La mayoría de los guerrerenses que optaron por un cambio de gobierno nunca imaginaron que se repetirían los escenarios represivos que formaron parte de la cultura política caciquil.

Fue muy evidente el ambiente de distensión que se vivió en el primer mes después del cambio de gobierno por parte de los sectores movilizados que se aprestaban para inaugurar una nueva relación con las nuevas autoridades emanadas de un partido de izquierda. La mayoría de los miembros de las organizaciones pensó en el diálogo y en los acuerdos políticos para empujar juntos hacia un cambio que favoreciera a los sectores sociales más golpeados y criminalizados.

El ambiente favorable para inaugurar un nuevo estilo de gobierno se fue descomponiendo en la medida en que las organizaciones buscaban el acercamiento y la interlocución con el Ejecutivo estatal. No existían planes en lo inmediato de recurrir a la movilización y a las acciones de fuerza                                         para poder encontrase con las nuevas autoridades, más bien se afinaban los planteamientos básicos para ir resolviendo de manera gradual la complejidad de problemas que se enredaron por la falta de atención de las autoridades salientes. Existía cierto consenso de todas las fuerzas democráticas por abrirse al diálogo e incorporarse de manera activa en las nuevas tareas de la democratización y saneamiento de las instituciones.

El nuevo código democrático indicaba que se tendrían que sacrificar los intereses personales y grupales para privilegiar los intereses de la                                         sociedad y sobre todo de la población más pobre e indefensa. Lo importante era contribuir de manera solidaria para cruzar el umbral del autoritarismo. El aporte de la ciudadanía fue y sigue siendo generoso porque su fuerza la ha sabido canalizar por las vías legales y pacíficas, y a pesar de tantos descalabros y traiciones sigue aún creyendo en los partidos y es sus candidatos.

Estas expectativas después de seis meses de gobierno se han esfumado y están tocando fondo. Existe incredulidad, malestar, desconcierto e indignación porque la forma de gobernar no logra demostrar en los hechos que existe una diferencia sustancial con el viejo régimen.

La represión contra integrantes del Frente de Egresados Normalistas del Estado de Guerrero (FENEG) y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y la subsecuente detención de 16 jóvenes en su mayoría mujeres ponen en entredicho el mensaje político anunciado por el gobernador el primero de abril en su toma de posesión en la que declaró lo siguiente: “Nos proponemos llevar a cabo un gobierno que sea factor de unidad e instrumento civilizado para el acuerdo y el cambio”.

Ante este llamado al acuerdo y a la reconciliación, los normalistas del FENEG se prepararon para el diálogo que buscaron desde la segunda quincena de abril con la Subsecretaría de Educación Superior y Media Superior que se encargó de sobrellevar la demanda de las 700 plazas que planteaban los recién egresados. Para demostrar su capacidad de diálogo y su disposición a entrar a una discusión a fondo sobre los problemas estructurales que enfrenta nuestro estado en el campo de la educación, convocaron a un foro estatal denominado Guerrero, primer lugar en analfabetismo como resultado de su crisis educativa.

Este esfuerzo no tuvo eco por parte de las autoridades educativas, prevaleciendo más bien posturas prejuiciadas de que su movimiento estaba politizándose. Los acercamientos con las autoridades no fructificaron hasta que se ejerció la presión política con el movimiento de la CETEG el 26 de septiembre. Sólo de esta manera se logró meter en la agenda del gobierno del estado como tema prioritario, sin embargo no se vislumbró una estrategia apropiada que pudiera arribar a un acuerdo que demostrara voluntad política y capacidad de negociación de las nuevas autoridades.

Se repitieron los mismos vicios de mantener un diálogo simulado y postergar respuestas responsables en torno a la solución de esta demanda. El tiempo que usaron las autoridades no fue para vislumbrar una solución favorable al FENEG, sino para trabajar una propuesta que los desgastara, dividiera y derrotara políticamente.

Se planeó con perversidad, no con ese espíritu constructivo y comprometido con los jóvenes que demandan un derecho legítimo.

El desenlace ha sido fatal porque ahora se les coloca como delincuentes, se les priva de su libertad y se promueve la confrontación con otros sectores de la sociedad. En lugar de una propuesta más convincente, se dio paso a una salida de fuerza aprovechando la coyuntura de que varios egresados claudicaban en la lucha y optaban por entregar su documentación para la obtención de alguna plaza. En medio de este desconcierto llegó el golpe policiaco para arrinconar a los normalistas y obligarlos a negociar, ya no sus plazas, sino su libertad.

Son los jóvenes de Guerrero los que tienen que enfrentar las consecuencias de un gobierno que prefiere encubrir a la delincuencia de cuello blanco y endilgar estos daños a la población joven y pobre que reclama un derecho legítimo, un gobierno que se niega a resolver las necesidades apremiantes de la falta de maestros en las regiones indígenas de nuestro estado e interesado en que los montañeros sigamos ocupando los últimos lugares en desarrollo humano a nivel mundial.

La cerrazón política sólo conduce a la confrontación que pone en primer plano la fuerza para derrotar al ciudadano. Esta apuesta pone en riesgo nuestra democracia.