamente el poder en esos territorios. Otro segmento está formado por los trabajadores que cultivan, transportan y vigilan los procesos de producción y de trasiego de las drogas, que está prácticamente cautivo de las mafias en lo económico y en lo social. Y distingue, también, a la población que vive en esos lugares y que es víctima del comportamiento y de las luchas entre mafias. Estas distinciones no siempre las saben hacer las autoridades a la hora de intervenir en esos lugares.
Hay que pensar en la manera de recuperar a tanta gente que está cooptada por la delincuencia organizada. La justicia es indispensable en este sentido. Pero hay que ir más allá de la justicia. Hay que restaurar a los pueblos que han sido golpeados, hay que recuperar a mucha gente que está contra su voluntad trabajando para las mafias y hay que recuperar a los mismos narcotraficantes. Para eso, hay que abrir espacio a iniciativas enfocadas a la restauración de ese amplio segmento de población que está vinculado a la delincuencia. Creo que esta es una intuición que mueve a don Salvador a dar la cara por miles de campesinos que están atrapados en la sierra cultivando la amapola porque no tienen otra opción.
Si la política no ha funcionado para construir la paz y para proteger a la población que está a merced de los cárteles de la droga, es porque quienes ahora se rasgan las vestiduras no han cumplido con sus obligaciones. Y por lo mismo, no cumplen con la ley. Y con sus actitudes y conductas ponen en tela de juicio el Estado de derecho. No hacen ni dejan hacer. ¡Qué triste papel! Al menos no habían de molestarse cuando un pastor arriesga su vida en el espinoso campo de la inseguridad y de la violencia y habla por quienes no son escuchados y actúa para disminuir tanto dolor.
Así las cosas, conviene que las autoridades hagan lo que les corresponde hacer para que no lo tenga que hacer el obispo, quien sólo está cubriendo un vacío que ellas dejan al abandonar a los pueblos a su suerte y al no ofrecerles alternativas para que puedan vivir dignamente. Y así evitarían las rabietas de algunos ultradefensores del Estado de derecho.