El gobierno de Peña Nieto, y en particular los negociadores del conjunto de temas con la administración Trump, encabezados por el secretario de Relaciones Exteriores, han ido aceptando varias sugerencias de distintos sectores de la sociedad mexicana que han podido convencer a Peña Nieto y a Videgaray de algunas de sus ideas.
Doy como ejemplo la declaración de Peña Nieto de negociar en paquete con Estados Unidos; la respuesta de México al general Kelly de Seguridad Interior de que México no aceptará deportados que no sean comprobadamente mexicanos; y también la asignación de mayores recursos, en particular los mil millones de pesos procedentes del INE, a la defensoría jurídica de los paisanos deportables en EU a través de los consulados de México. No siempre lo ha hecho el gobierno, pero lo importante es que paulatinamente ha ido asumiendo posiciones que provienen fuera del mismo. Qué bueno.
En este sentido, convendría que el gobierno entendiera que hay un tema adicional en el que haría bien escuchando algunas ideas procedentes de distintos sectores a propósito del aspecto específicamente comercial. En lo individual, tanto Ildefonso Guajardo como Videgaray, y de vez en cuando el propio Peña Nieto, han esbozado algunas líneas rojas en lo que se refiere a las negociaciones relacionadas con el TLCAN; pero no han establecido con precisión cuáles son sus líneas rojas al respecto. Una de ellas debiera ser el dilema de la aprobación legislativa por cualquier nuevo instrumento jurídico por parte del Congreso norteamericano.
Desconozco quién es el responsable de determinarlo, ni el mecanismo preciso a través del cual se decida, pero es evidente que existe un umbral jurídico y conceptual que define qué tantos cambios son susceptibles de ser incorporados al TLCAN original sin necesitar una nueva aprobación por el Congreso de EU. Ese umbral de cambios, equivalente al “qué tanto es tantito” existe. Más allá del umbral se requiere de aprobación legislativa, por debajo, no es necesario. México debiera afirmar claramente que todo aquello por debajo del umbral de aprobación legislativa puede estar en la mesa; y nada por arriba es aceptable siquiera como tema de negociación.
¿Por qué? Primero, volver al calvario del ‘93 sería una gran imprudencia mexicana ya que le permitiría a la administración Trump incluir una serie de nociones en sus exigencias que no han terminado de plantear hasta ahora. Por el momento, su gente sólo ha sugerido la inclusión de cambios en las reglas de origen o contenido de Norteamérica, y cambios significativos en los mecanismos de resolución de conflictos o disputas. Ahora se escuchan voces en EU que hablan de poner límites a la llamada manipulación de divisas para México, y en su caso Canadá, y también la imposición de cuotas o restricciones voluntarias de exportaciones de México a EU. Estas sugerencias adicionales podrían ser más mortales para México y difícilmente podrían caber en un tratado que no requiriera de una aprobación legislativa. Pero lo más importante es que abrir la puerta a un cambio legislativo constituiría una invitación a cualquier legislador norteamericano a imponer sus propias condiciones. En teoría, la llamada autorización de promoción comercial que se les otorga a los presidentes, obliga al Congreso a votar sí o no, a favor o en contra, del acuerdo que se negocie, sin modificaciones del mismo por parte del Congreso. Sin embargo, como en el 92 y 93, la votación corre el riesgo de ser muy cerrada, cualquier congresista puede exigir ciertas concesiones para sí mismo, su distrito, sus votantes, o peor aún, con el propósito de torpedear el acuerdo en su conjunto.
Esto ya sucedió el pasado 17 de febrero cuando seis representantes demócratas, apoyados por varios sindicatos, plantearon una serie de exigencias y cronograma, resumidos en diez principios, para cualquier renegociación del TLCAN. Todos ellos son veneno para la sobrevivencia del tratado. No significa esto que todo lo que ellos planteen se incorpore a un nuevo tratado hipotético, sino que al igual que esos seis lo plantearon, muchos otros pueden hacer lo mismo.
Es una mala idea permitir que esto suceda, la única manera es plantear claramente que, como diría Fidel Castro, dentro de la aprobación legislativa norteamericana actual todo, fuera de ella nada. Ojalá vuelvan a hacer caso.