En México, el poder fáctico no sólo asesina a periodistas como sistema. Está vaciando el territorio de testigos. No se trata solamente de un lamentable crimen generalizado que lleva décadas contra un todo un gremio. Es un golpe directo contra la posibilidad de que una comunidad se conozca a sí misma. Cada reportero atacado, amedrentado, censurado, desaparecido o asesinado en México no deja únicamente una familia rota o una redacción en duelo. Deja un hueco en el registro de lo que ocurre en el tejido social. Allí donde alguien nombraba extorsiones, retenes, policías coludidos, alcaldes, rutas de trasiego, desaparecidos, se instala después una zona ciega. El periodismo local –precario, mal pagado, sin seguridad social, sin relevo– es el último dispositivo que convierte la experiencia cotidiana y dispersa de la violencia en un relato público. Cuando éste se rompe, no sólo se pierde una voz: se pierde la continuidad de lo real. La vida sigue, pero sin archivo. Sin memoria compartida. Sin posibilidad de contraste. Un territorio sin testigos no es un territorio en silencio: es un territorio administrado por la versión más fuerte, por quien puede imponerla sin resistencia desde el poder.
A esta lógica de silenciamiento se suma otra, más turbia: la criminalización. La detención reciente de Ubaldo Segura Pantoja, activista, locutor y periodista comunitario de la Montaña de Guerrero, acusado por protestar en 2014 por la desaprición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y trasladado a un penal federal de máxima seguridad, reabre una pregunta incómoda: ¿qué se castiga realmente? Según reportes de medios y organizaciones, su trayectoria está ligada a la defensa de comunidades y a la documentación de conflictos sociales en la región. Hoy, esa misma biografía es leída como expediente penal. A quien narra también se le puede neutralizar mediante procesos judiciales que desplazan el foco, desgastan y envían un mensaje punitivo. El efecto es el mismo: reducir el margen de lo decible.
Desde 2 mil han sido asesinados al menos 176 periodistas en posible relación con su labor, y decenas más permanecen desaparecidos, de acuerdo con datos de Artículo 19. Sólo en 2024 se documentaron 639 agresiones. Una cada 14 horas. Y la impunidad supera el 84 por ciento. No son sólo datos, son un patrón. Hay informes, mecanismos, fiscalías, botones de pánico, escoltas. Hay un aparato institucional que se presenta todas las mañanas como garante de la libertad de expresión. Y, sin embargo, el saldo no se mueve. La violencia contra la prensa dejó de ser una anomalía y se volvió una constante administrada. No es que el sistema falle: funciona así. Absorbe el golpe, lo normaliza, lo incorpora. Los cuerpos de los comunicadores se vuelven un piso sobre el que se gobierna.
En marzo de 2026, en menos de 48 horas, fueron baleados dos comunicadores en Oaxaca y Nuevo León. En febrero, reporteros que cubrían episodios de violencia fueron perseguidos, amenazados y despojados de su equipo en una misma jornada. Y en Guerrero, el periodista indígena me’phaa Rolando Sánchez Quintero –que documenta la violencia en su comunidad– fue objeto de allanamientos e intimidación: hombres forzaron su casa, arrojaron piedras, vigilaron su domicilio. Estos ataques –denuncia Artículo 19– no son hechos aislados, sino parte de un entorno sistemático de hostigamiento contra quienes informan desde territorios marginados. No siempre matan. A veces basta con acercarse de noche, con dejar señales, con recordar que pueden volver. El mensaje es el mismo: deja de mirar, deja de escribir, deja de nombrar.
El sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum no inaugura la violencia, pero la continúa sin modificar su estructura. Según el recuento del centro de investigación Propuesta Cívica, desde octubre de 2024 han sido asesinados al menos 12 periodistas. La lista arranca con Mauricio Cruz Solís, asesinado en Uruapan; Patricia Ramírez González, en Colima; Alejandro Gallegos León, Cayetano de Jesús Guerrero; y se extiende a casos como el de Miguel Ángel Beltrán, encontrado con un mensaje intimidatorio en Durango. Cada nombre es una geografía: Michoacán, Colima, Tabasco, Estado de México, Veracruz. Cada caso, una constante: la cercanía entre el periodista y los poderes que documenta. Según Artículo 19, al menos nueve asesinatos ya corresponden al actual gobierno federal. Aunque Propuesta Cívica documenta 12 casos. No es una excepción: es continuidad.
Ese riesgo tiene geografía y tiene jerarquía. Se concentra fuera de la capital, en redacciones mínimas, en cabinas de radio, en páginas digitales sostenidas por dos o tres personas, en periodistas independientes que trabajan solos. En regiones indígenas o periféricas, además, la agresión no sólo castiga una publicación: busca cancelar la posibilidad misma de narrar. Allí donde callan a la prensa local, prospera la colusión. El pacto ya no necesita ocultarse. Sin relato público, la corrupción deja de ser escándalo y se vuelve método. Sin testigos, la violencia deja de ser noticia y se convierte en administración territorial.
Y mientras tanto, desde el centro del país, la presidenta Sheinbaum repite cada mañana la palabra “libertad”. Reportes de Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras muestran que México se mantiene como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo fuera de las zonas de guerra en el mundo. La contradicción no es retórica: es material. Se habla de derechos mientras se acumulan agresiones. Se invoca la libertad mientras se multiplican las zonas de silencio.
No se trata únicamente de solidaridad con un gremio. Se trata de algo más básico: el derecho de una sociedad a no vivir a ciegas. Porque donde desaparecen los periodistas locales no aparece el silencio. Aparece una sola versión de la realidad. Y esa versión desde el poder jamás informa: se impone.