La medianoche del 19 de marzo de 2010 en Twitter circuló un video casi en tiempo real que hizo público un operativo del Ejército Mexicano dentro de las instalaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en esa ciudad. Aunque uno de los militares obligó a la periodista Ana Cecilia Cedillo a borrar el contenido de su grabación cuando fue descubierta, ella tuvo el valor de conservar la evidencia. Este video sobre la terrible intervención de soldados en labores policiales –con sus consecuencias letales, impunidad y manipulación de la escena del crimen tan habituales– es uno de los varios que desmontan la versión oficial de lo ocurrido aquella noche en Nuevo León en el documental Hasta los dientes (2018) de Alberto Arnaut.
Entre las 00:49 y las 00:55 de ese 19 de marzo, los estudiantes de posgrado del Tec de Monterrey Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado fueron víctimas de tortura y de ejecución extra judicial a manos de un grupo de efectivos del Ejército que irrumpió en la institución educativa sin motivo. A la mañana siguiente, tanto la institución como las autoridades estatales tuvieron actividades como si nada hubiera ocurrido. Salvo un mensaje por parte de la rectoría del campus: los dos jóvenes estudiantes, sus propios estudiantes, fueron hechos pasar ante la opinión pública como sicarios, dos sicarios “armados hasta los dientes”. Y los militares habían llevado a cabo un “exitoso operativo” en el que supuestamente confiscó un enorme arsenal bélico, incluidos dos fusiles de asalto.
Tal como ha ocurrido desde que Felipe Calderón instaurara un paquete de medidas bélicas y retóricas llamado “guerra contra el narcotráfico”, tanto el Ejército como la Marina han ejercido impunemente los mayores índices de abusos, tortura y letalidad contra la población civil. Estas bajas, en la retórica beligerante, son considerados “daños colaterales”. Cuando la versión castrense ha logrado escapar a los medios y a las redes sociales, las bajas civiles han sido estigmatizadas ante la sociedad y criminalizadas, hechas pasar por bajas del crimen organizado. Tal como el Ejército intentó hacer con Javier Francisco y Jorge Antonio, los dos estudiantes de mejores promedios de su generación.
Ante la falta de un Estado de derecho en este país, han sido los familiares de las víctimas quienes se han visto orillados a desmentir las versiones oficiales, a investigar, a restituir la identidad y dignidad de sus seres queridos ejecutados o desaparecidos, y a construir justicia desde abajo, con sus propios medios. De no ser por las familias de ambos estudiantes, la versión conjunta del Ejército y el Tec de Monterrey se hubiera impuesto como una más de esas “verdades históricas” que impone el poder. No es casualidad que, durante el homenaje rendido a los dos estudiantes asesinados, el rector del sistema ITESM –respaldado con la presencia de la entonces primera dama Margarita Zavala– llamara a “mirar al futuro” y dejar atrás lo ocurrido sin que hubiera verdad ni justicia. Tan parecido al llamado de Enrique Peña Nieto a “superar Ayotzinapa” durante su campaña por imponer esa otra “verdad histórica” de su gobierno.
Los errores, los abusos y la brutalidad del Ejército que deja en evidencia el documental Hasta los dientes en el caso de los estudiantes ejecutados del Tec, no sólo no se han rectificado ni han ido desapareciendo en las labores policiales de esa institución castrense, sino que han ido escalando en intensidad, número y frecuencia. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a lo largo de esta guerra contra la población civil la incidencia de maltrato y tortura durante el arresto presentan ofensivos porcentajes de incidencia entre las corruptas corporaciones policiales y militares: policía preventiva o municipal, 69 por ciento; policía ministerial o judicial, 73 por ciento; policía estatal, 75 por ciento; Policía Federal, 81 por ciento; y muy por encima de todas éstas: Ejército 86 por ciento y Marina 88 por ciento. Esto significa que en este país las probabilidades de que durante un arresto una persona sea torturada, desaparecida o ejecutada por el Ejército y la Marina –desde que ejercen labores policiales en las calles– son casi de nueve entre 10. Cifras equiparables a las de cualquier dictadura.
Son los jóvenes el blanco más frecuente en esta guerra. El Estado mexicano ha emprendido un juvenicidio contra toda una generación. Dentro de esta guerra de capitalismo gore, los jóvenes carecen de la movilidad social prometida por el modelo neoliberal que la aplica, y reciben a cambio la precarización de su vida y violencia. Los jóvenes en esta guerra se han vuelto una entidad desacreditada y desechable (tal como en el caso de los estudiantes del Tec, esa estigmatización se dio en el otro lado del país y de clase, con los también jóvenes normalistas de Ayotzinapa). El poder los ha despojado de su identidad para estigmatizarlos con otra: la de criminales. En México hay un Estado juvenicida que impone una pedagogía del terror contra los más jóvenes. Y todo indica que eso no cambiará en los próximos seis años.
¿De qué han servido a oídos del poder todos estos años de sangre y violencia que dejó una estrategia fallida? ¿De qué sirvieron al mal llamado gobierno de la cuarta transformación los foros de escucha de víctimas por todo el país? Lo que quieren las familias como las de Javier Francisco y Jorge Antonio, las familias de las mujeres asesinadas y las familias de las decenas de miles de desaparecidos desde hace años, es verdad y justicia. No más militarización. No más guerra. Sin embargo, la respuesta del partido que tomará el poder será presentar este martes una iniciativa de reforma a la Constitución para permitir que elementos de las fuerzas armadas puedan permanentemente patrullar las calles y hacer arrestos como parte de una Guardia Nacional bajo mandos militares. Es decir: volver constitucional y permanente la pesadilla de sangre y muerte que habían iniciado Calderón y Peña Nieto.
Mucha gente esperanzada y votantes del gobierno entrante nos criticaron y hasta se mostraron sarcásticos cuando en foros, entrevistas y artículos de opinión, varias personas que hemos acompañado los procesos de las víctimas de esta guerra advertimos que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no habría ningún cambio en la estrategia capitalista de seguridad, sino sólo el recrudecimiento en los abusos de las fuerzas armadas con la cancelación al acceso a la verdad y la justicia. Tal parece que los testimonios recabados en el trabajo de documentalistas como Alberto Arnaut y los que realizan en tiempo real muchos periodistas a riesgo de sus vidas, seguirán siendo contados durante seis años más desde una política de la escucha y del acompañamiento. Historias de un Estado que se empeña en seguir armado hasta los dientes.