En medio de controversias, ayer tuvo lugar la primera consulta ciudadana, enfocada al juicio de los ex presidentes de México. Al menos, ese es el interés político de fondo, aunque la pregunta clave de la consulta –avalada por la Suprema Corte– resulta un tanto confusa. Ciertamente, hay un consenso nacional en el sentido de que la postración del país de debe a decisiones erradas y dolosas de los ex presidentes que nos han gobernado. En muchos casos, no fue el interés general de la nación el que orientó sus decisiones, sino intereses de las élites económicas, políticas, y aun extranjeras.
En las últimas décadas, México ha sido víctima de sus gobernantes y no será difícil determinar delitos de lesa humanidad encubiertos por la corrupción, la impunidad y por una maraña de intereses ocultos. Los niveles extremos de la pobreza de millones de mexicanos, la violencia y la inseguridad que se padece en muchos entornos del país, la migración y el desempleo o subempleo, el bajo nivel del sistema de salud, el deterioro y la explotación desmedida del medio ambiente tienen de fondo decisiones presidenciales fraguadas para favorecer a los de siempre. Pero también fueron decisiones funcionales al sistema político vinculado a un modelo económico depredador. En este sentido, no solo los ex presidentes merecen un juicio, sino también todo ese entramado de las élites que han tomado parte en el desastre que sufrimos actualmente.
Aún no es posible prever el alcance de esta consulta, de sus resultados y de sus efectos porque se trata de una estrategia política que se está poniendo a prueba. Más allá de las razones de sus defensores y de sus detractores, lo que yo quiero plantear es que una profunda transformación del país no se resuelve en la confrontación entre el gobierno actual y las élites del pasado, en la que unos saldrían ganando y otros saldrían perdiendo. Vamos, juzgar a los ex presidentes puede ser benéfico para el país, pero no es el tema de fondo para la transformación que el país necesita, puesto que se queda en una batalla política, entre élites políticas.
Mi planteamiento es que mientras no se ponga a las víctimas en el centro de la transformación del país, no habrá transformación que valga. A las víctimas de la pobreza y a las víctimas de todas las violencias. A las víctimas de todas las decisiones dañinas realizadas desde el poder y a las víctimas de las omisiones y de los abusos de todos los gobiernos estatales y municipales. El interés de las víctimas debiera estar en el centro de la atención nacional y tendría que ser la gran prioridad. Entiendo que la consulta podrá darles voz a muchas víctimas, pero no está enfocada –al menos no lo percibo en este momento–, de manera directa, a responder a sus intereses y necesidades, que podemos identificar con los mecanismos de la justicia transicional, tales como verdad, justicia, reparación del daño y garantía de no repetición de los agravios.
En los últimos años se han hecho propuestas encauzadas a través del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Alejando Encinas, para que se abran caminos hacia Comisiones de la Verdad y hacia otros mecanismos que ayuden a resolver las masivas violaciones a los derechos humanos, propuestas que aún no han tenido resonancia en el gobierno federal. Muchos colectivos de familias de desaparecidos y de otras víctimas de las violencias como los que tienen que ver con feminicidios o trata de personas han estado insistiendo en este asunto y no se sienten escuchados.
El “esclarecimiento de las decisiones políticas en los años pasados por los actores políticos” es necesario, pero no me parece suficiente. Hay que buscar y encontrar la verdad relacionada no solo con las decisiones presidenciales del pasado, sino también hay que buscar la verdad sobre cada uno de los cerca de 90 mil desaparecidos, de las 340 mil personas desplazadas, de los cientos de miles asesinados en los últimos 20 años, y demás. Todos ellos deben tener acceso a la verdad y a la justicia al menos, y para eso hay que tomar decisiones políticas que trasciendan los intereses políticos del gobierno y de la oposición. Una Comisión de la Verdad, por esa razón, tendría que estar al margen de las facciones políticas para garantizar la confiabilidad de sus esfuerzos.
Es de muy alto riesgo mantener un país que no responde a estas necesidades básicas de las víctimas porque se acumula el dolor, la inconformidad, la rabia y el malestar que pueden derivar en ciclos de violencias más atroces. Hay que recordar que las víctimas no reconocidas ni atendidas debidamente pueden derivar en victimarios cuando no encuentran la justicia que necesita y la sanación de su dolor. Las víctimas representan una grave herida nacional que aún no es reconocida ni por la sociedad ni por los gobiernos y abandonarlas a su suerte puede significar un freno al desarrollo integral del país y a la misma democracia.
Hay que tener claro que se trata de que las víctimas se conviertan en sujetos de la transformación del país, ya que representan la parte más vulnerable y más dolida del pueblo y sin ellas no podemos salir del círculo vicioso ideado desde la economía y la política. Es imprescindible escuchar a las víctimas y dejarlas que vayan adelante para encontrar una salida digna para el país. No es romanticismo sino sentido común. Tanto los gobiernos como la sociedad misma necesitan largar protagonismos y poner en el centro a los millones de víctimas que permanecen postradas debido a las deprimentes condiciones que se les han impuesto.
Una transformación profunda del país es posible con la condición de que los abandonados recuperen el lugar que les corresponde, no como objetos de acciones asistenciales, sino como sujetos activos de los cambios que el país necesita. Así lo están haciendo ya muchos colectivos de víctimas. El protagonismo de los actores políticos no es suficiente, pues a la larga suele derivar en regresiones desastrosas.