La violencia es la expresión de una relación social dentro de un proceso histórico particular que nos permite conocer cómo surge y se organiza el delito, las distintas formas que asume, el proceso que la define y sobre todo, diseñar políticas preventivas que vayan más allá de lo punitivo, represivo y de control.

Los hechos violentos recientes en nuestro estado, vinculados al narcotráfico, tienen una recurrencia cíclica porque la violencia que hoy padecemos no se gestó de la noche a la mañana, sino que es un proceso que tiene historia. En esta perspectiva es entendible que existan factores coyunturales que nos hablan de los niveles altos y bajos de la violencia homicida.

Las causas de la violencia en nuestro estado provienen de factores estructurales como el modelo económico que genera desigualdad social e ingobernabilidad, la economía criminal (como la guerra, narcotráfico, venta de armas); las causas institucionales como la corrupción de las autoridades, la impunidad, el manejo discrecional y faccioso de las leyes, la mercantilización de la justicia, la connivencia de las corporaciones policiacas y el Ejército con el crimen organizado, las inconsistencias jurídicas para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos y, por último, las causas situacionales como la portación y uso de armas, el alcoholismo y la drogadicción. Esta multiciplidad causal nos obliga a visualizar políticas integrales que enfrenten este origen múltiple de la violencia.

Por otra parte, tenemos el fenómeno de la diversidad de las violencias, como la que actualmente estamos experimentando en nuestro estado con los casos de                                       “los levantados” y los ejecutados de Acapulco. Existe una transformación de las viejas violencias, y lo peor de todo es que se incrementan todas sus formas.

Este conjunto de violencias nunca se expresan de manera pura. De allí que la relación que existe entre ellas lleve a confundir los tipos de violencias (la violencia común como si fuera política), a creer que todas son una misma (no se reconoce la pluralidad), a desconocer el paso de unas a otras, a tener formas parecidas y que algunos actores pueden ser los mismos. En otras palabras, cada violencia tiene su propia dinámica, pero en su conjunto existen constantes que permiten configurar una historia de la violencia en nuestro estado.

Desde hace más de tres décadas vivimos un ciclo expansivo de la violencia que ninguna autoridad ha podido parar, porque la violencia provocada por el mismo estado ha ido abonando formas de autodefensa como la emergencia de organizaciones guerrilleras en nuestro estado o expresiones lamentables como la justicia por propia mano y la justicia privada, inducida por intereses de grupo vinculados al crimen organizado. Esta situación refleja la crisis del estado para enfrentar las causas estructurales e institucionales de esta violencia, que ha cobrado centenares de víctimas sepultadas en el fango de la impunidad gubernamental.

Para desgracia de todos, la violencia en nuestro estado es el principal obstáculo para nuestro desarrollo. Existen datos que nos indican el costo promedio de la violencia en Latinoamérica es del 14.2 por ciento del Producto Interno Bruto, pero falta indagar cuál es promedio de México.

Esta realidad ha obligado a los gobiernos a tomar medidas orientadas a incrementar los gastos en seguridad, que provoca una disminución de los recursos destinados al gasto social. Con ello se da un razonamiento que es contrario a la disminución de la violencia porque no se busca atacar sus causas, sino sus efectos, que resulta ser más caro de lo que nos imaginamos.

Vivimos la modernización de la violencia, que se manifiesta en el nacimiento de nuevos actores y sobre todo en el resurgimiento de grandes organizaciones del delito, que vienen a ser los grandes emporios del crimen organizado. El incremento y la profundización de la violencia se ha globalizado porque también se han creado mercados ilegales que desarrollan verdaderas empresas trasnacionales del delito, como el narcotráfico, el asalto a bancos, los robos de vehículos, el comercio de armas, el trafico de niños, la pornografía infantil, el secuestro y el “sicariato”.

La violencia moderna constituye un espacio que no reconoce fronteras, sin embargo privilegia el ámbito urbano. De allí que estemos viviendo en nuestro país y en nuestro estado un proceso de urbanización de la violencia, como sucede en las fronteras y en las grandes urbes.

El gran problema que enfrentamos en esta coyuntura política es que no existe, de parte de las nuevas autoridades estatales, un diagnóstico completo y claro sobre la historia de la violencia que hoy amenaza con trastocar a las instituciones públicas y a la misma sociedad guerrerense. Persiste una información acotada y titubeante que poco ayuda para generar confianza entre la ciudadanía, que demanda una información veraz y objetiva de la violencia reciente. Vemos que no se ha asumido con la debida propiedad este problema y que los llamados hacia la esfera federal parecen responder más al desconcierto que ha generado esta violencia, y no tanto a un plan integral que enfrente con eficacia la diversidad de estas violencias. La manera como se quieren enfrentar estos hechos delictivos está arrojando resultados que más bien generan preocupación, miedo e incertidumbre y poca confianza de la ciudadanía. Es urgente mirar hacia dentro de las corporaciones policiacas y del instituto armado que, por desgracia, han estado infiltrados y en cierta medida coludidos con la delincuencia organizada, que creció y se fortaleció bajo la sombra de la impunidad y la corrupción de muchas autoridades. Para fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad                                       y de la procuración y administración de la justicia se tienen que extirpar los males que impiden desarrollar un trabajo comprometido con la ciudadanía.

El enfrentamiento de esta violencia no sólo debe circunscribirse por la vía de la represión, porque bajo este esquema lo que más importa es asumir el control de la violencia por parte del estado que viene a socavar las bases de la convivencia pacífica y a limitar los derechos humanos. Tenemos el gran desafío tanto la sociedad como el gobierno de hacer frente a la espiral de violencia que nos atrapa y nos quiere inmovilizar, pero esto sólo se va a lograr con el apoyo y la participación de la ciudadanía, con la construcción de una estrategia integral orientada a garantizar la seguridad de la población, impulsando la organización social y reconociendo al ciudadano común como un sujeto con plenos derechos, buscando sobre todo reestablecer la confianza perdida.