El linchamiento de algunos consejeros del INE acabará resultando altamente oneroso para las partes involucradas y el entramado institucional del país. El choque no resuelve ineficiencias ni otros problemas, sino que los complica al llevarlos al terreno de la descalificación, las demandas judiciales y otras formas de confrontación.
En esas estamos y cada quien debe asumir su responsabilidad. La historia del IFE-INE ha pasado por momentos poco edificantes, por silencios cómplices y orientaciones más que discutibles. Para muestra baste recordar su facciosa actuación en las elecciones de 2006, cuando cerró sus ojitos ante las ilegales maniobras de Fox, el PRI y el PAN para impedir el triunfo de López Obrador.
El INE actual seguramente ha incurrido en más de una falla, ha adoptado decisiones cuestionables y sus integrantes están lejos de la perfección, pero ése es el árbitro electoral que nos dimos los mexicanos. Por fortuna, más allá de sus deficiencias, lo cierto es que el Instituto ha desempeñado su tarea generalmente bien. Por supuesto, a un alto costo económico, pues el voto mexicano es de los más caros del mundo. El elefantiásico aparato burocrático, los altos sueldos y gastos no siempre justificables son aspectos que explican no pocas críticas, pero no todo es culpa del INE ni de sus integrantes, pues actúan en un organismo creado con un defectuoso diseño parlamentario.
Por supuesto, el principal afectado por ese diseño fue quien ahora ocupa la Presidencia de la República, lo que explica el encono con que descalifica una y otra vez a los consejeros electorales, no a todos, sino especialmente a dos. Pero se olvida que esos y otros consejeros dieron por bueno el resultado electoral de 2018, el que llevó a López Obrador a la Presidencia.
Insistir en la guerra contra el INE será –ya lo es—altamente costoso para la nación. Lo aconsejable es confiar en que la renovación periódica de sus consejeros permita un mejoramiento del organismo, desde luego sin la pretensión de colocar ahí a meros incondicionales del gobernante en turno, sino buscando que el consejo refleje la pluralidad social.
El INE debe seguir comprimiendo su personal y su gasto sin afectar derechos, ni hablar. Pero ese es un proceso que lleva tiempo y también cuesta dinero, y no por casualidad al INE se le recortó el presupuesto en una suma mayor al costo de la consulta. Exigirle hoy que lleve a cabo el innecesario y oneroso proceso es a todas luces un despropósito, una mala jugada para destruir o someter a una institución que se creó por la presión social, y no por capricho o mera ocurrencia de algún ex presidente.
Cuando los índices de popularidad de AMLO son tan altos y el dinero tan escaso, insistir en la consulta evidencia el objetivo de menoscabar al INE, no de contribuir al mejoramiento de nuestra vida pública. Lo peor es que se aboga por un procedimiento que puede serle adverso al propio jefe del Ejecutivo, cuya legitimidad nadie discute.
Pese a las ruidosas declaraciones de Morena y la indigna actuación de sus diputados y gobernadores, la consulta está muy lejos de entusiasmar a la base social del gobierno, pese a que sus operadores insisten en hablar no de revocación, sino de ratificación. Lo previsible es que, una vez cumplidos los requisitos de ley y aprobada la realización de la consulta, ante la indiferencia de las bases de AMLO se despliegue una gran operación propagandística de sus enemigos, quienes empleando todos sus recursos, que no son pocos, llamen a votar por la revocación, con el consecuente riesgo para la vida institucional, pues entraríamos en un periodo de desestabilización, con abundantes denuncias de la oposición y aún de los propios morenistas, con pretextos sobrados para intercambiar acusaciones e incluso con hechos de violencia. ¿Eso quieren los promotores de la consulta?