Mientras más alta es la expectativa de vida, más negro es el panorama para quienes llegan a viejos. Fue el nefastísimo Ernesto Zedillo el inventor de las afores, que obligan a los asalariados a entregar sus ahorros a unas empresas que manejan sus recursos de manera tal que los depositantes ven cómo se achican sus haberes año con año, lo que augura que cuando llegue la hora del retiro recibirán una pensión no sólo muy inferior a la necesaria para mantener su actual nivel de bienestar, sino insuficiente para contar con los satisfactores que les garanticen, ya no una buena vida, sino la vida a secas.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es uno de los tres países miembros que otorgan menos protección social a sus ancianos (los otros dos son Turquía y Corea). Entre las razones que explican ese desdén por los adultos mayores está el hecho de que, de cada cinco mexicanos que trabajan, tres están en la economía informal, ese submundo donde no hay afores ni Seguro Social ni otras prestaciones.
El abandono de nuestros viejos está a la vista de todos, pero se equivocará quien piense que el Estado mexicano no ha dispuesto recursos considerables para ir en auxilio de ese sector de la población. De acuerdo con un reportaje de Jéssica Becerra (Reforma, 16/XII/2015), “en el país existen al menos 14 programas asistenciales para la vejez”, los que disponen de 8 mil 774 millones de pesos para beneficiar a un millón 400 mil mexicanos.
Si las cifras son correctas y el dinero se entregara sin intermediarios, a cada uno de esos mexicanos de la tercera edad le tocaría poco más de 6 mil 200 pesos anuales y más de 500 mensuales, los que por supuesto no bastan para dotar a cada anciano de alimentos, casa, médico, medicinas y otros satisfactores indispensables. No bastan, pero ayudan, sobre todo a los viejos que viven con su familia.
Lamentablemente no se puede plantear como hipótesis que cada anciano reciba esos 6 mil 200 pesos mensuales porque una buena parte la absorbe una burocracia cada vez más numerosa que, además de sueldos, demanda lugares para trabajar, escritorios, sillas, papelería y otros medios para desempeñar su función. En la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, desde la implantación de los programas asistenciales, se empeñó en reducir al mínimo la burocracia, recurriendo para el caso a las tarjetas de débito, en tanto que muchos programas de otras entidades pagan la pensión en ventanilla o mediante procedimientos anticuados y poco prácticos.
Para hacer más complicado el asunto, el gasto en nuestros ancianos no se distribuye de manera pareja. Para empezar, de los 8 mil 774 millones de pesos que se reparten, el peso mayor recae en el Distrito Federal, donde el presupuesto respectivo es de 5 mil 100 millones de pesos, unas tres quintas partes del total, mientras que en el Estado de México, con una población mayor a la del DF, sólo se destinan mil 150 millones a la tercera edad.
Otra característica es que de una a otra entidad varía no sólo el número de beneficiados por los programa de apoyo a los adultos “en plenitud”, como demagógicamente les llaman algunos. Las diferencias se expresan en números absolutos, lo que es lógico por las disparidades demográficas, y también se manifiestan en números relativos, en porcentajes, pues eso depende de la penetración de los programas. En este punto, el Distrito Federal también está a la cabeza en el número y proporción de beneficiarios.
En el país existen muy diversos programas, de ahí que las diferencias en los montos de las pensiones sean muy grandes. Por ejemplo, mientras que en la capital del país la pensión ya pasa de los mil pesos, en Veracruz es de 350 pesos por persona y en el Estado de México es ligeramente inferior a 300 pesos.
Tampoco hay unanimidad para calificar a una persona como anciana, vieja o adulta “en plenitud”. En algunos estados se entra en esa categoría al cumplir 60 años, en otros al llegar a los 65 y en algunos más se considera beneficiario al que tiene 70 años o más.
Ante tal disparidad de criterios, de presupuestos y de políticas, se requiere una ley federal que unifique las reglas de funcionamiento de los sistemas, los montos de las pensiones y las características de la población beneficiada. Se estima que en 2050, la cuarta parte de la población va a demandar pensión o ayuda del Estado. Cabe advertirlo desde ahora.