Los cárteles de la droga mexicana dominan el narcotráfico en Estados Unidos. Las metanfetaminas que salen de la costa del
Pacífico dominada por el Cártel de Sinaloa tienen en el éxtasis a miles de empacadores de carne en el midwest norteamericano. El
Cártel del Golfo opera en seis estados de la Unión Americana. Y Los Zetas, su brazo armado, está apoderándose de todo el sector
texano de la Interestatal 35, la lucrativa carretera del Tratado de Libre Comercio que arranca en Laredo, y parte por la mitad a
aquella nación hasta llegar a Canadá. Narcotraficantes mexicanos han realizado ejecuciones dentro de aquél país, amenazado a
jueces y policías federales, y utilizado su sistema financiero para lavar dinero. Pero aunque son un dolor de cabeza para las
autoridades estadunidenses ¿de qué tamaño será su desconfianza con el gobierno mexicano para que el presidente George W.
Bush dejara en sólo el 30 por ciento de lo deseado por el presidente Felipe Calderón la asistencia militar para cooperar en la
guerra contra el narco en México?
Bush y su gobierno, tan preocupados de la penetración del narcotráfico a su país, parecen mucho más interesados en saber el
grado de compromiso del presidente Calderón para enfrentar al narcotráfico que en proteger a sus propios ciudadanos de las
drogas. Bush envió al Congreso este lunes un nuevo requerimiento de recursos para sus guerras en el mundo. Para el año fiscal
2008, que comenzó en octubre, solicitó una extensión presupuestal de 46 mil millones. De ese total, 500 millones irían a México
para el combate al narco, que son 262 millones menos de lo que pidió por costos adicionales de combustible para sus tropas en
Irak, 224 millones menos del apoyo a la misión de paz de las Naciones Unidas en Darfur, y 4 millones menos de los que solicitó
para el tratamiento de sus soldados heridos en combate.
El presidente Calderón deseaba originalmente mil 500 millones de dólares, pero la desarticulación dentro de su gobierno impidió
una posición común frente a los negociadores estadunidenses, lo que produjo más desconfianza e hizo que se recortara aún más
la ayuda. Aunque se anunció que los 500 millones son parte de una partida de mil 400 millones que serán entregadas durante
dos años, para efectos reales eso no es correcto. Todo el paquete de ayuda adicional que envió Bush al Congreso será revisado y
evaluado en sus méritos por el Congreso, al ponerle ambos al gobierno de Calderón una especie de prueba de compromiso y
eficiencia en la lucha contra el narco.
Como resultado de esa desarticulación, una de las dependencias afectadas en este primer tramo de la asistencia militar fue la
Secretaría de la Defensa, cuya petición de un avión Citation para monitorear los vuelos clandestinos sobre territorio mexicano fue
denegada, entre otras razones, porque omitió solicitar radares, que son instrumentos indispensables para que puedan operar
esos aviones. El gobierno mexicano se quedó como ahora. Si quiere información de vuelos clandestinos sobre su territorio,
seguirá dependiendo de la inteligencia que les proporcionen los estadunidenses, que tienen vigilado el espacio aéreo desde
Panamá. Como consolación, dentro del paquete se incluyeron monitores de alta velocidad que serán instalados en aviones de la
Fuerza Aérea. El Ejército, empero, logró que se incluyeran ocho helicópteros ARH70, que son de reconocimiento y combate, con
armas letales y visión nocturna; cuatro helicópteros Bell Huey II de segunda generación, artillados y para transporte de personal,
con capacidad para 11 personas además del piloto, y uno adicional para entrenamiento.
A su vez, la Secretaría de Seguridad Pública recibió los polígrafos que quería el secretario Genaro García Luna para sus policías y,
más importante, scanners para la detección de armas, drogas y explosivos. Esos scanners son arcos sofisticados por donde pasan
vehículos, que serán instalados en la frontera con Estados Unidos y tienen una función dual: del sur a norte revisarán que los
vehículos que atraviesan por los puertos fronterizos no transporten drogas, y de norte a sur, monitorearán el contrabando de
armas. Pero quien se llevó la joya de la corona del paquete fue la PGR, que recibirá el equipo de software (con un valor de 70
millones de dólares) que permitirá integrar toda la información a nivel nacional sobre la delincuencia organizada y procesará los
nuevos equipos de intercepción telefónica. Este software era ansiado por la Defensa y Seguridad Pública, pero se quedó en la
dependencia donde, presuntamente, se encuentra el funcionario en quien más confían los estadunidenses, el procurador Eduardo
Medina Mora.
El paquete de ayuda militar es bastante menos de lo que se esperaba en México en varios sentidos. Por ejemplo, al hacer la
extensión presupuestal para sus guerras, Bush dijo que se trataba de “requerimientos”. La semántica es fundamental. Si Bush
hubiera señalado “grants” (donaciones), significaría que habría un acuerdo entre gobiernos, pero al hablar de “requerimientos”
significa que los equipos solicitados por México serán proporcionados por empresas y contratistas privados. Entre las empresas
que se apuntaron para aportar la asistencia a México se encuentran Halliburton –en tecnología como scanners y los monitores–, y
la controvertida Blackwater –que será la que dé los cursos de capacitación y entrenamiento para los pilotos que operen los
helicópteros–. Esto significa que aunque no vendrán tropas de Estados Unidos a México, sí habrá asesores militares
estadunidenses en territorio mexicano.
En el gobierno mexicano han tratado de verle la buena cara al paquete, aunque en realidad enfrentan una empinada cuesta que
subir. La primera será la del Congreso, donde habrá que esperar sus deliberaciones para saber qué es lo que pedirán al gobierno
de Calderón a cambio del voto positivo. Luego vendrá la polémica en México al llegar algunos de los contratistas más
controvertidos en Estados Unidos. Finalmente, los resultados que tiene que dar el gobierno de Felipe Calderón a Washington para
demostrar que es apto para el resto del paquete de asistencia militar. El presidente Bush no puso condicionantes para la ayuda
militar. Pero no hay nada de qué celebrar. Las condicionalidades –qué se exigirá a cambio del dinero– serán impuestas por el
Congreso. Si México no acepta la condicionalidad que venga del Capitolio, Bush no se verá presionado y la responsabilidad
recaerá en el Congreso. Pero si la acepta y no la cumple, entonces Bush no presentará el próximo año al Congreso los 900
millones de dólares adicionales que se comprometió con Calderón. Es decir, o el gobierno calderonista se porta bien y cumple
con los objetivos exigidos en los términos de eficiencia que buscan Bush y el Congreso, o no les darán el resto del dinero.
Perfecto. Les han entregado migajas –para lo que esperaban–, y además los ponen a prueba. No es lo que seguramente quería
este gobierno, pero a eso se expuso al volcarse a Washington para que lo ayudaran en la lucha contra el narcotráfico.

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