En vísperas de la Navidad, con el cántico arrullador de la noche de paz, Andrés Manuel López Obrador soltó un mensaje desolador, “estamos ante el fracaso rotundo del modelo neoliberal y uno de esos signos, de esas pruebas contundentes de lo fallido del modelo neoliberal y de la hipocresía del conservadurismo es el caso de (Genaro) García Luna…Aquí en nuestro país, donde gobernaba la delincuencia…El gobierno estaba secuestrado, estaba al servicio de una pandilla de rufianes”. Una denuncia a rajatabla que nos muestra un país hecho trizas; sometidos por un poder político capturado por las redes de la macrocriminalidad.
Este diagnóstico, los ciudadanos y ciudadanas de a pie lo hemos documentado a lo largo y ancho del país, sin embargo, no se ha atendido el clamor que emerge desde todos los rincones de México: con protestas en las calles, con denuncias ante los ministerios públicos, con la indignación y el dolor de los familiares que buscan incansablemente a sus seres queridos, con la infinidad de noticias y reportajes en los medios de comunicación. Nada ha removido las murallas construidas por un aparato gubernamental que se erigió en el verdugo de su propia población. Ante este escenario atroz, parece aprisionarnos la fatalidad y la desesperanza.
La desconfianza que se ha instalado en las instituciones gubernamentales, ha zanjado cualquier acercamiento o apoyo por parte de las autoridades. La población se contagia con el sentimiento de orfandad, no tiene otra alternativa que cerrar las puertas de su casa y encomendarse al santo de su devoción, para implorar protección. Las autoridades hablan de un estado de derecho, que es mera ilusión y un discurso hueco. La población cotidianamente constata que en lugar de proteger a los más indefensos, los policías y militares se coluden con los jefes de las plazas para imponer el terror.
En nuestro estado todavía priva la ley del gatillo; el uso de la fuerza para someter a los adversarios políticos, el poder del cacique para proteger intereses facciosos, el compadrazgo político como la mejor forma de hacer los amarres de candidaturas, las alianzas de los líderes de los partidos políticos con los jefes de la delincuencia, los acuerdos secretos entre policías y militares, que por una parte defienden intereses económicos ilícitos, y por la otra aparecen como los guardianes de la sociedad.
Las autoridades viven engolosinadas con las mieles del poder y del dinero. Su principal preocupación es asegurar un cargo para la siguiente administración. Se han casado con la idea de que su seguridad pasa necesariamente por el filtro de la delincuencia organizada. Para que haya gobernabilidad, los políticos y empresarios prefieren pactar con los jefes de las principales organizaciones criminales y compartir las prebendas del poder público.
Están muy lejos de garantizar seguridad a la sociedad y salvaguardar los derechos de la población más vulnerable. Dejan a su suerte a la niñez que crece con el estómago vacío y a la juventud, que ante la imposibilidad de estudiar y trabajar se topan con los jefes de las pandillas, para enrolarse en las filas del sicariato. Las madres y padres de familia tienen que salir a las calles para dedicarse al comercio ambulante o migrar a los campos agrícolas, en busca de un salario de hambre. El trabajo seguro se encuentra en los diferentes giros de la economía criminal, donde florece el dinero mal habido y donde prosperan los negocios de fachada, que catapultan a los nuevos ricos del país. El caos es el que impera y lo único que infunde respeto es el arma que apunta a una población inerme.
El deterioro de la vida de las y los guerrerenses se ha desquiciado por la violencia imparable que se eleva en la medida que nos sumergimos en la pobreza y la desatención de las autoridades. Hay un abandono histórico y una acumulación de problemas, que la misma gente se siente orillada a cobrar justicia por propia mano.
Se ha llegado al extremo de sumergirse en el laberinto de la violencia como única salida ante la ausencia del estado de derecho y la falta de justicia. Ante la desatención cada vez mayor a los conflictos agrarios, nos interesa resaltar esta problemática, que de manera sistemática las autoridades relegan ante su incapacidad y desinterés, para resolver de fondo conflictos de larga duración que han tenido un alto costo de vidas humanas. Hemos tenido que atender varios casos que son sumamente críticos, porque la gente ha dejado de apostarle al diálogo y la negociación. En cada temporada de siembras arrecian las confrontaciones de los indígenas y campesinos que con machete en mano defienden sus terrenos.
Dos ejemplos son ilustrativos de esta triste realidad. Los núcleos agrarios de Huitzapula y San Juan Bautista Coapala del municipio de Atlixtac, que llevan más de 40 años disputando 2 mil 449 hectáreas, sin que se cumplan las resoluciones emitidas por el Tribunal Unitario Agrario (TUA). En los últimos dos años, cada comunidad ha optado por atrincherarse en los cerros y accionar sus armas contra cualquier poblador que transita por la zona en conflicto. Hay un número reportado de manera informal que asciende a más de 15 ciudadanos que han sido asesinados, por cada núcleo agrario. Ninguna de las dos partes se interesa en notificarle al Ministerio Público, lo único que hacen es recoger a sus muertos y esperar la oportunidad para cobrar venganza. Las mismas autoridades agrarias han dejado de pedir la intervención de la Procuraduría Agraria y del TUA, porque han constatado que no tienen la capacidad para hacer valer los acuerdos firmados y sus resoluciones.
Se repite el ciclo funesto, aplicando la ley del talión. Las autoridades municipales han dejado de lado estos problemas con el argumento de que no son de su competencia. Por su parte, las autoridades del estado lo más que llegan a intervenir es a convocar a las partes en la ciudad de Chilpancingo, para firmar alguna minuta. Las instancias federales reducen su intervención sugiriendo que sean los tribunales los que determinen cómo resolver el conflicto.
Ninguna de ellas acude a la región para entrar en un proceso de negociación con las dos partes y trazar con ellas mismas una ruta de trabajo orientada a distender los ánimos, pactar una tregua y retomar el camino de la negociación.
Es muy grave esta situación que se vive actualmente, porque no existe un plan por parte de las autoridades que se aboque a darle un tratamiento adecuado a estos conflictos. Sólo reaccionan cuando en los medios de comunicación trascienden los hechos de violencia. Ante la nula intervención gubernamental las dos comunidades alientan la confrontación y se aprestan para cobrar venganza. Es una tensión permanente porque en cualquier momento se accionan las armas contra cualquier persona que pueda ser blanco de ataque.
Un segundo ejemplo, es el conflicto agrario que se ha agudizado en los últimos meses, entre la comunidad na’savi del Jicaral del estado de Oaxaca, que ocuparon y tienen en posesión 49 hectáreas dentro del núcleo agrario de Jicayan de Tovar del municipio de Tlacoachixtlahuaca, Guerrero. Es una disputa que lleva 13 años y que no ha encontrado los cauces institucionales para darle solución.
Las dos comunidades se han apostado tanto en los caminos como en los cerros para repeler cualquier agresión. Hubo un tiempo en que se instaló un pelotón del Ejército con el fin de contener las agresiones, sin embargo, esta medida por ser temporal sólo posterga el conflicto. Porque no hay una intervención de las autoridades de los tres órdenes que trabajen un proceso de conciliación. Ante la ausencia del Ejército las comunidades tomaron posición de ataque y se reactivaron las agresiones. Lamentablemente en la primera semana de julio de 2019 se dio un enfrentamiento donde murió una persona y tres más quedaron heridas. Las intervenciones de las autoridades están muy lejos de atender las causas del conflicto. Por ubicarse en la parte más recóndita de la Montaña colindando con el estado de Oaxaca, este conflicto ha quedado relegado, dejando que los comuneros y comuneras diriman sus diferencias accionando sus armas.
Al levantar la mirada en este paisaje desolador encontramos que en las ciudades y comunidades rurales donde campea la muerte, existen hombres y mujeres que en medio de la tragedia se han armado de valor para buscar a sus familiares desaparecidos, para subir a los cerros, roturar la tierra y desenterrar cuerpos. En esta escena trágica las personas luchan contra las fuerzas del mal. Nada los detiene. Su amor por la vida y por sus seres queridos son el motor que los impulsa a caminar sin descanso y nunca dejarse vencer.
Han sido muy aleccionadoras las iniciativas que han emprendido las familias de Tlapa y de otros municipios de la Montaña, que en medio de tanta violencia e inseguridad, se han unido para caminar por cerros y barrancas con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, para remover piedra sobre piedra, con la esperanza de encontrar a su ser amado. La desaparición de Arnulfo y su búsqueda incansable que rindió frutos, reanimó a las familias que en medio de las tinieblas y la desolación son una luz en el camino. Así como hay un continuum de impunidad, existe también un movimiento vigoroso de familiares que perseveran en la lucha y que con su testimonio han logrado taladrar el muro infranqueable de la impunidad. Con las fuerzas de sus palabras, han hecho la hendidura de este régimen obtuso y con la indignación que les ha causado tanta desfachatez e irresponsabilidad de las autoridades, han logrado urdir un telar multicolor que nos cobija con la solidaridad de miles de personas que han encontrado en su dolor, el sentido profundo del amor para que haya justicia y verdad en este 2020.