La información y la percepción ciudadana acerca de la corrupción en nuestro país, al igual que sobre la seguridad, son contundentes. Por ejemplo, el informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (WEF, son las siglas en inglés) coloca a México en la posición 55, entre 148 países, en donde se destaca que nuestras principales desventajas están en los temas de corrupción y violencia. El resultado tiene como base una encuesta de percepción aplicada a 320 ejecutivos en México, la cual concluye que el principal obstáculo para hacer negocios es la corrupción. Por esto la agenda para incrementar la competitividad en nuestro país, debe considerar el fortalecimiento de las instituciones, preponderantemente en su lucha contra la corrupción, así como aumentar los niveles de seguridad.
Asimismo, hay una gran desconfianza con relación a los servicios policiales, en este subíndice nos ubicamos en el sitio126; también se percibe que los servidores públicos cuentan con una disminuida confiabilidad, lo cual nos posiciona en el lugar 105. No menos preocupante es la percepción del importante desvío de recursos públicos. Por otra parte, se reconocen los aspectos en los cuales México presenta mejores cuentas, entre otros un ambiente macroeconómico estable, un sistema bancario fuerte, así como un sólido mercado interno, que permite desarrollar economías a gran escala; a lo anterior debemos añadir una relevante infraestructura carretera cada vez más amplia.
Otros datos que valen la pena citarse son los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2016, realizado por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, el cual coloca a México en el lugar 123 de 176 países evaluados al alcanzar 30 puntos de los 100 posibles. En el documento se destacan: La falta de contrapesos reales entre los tres poderes, el número y la gravedad de los casos de corrupción conocidos por la opinión pública nacional al igual que los altos niveles de impunidad registrados, son aspectos determinantes en esta nueva evaluación practicada a los mexicanos.
Por todo lo expuesto, Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional proponen seis puntos al Estado mexicano: Ver a la corrupción y a la impunidad como una excepción y no como una regla; demandan la creación de una Fiscalía General de la República autónoma e independiente, para asegurar que las medidas en el combate a la corrupción no estén sujetas al vaivén político; a los congresos federal y estatales les exigen ser un contrapeso a los poderes ejecutivos, así como fiscalizar la correcta aplicación de los recursos públicos; también concretar los sistemas locales anticorrupción e impulsar la transparencia.
En su estudio denominado Anatomía de la corrupción, la académica del Centro de Investigación y Docencia Económica, María Amparo Casar expone que cada año en México, se cometen más de 4 millones de actos de pequeña corrupción, es decir entre ciudadanos y autoridades, para más detalle se realizan 7.6 actos de corrupción por minuto y 456 cada hora.
Por este desglose de la corrupción en el país, en donde los guerrerenses no somos la excepción y también participamos; así como el avance en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), resulta relevante para la vida de nuestra entidad la puesta en marcha, este lunes 7 de agosto, del Sistema Estatal Anticorrupción, en donde el titular del Ejecutivo estatal destacó que es un tema que debe estar en la agenda pública de cualquier organización política y social.
Así también vale la pena agregar la aprobación de nueve leyes que ha efectuado el Congreso local, entre otras: Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, Ley de Presupuesto y Disciplina Fiscal, Ley de Deuda Pública, Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, Código Penal para el Estado, Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Ley del Sistema Estatal anticorrupción.
Con este marco legal aprobado que servirá para sancionar la impunidad, así como un ejercicio eficiente y honesto del gasto público y la decidida participación de los ciudadanos y organizaciones sociales, se habrá poner coto a la corrupción, lo cual ayudará a limitar la inseguridad, en alcanzar esta meta nos jugamos el futuro de nuestra sociedad.