El gobierno de la república entregó el llamado paquete económico el pasado domingo 9 de septiembre. Las metas que ahí se exponen para el próximo año parecen modestas: un crecimiento de alrededor del 2 por ciento, ligera pero claramente mayor al esperado para este año (que oscilará entre 0.6 y 1.2 por ciento) y que contrasta con el obtenido en los últimos meses, que se situaba en cero.
Lo anterior se deriva según los cálculos de Hacienda, de un ligero aumento de la recaudación por impuestos (3.7 por ciento) y una todavía pequeña recuperación de los ingresos petroleros (4.5 por ciento). Por lo tanto, el gasto programable (sin el pago de la deuda) se incrementará apenas 0.8 por ciento.
El documento advierte riesgos que pueden poner en peligro estas metas, tanto internos como externos. Entre estos últimos, que el crecimiento económico mundial se caiga, dando un brusco viraje a la expectativa (según el FMI) de que 2020 sea un poco mejor que 2019. Esto puede suceder por una mayor tensión política y comercial entre China y Estados Unidos y/o porque el ciclo económico muestre una tendencia negativa más rápida de lo esperado, sobre todo en el sector industrial estadunidense. Otro problema reside en que el Tratado Comercial, el T-MEC, se detenga y no sea ratificado por alguno de los otros dos socios, en este caso, sobre todo, por nuestro vecino del norte. En una palabra, los problemas mundiales están centrados en el gobierno de un señor llamado Trump, aunque siendo realistas la evolución de las economías también tienen que ver con la fase del ciclo en que nos encontramos. Para discutir este último asunto, tendríamos que recurrir a una argumentación muy larga y polémica. Lo cierto es que los economistas y amigos que los acompañan (políticos, administradores de gobierno, gerentes, inversionistas, etc.) están de acuerdo por lo menos en una cosa: el capitalismo es un sistema económico cíclico y los periodos de auge son seguidos por otros de vacas flacas. Desde luego, los factores sociales y políticos pueden retardar, acelerar o sortear estos fenómenos, lo que hace todavía más imprevisible la llegada de una recesión. Todavía peor cuando el clima mundial está bastante revuelto como sucede en la actualidad.
El hecho de que el clima internacional esté cargado de tensiones y problemas no resulta propicio, concluyen nuestras autoridades hacendarias, para andarse arriesgando y poner en práctica una política más audaz y decidida para estimular el crecimiento. De ahí, subrayan, que se requiera mucha responsabilidad, lo que se traduce en ajustes menores al esquema económico que ha vivido el país desde hace casi tres décadas. Según el secretario del ramo, éste es el momento adecuado para apostarle a una mayor integración con Estados Unidos, dada la pelea de este país con el gigante asiático.
Pero además hay otros problemas, los internos. Los Criterios Generales de Política Económica señalan la posibilidad de que ocurra una mayor debilidad de la inversión privada. Lo explican de esta manera:
“Para la segunda parte del año, se espera una disipación gradual en la incertidumbre generada por las dudas en algunos sectores de la sociedad, por el cambio de rumbo y de objetivos en las políticas públicas de la nueva administración. En este sentido, la SHCP y el Poder Ejecutivo en general, está en constante comunicación con los principales agentes; entre ellos, empresarios, inversionistas nacionales y extranjeros, agencias calificadoras y organismos internacionales. En este sentido, el Gobierno de México está llevando a cabo acciones para generar mayor certidumbre, entre las que destaca la negociación exitosa para solucionar las controversias sobre los contratos de los gasoductos”.
Según lo anterior, debemos concluir que la incomprensión o la inconformidad con el cambio de rumbo y los objetivos de las políticas públicas de la nueva administración han sido una causa del lento crecimiento y, peor aún, pueden ser un serio obstáculo para el futuro. El gobierno parece sacar dos conclusiones de esta situación: primero, la necesidad de una política económica cautelosa, lo que significa un bajo déficit público; descartar una posible reforma fiscal; y controlar la inflación. Y dos, la necesidad de una relación frecuente e intensa con todos esos actores: empresarios, inversionistas nacionales y extranjeros, agencias calificadoras y organismos internacionales. A cambio de estas dos, digamos, concesiones, el gobierno espera que lo dejen hacer lo que considera prioritario: ejercer el gasto social mediante la entrega de recursos monetarios a la población para combatir la pobreza y la desigualdad; y tratar de pacificar al país, fortaleciendo a la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional. Otra pieza fundamental, ahora más explícita, es la recuperación de Pemex que tendrá más recursos que el año pasado, al igual que la CFE (8.8 por ciento y 1.4 por ciento).
Otras medidas como el incremento decidido de la inversión en infraestructura física se han relegado. Hay que reconocer, por otro lado, el esfuerzo para hacer más eficiente el gasto realizando algunos ajustes en los programas. Bajan algunos (como Jóvenes construyendo el futuro) y aumentan otros (como la pensión para Adultos mayores y Sembrando Vida). Por su parte, a pesar de que el presupuesto de la Secretaría de Salud no crece, el IMSS y el ISSSTE contarán con un aumento real.
Es encomiable también que se busque una mayor recaudación tributaria, combatiendo la evasión y la elusión fiscal, gravando los servicios de las plataformas digitales, la subcontratación laboral y elevando los impuestos a refrescos y cigarros. Sin embargo, el nivel de ingresos que se proponen captar para el próximo año sigue siendo bajo si lo comparamos internacionalmente con otros países de América Latina y desde luego para impulsar la expansión económica y superar las carencias más importantes en materias como salud, agua, medio ambiente, y otros.
La apuesta del gobierno actual se reduce entonces a un cambio muy gradual. La recuperación del liderazgo del Estado para conducir el desarrollo tendrá avances casi marginales. Y, con ello, el crecimiento del producto que, en el mejor de los casos, seguirá la pauta histórica de los gobiernos neoliberales. Sin embargo, argumentan los Criterios, en el futuro cercano, habrá menos desigualdad, menos pobreza, menos violencia y se habrán sentado las bases para la recuperación de nuestra industria energética.
Esta formulación, si se ajusta a lo que realmente se propone la estrategia gubernamental, tiene pros y contras. A favor, pudiera decirse que busca garantizar la estabilidad política y económica, y descartar la repetición de episodios ocurridos en el pasado, particularmente en la crisis de 1982. Y otras experiencias negativas de la izquierda en América Latina. Cualquier avance, así sea pequeño pero consistente, en el terreno de la seguridad y la violencia podría verse, sin duda, como un gran logro. Y poner de pie a Pemex después de tantos años de desmantelamiento sería igualmente otro acierto indudable.
En contra de esta lógica, debería subrayarse que el comportamiento de la economía puede ser demasiado frágil sin un liderazgo del sector público fortalecido. La recesión o desaceleración mundial serán más difíciles de asimilar si persiste un aparato estatal fiscal y productivamente débil. De igual manera, las presiones internas, también podrían resistirse mejor si el gobierno decidiera poner sobre la mesa un plan de recuperación económica que exija a todos los actores productivos una contribución mayor, proporcional a la riqueza y los ingresos de cada quien, bajo la premisa de que se puede y se debe, al mismo tiempo, crecer y distribuir mejor.
Por lo pronto, esta última opción se ha descartado. Habrá que ver si definitivamente, pues los escenarios pueden cambiar más rápido de lo que se piensa. Y entonces habrá que revisar, necesariamente, la estrategia planteada. Habrá que seguir insistiendo entonces en que se requiere preparar un plan B.

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