Nos hartamos de esperar lo que nunca iba a pasar, al menos no en el mediano plazo: que los políticos mexicanos por voluntad propia decidieran defender y cuidar a sus periodistas y defensores de derechos humanos.
No existe el menor interés, ni antes ni ahora. Y no existe porque no nos ven como un elemento fundamental para mejorar la democracia y contribuir a la sociedad, una visión que sí tienen en otras partes del mundo. Para la clase política mexicana somos un problema que no da votos, y al contrario: puede ser que se los quitemos si les descubrimos actos de corrupción, si les reclamamos sus promesas incumplidas, si nos manifestamos en algún acto público, si exhibimos sus excesos y violaciones graves de derechos humanos.
Supongo que en la mente de la mayoría de los políticos mexicanos ronda esta pregunta: “¿por qué voy a proteger a unas activistas, a unos periodistas que no dejan de estar chingando?”. Algo parecido al “no pago para que me peguen”, relacionado con el tema de la publicidad oficial y el condicionamiento de las líneas editoriales de los medios informativos.
Ha sido doloroso asumirlo, pero no he encontrado otra explicación del desamparo sistemático y el desprecio a la vida de periodistas y activistas en México, ciudad por ciudad, estado por estado, región por región, gobierno por gobierno.
Otros elementos a considerar: la pasividad de los políticos ante la tragedia que se vive en México, y que buena parte de ellos actúan para agredir a periodistas y a defensores. La mayoría de las agresiones a comunicadores vienen desde las oficinas del sector público.
Unos políticos agreden y a otros les vale.
El reporte 2018 de la organización Artículo 19 califica a México como el país más violento para ejercer el periodismo en América. Registra 544 agresiones contra la prensa sólo el año pasado.
Hace más de dos años que mataron a Javier Valdez en Culiacán, y han detenido a presuntos autores materiales, pero no a los intelectuales. El gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, creó la Unidad de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero es inoperante: no tiene dirección ni recursos.
Esta es la sombra que cubre a todo el país, por eso un grupo de periodistas y activistas de Sinaloa decidimos presentar una iniciativa de ley redactada por nosotros, con ayuda de profesionales del derecho. Decidimos no esperar más a la buena voluntad de los políticos en turno, decidimos hacer las cosas diferentes para obtener resultados diferentes.
Durante un año realizamos casi una veintena de reuniones y conservatorios de periodistas y defensores para trabajar la propuesta, fue un proceso arduo y cansado, pero al fin presentamos un documento que es una nueva base para la protección de periodistas, una propuesta que atiende de manera real los problemas que se viven en los estados, en los municipios. Contamos también con la participación de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, sin ese apoyo hubiese sido imposible llegar a este resultado.
La propuesta de ley obliga a los servidores públicos a respetar el trabajo de los defensores y periodistas y crea un instituto autónomo para la defensa de ambos grupos sociales. Esta estructura se plantea por una razón fundamental: la mayoría de las agresiones a periodistas vienen de políticos, por lo tanto no podemos confiarle nuestras vidas a ellos. En Sinaloa –como en Guerrero, en Michoacán, Tamaulipas, Morelos y muchos lugares más del país– la situación de los medios y los periodistas se complica más por la relación que existe entre narco, policía y política.
Un órgano autónomo observado y fiscalizado nos garantiza que al menos esta célula esté limpia de la podredumbre enquistada durante décadas en el sector público. Le damos el carácter de instituto porque pretendemos que sea 80 por ciento preventivo y 20 por ciento reactivo, es decir, un lugar donde estudien el fenómeno violento, donde cuiden a los periodistas y activistas, donde le den seguimiento, atención sicológica, donde se condene el acoso laboral, donde se voltee a ver la responsabilidad de las empresas para con sus empleados.
No es una propuesta perfecta, pero es la primera que nace de los periodistas y activistas locales, la primera que busca acabar con el paradigma de violencia e impunidad en que nos han metido los terribles gobiernos que hemos padecido.
Amigas y amigos de los estados, pasen y échenle un ojo a la iniciativa y al proceso; dejemos la pasividad de lado, ya no hay tiempo para eso.