Con las así llamadas reformas estructurales, que tuvieron la finalidad de alinear al país en la ruta de un modelo de desarrollo que no abre un futuro a las mayorías, sobre todo a los más marginados, el gobierno federal apostó a la imposición. La agenda del gobierno de Enrique Peña Nieto priorizó estas reformas como base para impulsar la economía del país uncida a las trasnacionales y a los dueños del dinero en México. Y la así llamada reforma educativa se ubicó, precisamente, en este contexto, con un interés eminentemente económico.
El gran revés de este conjunto de reformas es que la situación actual de la economía del país no está en buenas condiciones. Ni en términos macroeconómicos, ni menos en el bolsillo de la gente. En este contexto, lo que sorprende es que la reforma educativa se haya orientado según este interés económico y se pretenda, en la práctica, subordinar la educación a intereses económicos que favorecen a una élite nacional y al capital trasnacional.
La pregunta que salta es si es válido el planteamiento economicista de la educación que el gobierno ha impuesto. No aparece en dicha ley el interés por la educación en sí misma como un componente fundamental para la transformación de la sociedad y para el desarrollo del país. A mi juicio, no puede esperarse mucho de una educación condicionada por un proyecto económico, pues cercena todo su talante humanista, su capacidad creadora y su función social.
Esta forma de concebir y promover la educación es funcional al sistema político, al que lo que menos le interesa es la educación que pueda generar creatividad, sentido crítico, libertad y solidaridad. Una educación que implique el desarrollo espiritual y cultural de las personas y de los pueblos, que les habilite para pensar y para proyectar el futuro, para involucrarse en un proyecto de nación justo e igualitario. Una educación liberadora no entra en la cabeza de la clase política que se inventó una reforma educativa a su medida. Como dicen los maestros, es una reforma meramente laboral que supone que el magisterio es el gran responsable de los rezagos educativos y no considera la decisiva responsabilidad gubernamental en dicho rezago.
La mayoría de las reformas no desataron tanta inconformidad como la educativa, sobre todo en algunos estados del país, como los del sur. Es esperanzador que un sector del magisterio, el que no está bajo el control institucional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que juega como una institución del Estado uncida a la Secretaría de Educación Pública, ese magisterio se haya estado movilizando desde que dicha reforma fue fabricada en el Congreso. La lucha del magisterio puede que tenga errores de táctica y abusos, pero no deja de ser legítima.
Llama la atención la cerrazón del gobierno federal para aceptar el diálogo con el magisterio disidente, que ha mostrado firmeza y convicciones. La oferta del secretario de Educación de dialogar siempre y cuando no se ponga en cuestión la reforma educativa no tiene sentido. Ninguna ley positiva es absoluta y siempre que convenga al bien común tiene que ser revisada y modificada. Esta cerrazón muestra la irracionalidad de las autoridades y el miedo a discutir posiciones que no resisten una crítica basada en argumentos.
La batalla de los maestros debiera ser la primera de las batallas que los mexicanos debiéramos dar contra diversos abusos del poder que se ampara en leyes fabricadas para mantener la desigualdad social, los privilegios económicos y el control político del país. Es de desear que los maestros disidentes mantengan la firmeza en los principios de la educación pública, laica y gratuita que no deben ser negociados, y que también fueran más cuidadosos al plantear sus estrategias de lucha para no afectar a terceros y para ganar mayor consenso social.
La mejor lección que los maestros pueden dar al país es la de vincular la lucha por sus derechos con los derechos de la población, que carece de formas de organización para luchar por sus derechos conculcados. Que su lucha impacte en la sociedad de manera que inspire a luchar todos en favor de todos, sobre todo en favor de los más desprotegidos, por quienes nadie lucha.