Allá por el año 2013 me tocó acompañar por unas semanas a 29 familias desplazadas por la violencia, que provenían de la comunidad de Las Shascuitas del municipio de San Miguel Totolapan. Llegaron a Acapulco con una gran dosis de miedo y se ubicaron en un motel de la zona de Caleta debido a algún contacto que alguien de ellos tenía con el dueño de ese establecimiento. Contaban historias terribles como la quema de sus casas, el robo de su ganado, las amenazas de muerte y otras cosas, al grado que se decidieron salir de su pueblo para salvaguardar su vida. Al no contar con apoyo gubernamental como desplazados, después de unas semanas se dispersaron para buscar maneras de sobrevivir.
Al parecer, esas horrorosas historias han continuado, desde ese tiempo hasta ahora, añadiendo la cruel historia de la matanza en San Miguel Totolapan con un saldo de 20 personas asesinadas, según los reportes oficiales. Los Tequileros y La Familia Michoacana son los actuales grupos criminales que se disputan territorios en ese municipio que vive condiciones de una alta vulnerabilidad. La matanza del miércoles pasado ha evidenciado una situación añeja, que ha complicado la economía y la gobernabilidad de esos lugares.
La Tierra Caliente es, quizá, la región más vulnerable del estado de Guerrero en materia de inseguridad y de violencia criminal. Los grupos criminales han tenido la capacidad de controlar la economía en sus diversas vertientes, tales como la agricultura, la ganadería, el transporte y el comercio. También tienen el control político, al grado de someter a las autoridades municipales de la región. ¿Cómo es que se llegó a tal situación?
Una alta descomposición social permitió el acceso al poder –no formal, sino fáctico– de la delincuencia organizada. En amplias zonas, sobre todo de la parte serrana de la Tierra Caliente, los pobladores se emocionaron con el cultivo de las drogas desde hace décadas, quedando a merced de las bandas criminales que fueron controlando las economías locales y las relaciones comerciales. La cultura del “narco” fue permeando, poco a poco en la población que se fue convirtiendo en víctima de los negocios de los narcotraficantes, quienes fueron añadiendo otros rubros a sus actividades delictivas, como los secuestros, las extorsiones y el cobro de piso.
Por otro lado, el abandono de las instituciones del Estado permitió que otros llenaran el vacío de poder y de servicios que esa región ha padecido. Los municipios, como instituciones frágiles no tienen capacidad institucional para detener la embestida de los delincuentes, o suelen ser cooptados o, aún, sometidos. Por otra parte, la clase política permitió el ascenso de la delincuencia y se presume que también negoció y saco ganancias de estas negociaciones. La delincuencia sabe que la corrupción abre las puertas para sus negocios desde las instituciones públicas.
Es evidente que en este momento es elemental la presencia de militares, Guardia Nacional y policías estatales en San Miguel Totolapan, a la vez que el fortalecimiento institucional para recuperar la gobernabilidad en el municipio, lo mismo que en toda la Tierra Caliente. Pero el asunto no es tan simple. Las fuerzas policiacas y militares tienen que hacer su trabajo. Pero se necesitan otras tareas al mismo tiempo. Se necesitan acciones gubernamentales para sanear la economía, tan permeada por los negocios ilícitos, ofreciendo opciones para la reconstrucción económica legal. También hay que pensar en la reconstrucción política y social en una región tan fracturada por los grupos criminales y por sus negocios. En este asunto tiene que haber una intervención política y social, para poner las bases de una nueva convivencia social.
A la vez, hay que pensar en un cambio cultural que recupere temas como la legalidad, la laboriosidad, la solidaridad y la confianza. Se necesita desterrar las desconfianzas y los miedos para lograr la reconstrucción del tejido social. En fin, hay que pensar en una estrategia gubernamental a la par de una estrategia social orientada a nuevas relaciones en todos los campos, que la narcocultura ha impuesto a la fuerza. A mi juicio, esto necesita toda la Tierra Caliente y otras regiones del estado de Guerrero, tan vulnerables como San Miguel Totolapan.
¿Tendrán nuestras autoridades la imaginación y la voluntad política para construir respuestas innovadoras y eficaces que respondan a situaciones complejas e históricas en esa región? ¿Podrán ver más allá de los esquemas rígidos de seguridad pública que se han establecido para dar paso a una respuesta a la necesidad de garantizar los derechos humanos de la población? Porque la paz no sólo consiste en la contención de la delincuencia con el recurso de policías y militares, sino es justo el resultado de la garantía de todos los derechos humanos para todos y el establecimiento estable del Estado de derecho. Si los guerrerenses hemos sido capaces de permitir tantas atrocidades, ¿acaso no tendremos la capacidad de imaginar y de reconstruir la necesaria convivencia pacífica que necesitamos?