El sábado pasado, 20 de mayo, los presidentes de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, anunciaron su “intención de ir en alianza en las elecciones presidenciales de 2008” y “convocaron a la creación de un Frente Amplio Opositor”. Un Frente, abundaron, “que convoque a actores políticos, sociales y académicos” que “nos permita sacar al PRI y, lo más importante, darle a México un gobierno de coalición, un gobierno honesto y de resultados en beneficio de la gente”. Agregaron que, “una vez que esté diseñado el proyecto, se verá quien pueda encabezarlo”.
El dirigente del PAN fue más elocuente en esta conferencia que la presidenta del PRD, pero en ese momento ésta parecía muy complacida y conforme con lo que se estaba diciendo. Luego, de manera ambigua, ha tratado de matizar algunos aspectos, pero la idea fundamental sigue siendo la misma: pactar un Frente opositor, es decir, una alianza electoral entre ambos partidos para apoyar a un solo candidato presidencial en 2018.
El mensaje de estos dirigentes fue, en primer lugar, inoportuno pues al descartar cualquier acuerdo para los comicios en el Estado de México enviaron un mensaje desalentador a sus electores que pronto irán a las urnas en esa entidad para elegir a su gobernador o gobernadora. Al señalar que su propuesta de unidad “va más allá de los resultados” de ese proceso, dieron la impresión de que lo que suceda en junio de este año es irrelevante, como si ya hubieran dado por perdida esa elección.
Pero esto, con ser lastimoso para sus propios seguidores, no es lo más significativo. La idea de un Frente Amplio entre el PRD y el PAN se basa en dos premisas falsas que revelan que tal proyecto obedece a intereses facciosos.
La idea de que un gobierno de coalición puede responder mejor a los problemas del país es equivocada. Supone que el problema de la gobernabilidad que nos aqueja proviene de que el presidente ha sido elegido con un tercio de los votos y una minoría de legisladores. Pero esa no es la verdadera causa de nuestros problemas. La cuestión más grave que enfrentamos es la incapacidad del Estado (es decir, el gobierno federal, los estatales y muchos ayuntamientos; jueces y magistrados del poder judicial; y los poderes legislativos en muchas entidades del país) para detener la violencia y garantizar la seguridad y la paz de los ciudadanos. Para enfrentar esta situación, un gobierno de coalición no es el remedio pues la ingobernabilidad no es producto de la rijosidad entre los partidos o de los resultados electorales. Lo que existe es una enrome incapacidad de los representantes populares, derivada de su complicidad con el crimen organizado, o simplemente de sus limitaciones políticas, para detener la ola de crímenes, desapariciones forzadas, las prácticas de tortura por los organismos de seguridad pública, y las violaciones reiteradas a los derechos humanos que vive trágicamente el país todos los días.
Para enfrentar esta situación, una coalición de partidos no resuelve nada porque en realidad sumaría la negligencia o la corrupción existente en unos y otros. Como en otros lugares del mundo, la posibilidad de detener la degradación de la vida política está fuera de los partidos, en la capacidad de la ciudadanía para obligar a las dirigencias partidistas y a los gobiernos y parlamentarios emanados de ellos, a rendir cuentas y acabar con la impunidad. La construcción de esa fuerza ciudadana, de esa mayoría social organizada y movilizada, es indispensable para obligar a las fuerzas políticas a tomar medidas reales que signifiquen un cambio de rumbo.
Se requiere entonces una coalición distinta, encabezada por organizaciones y personalidades ciudadanas que no tenga otro interés político más que obligar a las autoridades y a los representantes populares a romper el pacto de complicidad que en los hechos han entablado con los delincuentes.
Una propuesta que realmente intentara cambiar las cosas tendría que consistir en un ofrecimiento de los partidos, sin condiciones, a una alianza ciudadana para la elaboración de un programa, con el compromiso de que su aplicación no estará sujeta al reparto de cuotas de poder entre y dentro de los partidos. Exactamente al revés de cómo lo plantearon, pues lo que ellos intentan es pedir la adhesión de “académicos, líderes sociales y políticos” a una coalición encabezada y al servicio de la dirigencias partidarias.
Pero la otra idea equivocada que sostiene la propuesta de una coalición PRD-PAN está en la hipótesis de que ambos partidos pueden diseñar un proyecto común para resolver los problemas del país. Esa película ya la vimos y se llamó Pacto por México, aquel que entablaron esos partidos con el PRI y el entonces flamante presidente a principios del sexenio. Un Pacto que permitió que el PRI y el PAN privatizaran el petróleo y la electricidad, aprobaran una reforma educativa irresponsable que ha tenido que corregirse en el transcurso del sexenio, y que desató una ola de protestas de los propios maestros en casi todo el país. Un Pacto que no cumplió con compromisos sustanciales como la universalidad de atención a la salud pública o el seguro de desempleo, ni en materia de corrupción y de respeto a los derechos humanos, temas que aún se siguen negociando en el Congreso.
Un pacto que omitió temas fundamentales en torno a la cuestión laboral, los migrantes y las comunidades indígenas y campesinas, ahora amenazadas por las leyes reglamentarias derivadas de la privatización energética. Y un Pacto que en general ha avalado la conducción de la misma política económica con sus deplorables resultados en materia de empleo, bajos salarios y consolidación de la pobreza.
¿Qué se puede rescatar de ese Pacto? Nada excepto la claridad de que las intenciones, objetivos y estrategias del PRI y el PAN son las mismas, y de que el PRD, a pesar de algunas diferencias, avaló en los hechos muchas propuestas de ese Pacto, y en buena medida lo sigue haciendo.
Un proyecto o plan de gobierno entre el PAN y el PRD sería una repetición caricaturesca del Pacto por México porque los grupos dominantes en la dirigencia de ambos partidos siguen convencidos de las bondades y la conveniencia de establecer acuerdos similares.
¿Hay alguna razón o indicio de que el PAN tenga el propósito de establecer un proyecto de gobierno distinto al que ha apoyado y puesto en práctica desde la presidencia de Fox y Calderón, y luego desde la oposición, votando casi siempre con el PRI para darle continuidad a las mismas políticas públicas? ¿Habrán abandonado la idea básica y rectora de su proyecto político que insiste en que México necesita más “reformas estructurales” que liberen los mercados y privaticen las instituciones y los recursos de la nación? No lo creo. Por el contrario, está claro que incluso seguirán sosteniendo su repudio al derecho al aborto y los matrimonios igualitarios, y su apoyo a otras causas típicas de la derecha católica.
¿Podría pensarse en la posibilidad de que el PRD le imponga al PAN un proyecto más avanzado? No, porque sus principales dirigentes siguen sosteniendo que la coalición con este partido, como los hicieron en el Pacto por México, supone concesiones de todas las partes y que lo importante es un gobierno de coalición para, como dijeron en diciembre de 2012, se pueda doblegar a los poderes fácticos y tener un gobierno fuerte, capaz de gobernar al país. Y ya vimos cuales han sido los resultados de esas brillantes ocurrencias.
Un acuerdo programático entre el PRD y el PAN, para unirse en el 2018, significaría una derrota no sólo política, sino intelectual y moral de la izquierda mexicana. Una claudicación que dejaría al PRD sin rostro propio, y una capitulación voluntaria que entregaría a la derecha lo más importante que la izquierda mexicana construyó en las últimas décadas: una opción legítima y viable para cambiar al país.

Twitter:#saulescoba