RUTA DE FUGA

La conspiración siempre es más sencilla si va contra una mujer. Estos días de conmemorar la lucha por la reivindicación de los derechos políticos de las mujeres coincidieron con la destitución de una mujer comisariada en la cuenca de Valle de Bravo, en el Estado de México. Un grupo –de hombres– comenzó a conspirar para quitarla. Primero la acusaron –a la mesa directiva del ejido, pero en particular a ella– de desvío de recursos federales. Ella se defendió: demostró que el ejido no maneja recursos federales porque los que tiene provienen de una asociación civil cuyo fondeo se nutre de donativos y, sobre todo, demostró un expediente minuciosamente detallado de gastos con facturas y recibos de compra. Luego la acusaron de no realizar un trámite a tiempo y eso la hizo caer. Curiosa acusación cuando ella pasó días enteros visitando Toluca para poner en orden la situación fiscal del ejido ya que el anterior comisario –hombre– no lo había hecho.
Pienso que existe discriminación por género en este caso: ¿por qué a comisariados presididos por hombres, y con peores gestiones, no se les cuestiona como a los presididos por mujeres?, ¿por qué es común que las comisariadas no terminen sus periodos de gestión para el que fueron electas? Esto que parece una anécdota sin relevancia es muy sintomático de un mal general: la violencia política hacia las mujeres en el campo y la exclusión de las mujeres en la toma de decisiones del manejo forestal.
Los bosques de México están principalmente en manos de ejidos y comunidades indígenas. Son 15 mil 481 núcleos agrarios habitados por entre 12 y 15 millones de personas, según estudios de Leticia Merino y Salvador Anta. Apenas una tercera parte son ejidatarios –poco más de 5 millones–, es decir que tienen derechos sobre la tierra por ley, y de estos ejidatarios menos de dos de cada 10 son mujeres. El ejido es un tipo de propiedad de la tierra diseñado por y para los hombres. Las mujeres sólo heredan el derecho agrario de un padre, en el caso de no tener hermanos varones, o de un esposo, pues son viudas y, muchas veces, cuando ya son viejas para emprender, opinar, participar. O sea, demasiado tarde.
La brecha de género en la toma de decisiones sobre los bosques se abre por la tenencia de la tierra, que genera acceso diferenciado a beneficios –algo que el programa Sembrando Vida deberá revisar, ya que está destinado a sujetos agrarios que aunque incluye a avecindados, se va a cargar a poseedores de derechos, es decir, a los hombres–, pero también por otros problemas estructurales como la división del trabajo. Como afirma Verónica Vázquez, “la división genérica del trabajo no es una simple enumeración de labores, sino una construcción social que asigna valor a ciertas actividades y otorga poder material y simbólico a quienes las realizan”. El trabajo que realizan las mujeres en el campo vale siempre menos ante el que realizan los hombres, por lo tanto, todo lo que de ellas provenga tiene menor valor para la colectividad, incluyendo su opinión. En algunos ejidos o comunidades no se les impide hablar, pero se hace realmente poco para fomentar su participación activa. En Chihuahua, por ejemplo, observé que hay ejidos donde el lugar de las mujeres es literalmente hasta atrás, invisibles, calladas, en las asambleas. Una forma de invisibilización cotidiana.
A pesar de los obstáculos estructurales para que las mujeres participen en las decisiones sobre el manejo forestal, ellas están ahí, actuando en el manejo territorial. Acaso porque son las primeras en la línea de impacto de los problemas estructurales del campo mexicano: a la pobreza sigue la migración forzada, y ellas son las que se quedan a cargo; ante la rapacidad del modelo de producción que agota recursos naturales, están ellas regenerando; ante la voracidad del modelo de consumo, están ellas resguardando sistemas alimentarios y patrimonio biocultural.
La sociedad civil organizada –sí, esa señora conservadora y reaccionaria que sólo actúa como intermediaria rapaz, según el presidente– tiene mucho por hacer –además de lo que ya hace– como fiel de la balanza para que la participación de la mujer en el manejo forestal y en el desarrollo rural llegue a su efecto máximo potencial. Se ha demostrado con estudios que donde mayor participación, presencia y poder tienen las mujeres, los bosques tienen mejores índices de control comunitario. Sin embargo, el problema es tan profundo que no basta con los esfuerzos de la sociedad civil, se requiere una intervención de Estado.
El Estado debe intervenir para modificar todo el esquema en el acceso de la tierra: revisar a fondo y con perspectiva de género el ejido. Las mujeres –en particular las jóvenes– requieren contar con derechos sobre la tierra sin que ello dependa de una herencia o por gracia de un hombre. Parafraseando a Virginia Wolf, para que una mujer se emancipe necesita primero una parcela propia. Un terreno propio, o en el caso de la ley mexicana, un derecho agrario propio. Mientras el Estado no intervenga para garantizar este derecho político mínimo indispensable para todas, lo que sea que se haga por la equidad en el campo deviene demagogia.

La caminera

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha lanzado una campaña mundial por los derechos de las mujeres rurales. Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio, es el lema de la cuarta versión de la campaña Mujeres Rurales, Mujeres con Derechos.