La muerte de civiles en Nochixtlán a manos de la Gendarmería significa que el gobierno federal revive las prácticas de un pasado que realmente no ha pasado.

La política es un juego de poder y en teoría el poder del Estado es único por estar fundado en su derecho y capacidad de hacer uso de la violencia, incluida la extrema. Por ello la esencia del Estado estriba en que es detentador del monopolio de la fuerza legítima. Se supone que tal legitimidad proviene de un factor moral pero con frecuencia sólo se asienta en el poder mismo.
Hay una variedad de poderes más o menos legales: el del capital, los partidos, las iglesias, las ONG, etc. Todos ellos inciden en la vida del ciudadano pero a ninguno se le reconoce el derecho de disponer de la vida de otro ser humano salvo en legítima defensa. En contraste, y bajo condiciones supuestamente determinadas por su propio marco jurídico, el Estado si puede llegar a disponer de la vida de otros.
Las fuerzas armadas y los órganos de seguridad del Estado, en circunstancias previamente especificadas, pueden y deben emplear la violencia incluso la letal. Por tanto, los responsables de manejar ese aparato represivo tienen una responsabilidad que ninguno de los otros poderes tiene. En principio, esos funcionarios sólo deberían ordenar el uso de la fuerza extrema en casos realmente excepcionales. En la práctica, como sabemos, las cosas han sido y son diferentes.
Toda sociedad compleja desarrolla innumerables contradicciones –de clase, regionales, culturales, etc.– que nunca llegan a resolverse sino apenas a administrarse. Desde esta perspectiva, el arte de la buena política consiste en saber negociar para evitar, hasta donde sea posible, que los choques de intereses desemboquen en situaciones límite.
Violencia extrema. El domingo 19 de junio, en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, región mixteca, el arte de la política le falló por completo a Enrique Peña Nieto (EPN) y a los encargados de ejercer la violencia oficial: a los jefes de la Gendarmería Nacional (GN), un cuerpo creado apenas en 2014 para reforzar a la Policía Federal (PF) y dependiente de la Secretaría de Gobernación. Ese domingo, día de mercado en Nochixtlán, la GN se propuso levantar un bloqueo carretero, uno de varios, erigido por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como parte de su lucha contra las consecuencias laborales y políticas de la “reforma educativa” emprendida por el gobierno de EPN. Y cuando la tensión llegó a su punto álgido los gendarmes abrieron fuego sobre una multitud que les desafiaba.
Los responsables de la operación en Nochixtlán deberían de haber sabido que la PF iba a enfrentar no sólo a la CNTE sino a una compleja red –una red histórica– de movimientos y actitudes opositoras al gobierno local y al federal. Cualquiera que hubiera estudiado algunos de los trabajos que se han publicado sobre la insurrección de la APPO en Oaxaca en 2006 –por ejemplo, los de Diego Osorno, Oaxaca situada. La primera insurrección del siglo XXI (2007) o Marco Estrada Saavedra, El pueblo ensaya la revolución. La APPO y el sistema de dominación en Oaxaca, (2016)– estaba obligado a concluir que la PF, la GN o incluso el ejército y la armada, no eran instrumentos apropiados para enfrentar el complejísimo problema de la violencia política de una Oaxaca dominada por sistemas de cacicazgos, autoritarismo y resistencias endémicos ni el de una CNTE con fuerte base organizacional y social.
La resistencia a la acción policiaca surgió y se generalizó, se reportaron policías heridos y finalmente entró en acción la GN con el resultado de nueve o más civiles muertos y decenas de heridos, (véase la crónica en Proceso, 26 de junio, pp. 6-13).
Hasta hoy no se ha hecho público quién y por qué razón dio la orden de abrir fuego, pero en última instancia la tragedia de Nochixtlán fue la culminación de un proceso cuyos orígenes se pueden rastrear años atrás, y donde los factores intervinientes son muchos e incluyen no sólo a la CNTE, sino al gobierno federal –en particular a los aspirantes a la Presidencia, los titulares de la SEP y Gobernación– y a los gobernadores saliente, Gabino Cué, y entrante, Alejandro Murat, más organizaciones locales en un entorno de demandas y agravios pendientes. En cualquier caso, el uso de la fuerza extrema no parece haber resuelto el problema.
Es absurdo, por llamarlo de alguna manera, que se requiriera de muertos a manos de la GN –nueve u once, según la fuente– para que finalmente el gobierno decidiera reunirse con los representantes de la CNTE para luego volver a cerrarse. Gobernación, que es la responsable de la GN y de la violencia, fue también la negociadora, pero de una negociación que no avanza. EPN insiste en que la reforma educativa misma, no puede negociarse, la CNTE insiste en mantener bloqueadas de manera selectiva carreteras en Oaxaca y Chiapas y el desabasto en esa región empieza a manifestarse. Hoy, al agravio no resuelto de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, se une el de los parientes de los caídos en Oaxaca que exigen una investigación y la visita de EPN a Canadá se topa con manifestantes que le reclaman por lo ocurrido en Nochixtlán.
De los conflictos del 2006 –Atenco y Oaxaca– el poder del Estado no sacó las lecciones para evitar que su política se transformara de arte en violencia pura. Hacía tiempo que el gobierno federal no disparaba a matar contra sus opositores. ¿Retrocedemos?
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