¿Cuántos millones de mexicanos viven de la economía construida por la delincuencia organizada? No lo sabemos, pero es seguro que se trata de un segmento significativo de la población del país. Si consideramos la economía construida a partir del narcotráfico, del tráfico de armas, de la trata de personas, del comercio de órganos, del secuestro, de la extorsión, del comercio ilegal (piratería) y demás, se trata de un gran volumen de la economía que mueve al país.
Es la economía que no se registra en las cifras macroeconómicas ni en los cálculos oficiales, pero es una economía que está ahí, muy presente y con un impacto social y político importante. Hay pueblos y zonas en las que el motor de la economía está precisamente en el narcotráfico y en donde la gente sobrevive gracias a estas formas de ganarse la vida cuando faltan opciones económicas. Es el caso, por ejemplo, de la siembra de enervantes.
Ante este fenómeno, ¿hay ya alguna alternativa que el gobierno esté construyendo para hacer que este gran segmento de mexicanos pase de la ilegalidad a la legalidad? ¿Qué alternativas se ofrecen a quienes venden mercancías piratas en nuestras ciudades o a quienes siembran las drogas en las regiones rurales? Esta es una cuestión de fondo, que necesita ser afrontada desde la perspectiva del Estado de derecho y, decisiva para salir de la crisis política y social que atraviesan al país. La delincuencia organizada tiene atrapada a una porción de la población y, por lo mismo, cuenta con una base social que colabora de hecho con sus intereses, ya sea a la buena o a la mala. Y la solución no está en meter a la cárcel a estos mexicanos que han quedado prisioneros en esa economía negra la que, sin duda, genera desequilibrios sociales y económicos.
Hay que entender que en el interior de la delincuencia organizada pueden diferenciarse situaciones diversas. Están, en primer lugar, quienes con dolo deciden irse al terreno de la ilegalidad por un mero interés económico y dañan a personas, a patrimonios y a la sociedad. Están, por otro lado quienes, debido a la falta de oportunidades para mantenerse en la legalidad, se han visto obligados a realizar acciones ilegales y, por último, quienes han sido presionados y obligados a colaborar en acciones ilegales. Esta variedad de situaciones tiene que hacer pensar en la necesidad de construir condiciones para modificar las causas de esta economía ilegal. ¿Se ha pensado en ello?
Pero aquí nos encontramos con un gran escollo, pues el modelo económico que tenemos, será muy legal pero no tiene capacidad para incluir a todos porque, de suyo, es excluyente. Es legal pero profundamente inmoral, pues genera desigualdad. Eso significa que para que la economía criminal pueda ser abatida se necesita que haya cambios profundos en el modelo económico que se ha impuesto al país. En este sentido, la economía criminal viene siendo una consecuencia o un residuo lógico del neoliberalismo, que deja en el abandono a mucha gente. La economía ilegal está relacionada con la economía legal, pues tienen elementos que las hacen semejantes: su espíritu es el lucro y su orientación es la competencia y la exclusión. La economía de mercado en cierta forma ha derivado en delincuencia criminal, solo que una parte es legal y la otra es ilegal.
A propósito de la propuesta de la despenalización de la mariguana, como tema emergente a partir de la decisión de la Suprema Corte, tema que requiere una amplia discusión nacional en orden a buscar el bien del país en un contexto en el que el prohibicionismo ha fracasado, y que tiene la intención de limitar el poder económico del narcotráfico, creo que tiene un alcance muy limitado. El poder económico de la delincuencia organizada puede sufrir algunos rasguños con la despenalización de la mariguana, pero no lo pone en riesgo porque se han diversificado sus fuentes de ingresos. Hay que ir más a fondo. Las mafias de la delincuencia organizada son funcionales a las mafias que hay en la política y a las mafias de los grandes consorcios trasnacionales.
En este contexto, se requiere una profunda transformación de la economía, cosa que no se dará ni en el corto ni a mediano plazo. Pero algo hay que hacer en esta perspectiva. Tienen que darse políticas públicas que atraigan a la gente que está en riesgo de pasar al terreno de la delincuencia organizada y a aquélla que pueda desatarse de esos vínculos mafiosos. Esto no se logra con programitas de escaso calado sino poniendo en juego todos los recursos del Estado para crear condiciones económicas, políticas y legislativas que favorezcan a esos sectores de la población. Este constituye un pendiente fundamental que se requiere atender para construir la paz en nuestro país.