Trece colectivos de familias de desaparecidos guerrerenses –de Chilpancingo, Chilapa. Iguala, Atoyac y Acapulco– han estado desarrollando un proceso de acciones para impulsar la Ley de Desaparición de Personas del Estado de Guerrero, que adecue, adapte y vincule a sus necesidades, la Ley General de Desaparición Forzada de Personas Cometidas por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que entró en vigor en el año 2018. Con el acompañamiento y la asesoría de la Delegación Regional para México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que, al mismo tiempo, ha estado coadyuvando con diversas instituciones y organismos públicas estatales y federales para este mismo objetivo. Hay que considerar que se han contabilizado hasta la fecha aproximadamente 3 mil 800 casos de desaparición en Guerrero. Y hay que agregar a cuantos no estén registrados y cuantos se sigan sumando en el futuro.
En el proceso de construcción de esta ley se parte del sentir y el pensar de las familias de las víctimas de desaparición a través de los colectivos y, por otra parte, a los organismos públicos, estatales y federales, que tienen responsabilidades que cumplir ante esta deprimente situación, tales como las fiscalías, comisiones de búsqueda, servicio médico forense y otras más.
Entre los temas de interés de los colectivos que agrupan a las víctimas de desaparición ante esta legislación, podemos destacar los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares y el fortalecimiento institucional de los organismos públicos que tienen responsabilidades en la materia. Estas son, a mi juicio, las dos grandes necesidades que tienen las víctimas, a las que la iniciativa de ley que ya se ha presentado debiera responder.
En relación a los derechos de las víctimas de desaparición, la iniciativa de ley tiene que dar cuenta de todos los derechos que están en juego, tanto los de las víctimas de desaparición como los de sus familiares que los buscan. Y tiene que asegurar que los organismos gubernamentales tengan la capacidad para garantizar, de manera satisfactoria, a todos esos derechos. Suele haber una gran fragilidad en estos organismos que, en lugar de garantizar los derechos de las víctimas, las revictimizan con la improvisación de su personal, con la falta de claridad sobre atribuciones y responsabilidades, así como en la carencia de la necesaria coordinación interinstitucional para que las víctimas no anden de Herodes a Pilatos.
Las familias de las víctimas de desaparición tienen dos derechos fundamentales: verdad y justicia, que tienen que estar en el centro de la iniciativa de ley. En cuanto a la verdad, las familias de los desaparecidos tienen derecho a conocer la verdad en cuanto a lo que sucedió con su familiar desaparecido y en cuanto a su contexto. También en cuanto al seguimiento de los procesos legales que se estén desarrollando para su desahogo. Y en cuanto a la justicia, tienen derecho a procesos legales expeditos, a una sentencia para los culpables y a la reparación del daño, en lo que sea posible.
Y en cuanto al fortalecimiento institucional de los organismos que tienen que confluir para prevenir las desapariciones, para garantizar los derechos de las víctimas y para cumplir cabalmente con sus obligaciones. Las instituciones que tienen responsabilidades en el problema de las desapariciones, tenemos las siguientes. Estatales: la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la Coordinación General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, y el Servicio Médico Forense. En cuanto a las federales tenemos a la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión Nacional de Búsqueda. El fortalecimiento institucional tendría que lograr lo siguiente a través de la iniciativa de ley en curso:
Uno. Un sustento jurídico de atribuciones y responsabilidades de cada uno de los organismos públicos que intervengan para conocer la verdad y para hacer justicia. Esto significa que haya un gran sentido de coordinación y de acompañamiento a las familias de las víctimas de desaparición.
Dos. La capacitación profesional del personal de todos estos organismos, de manera que tengan las habilidades necesarias para los procesos de búsqueda, localización e identificación, para dar con la verdad y para hacer justicia en cada caso.
Tres. El presupuesto suficiente para que estos organismos operen con eficacia. Detener y sanar el dolor requiere prioridad y para eso hay que destinar recursos, todos los recursos posibles. Es una vergüenza el que las familias carguen con el fardo de su dolor cuando es responsabilidad del Estado hacer las tareas relacionadas con los desaparecidos.
Cuatro. Mejorar los mecanismos de búsqueda, localización e identificación, desde el momento de la desaparición hasta que se resuelva cada caso.
Cinco. Lograr la identificación forense de los cuerpos y restos humanos que se acumulan cada día.
La gran herida social de los desaparecidos en Guerrero merece toda la atención del Congreso del estado y de la misma sociedad. Hay que reconocer que las víctimas de las violencias aún no son prioridad ni para los gobiernos estatal y federal, ni para la sociedad. Eso lo pagaremos con creces a futuro, pues las secuelas de esta negligencia van a ser atroces. Por esto, es necesario que la iniciativa de ley que está en el Congreso, considere la sanación de tal herida, con verdad y con justicia.