Se ha estado ventilando en diversos espacios políticos la necesidad de reformas. Las crisis y los conflictos se han visto como síntomas de que hay muchas cosas que ya no están funcionando. Se ha hablado de la reforma electoral que el gobierno del estado de Guerrero está impulsando, de la reforma de las instituciones electorales que han salido muy cuestionadas en el proceso electoral que no concluye aún y de una reforma política que vaya mucho más allá de las propiamente electorales.
Quienes impulsan o analizan procesos sociales y políticos, saben que las reformas llegan a su tiempo cuando las condiciones sociales o políticas las hacen viables y las inducen como las únicas respuestas de fondo a los problemas. En estos términos hay que pensar en la oportunidad de estas reformas tan necesarias para asegurar una gobernabilidad y una estabilidad social.
La cuestión de fondo es que muchas cosas no están funcionando bien en la vida pública. Una muestra es el actual caso de Oaxaca, donde las cosas ya están llegando a extremos bles. Y en Guerrero no estamos lejos de una situación semejante. Muchas instituciones muestran ya incapacidad para responder a las demandas sociales como son la justicia, el trabajo, la salud y la educación, entre otras.
Estamos hablando de la reforma del Estado, que establezca reglas e instituciones eficaces para que el Estado esté al servicio de la nación y las instituciones estén en función de la sociedad. Resulta que las crisis y los conflictos muestran que esto no está sucediendo, lo que resulta preocupante.
Para este asunto, creo que tenemos que contar con puntos de referencia muy bien definidos para determinar las reformas necesarias. Yo considero que un imperativo moral, y a la vez político, que tiene un peso definitivo es la suerte de los pobres. El Estado no está funcionando bien cuando abandona a los pobres a su suerte y no logra dignificar a todos los habitantes de la nación. Esto ha estado sucediendo desde siempre y se ha ido agravando a pesar de todas las secretarías de desarrollo social que existen y con las políticas económicas que se han ido aplicando por dondequiera. El que siga habiendo mayorías empobrecidas, sin acceso a la justicia y al pan y sin horizontes de dignificación manifiesta un fracaso rotundo de los gobiernos y, en último término, de las reglas y las instituciones del Estado.
Los pobres constituyen el primer argumento para hablar de la necesidad de la reforma del Estado, que es la mejor manera de darle la cara a las crisis recurrentes y a la superación de los conflictos sociales y políticos que tienen en el fondo leyes e instituciones que ya caducaron y que ya no funcionan para bien de la gente, pues suelen funcionar para mantener a grupos privilegiados en el poder que siguen cosechando los favores que les reditúa una situación de injusticia social.
Por otra parte, una verdadera reforma del Estado tiene que forjarse colocando en el centro de la atención, precisamente, a los pobres. Ellos tienen que ser escuchados, tienen que participar, tienen que convertirse en protagonistas de la construcción de instituciones y de las reglas del juego. Su experiencia, su sensibilidad y su visión del mundo son una grande riqueza que tiene que ser incorporada en esta gran tarea. Sólo así resultará un Estado incluyente, solidario y plural que responda a todos porque ha puesto en el centro de atención a los pobres, ya no como destinatarios de las políticas públicas sino como protagonistas de su propio desarrollo. Entonces tendríamos reglas que los favorecieran de verdad y no los mantendrían postrados y sin acceso a la justicia.
El empeño a favor de los pobres tiene que darle un rostro nuevo a la política, tan estigmatizada por su incapacidad para inducir y desarrollar iniciativas que dignifiquen a los pobres. Con la reforma del Estado, tendríamos nuevas condiciones jurídicas, culturales y políticas para ya no seguir con la inercia de promesas incumplidas por cada gobierno que tome en sus manos el control de las instituciones del Estado y opere las leyes de manera ineficiente. Los pobres tienen que dejar de ser una clientela electoral y convertirse en sujetos activos en la vida pública.