Las conmociones de la Universidad Nacional suelen tener consecuencias en la vida social y política del país. La gestión de José Vasconcelos dio a la casa de estudios la presencia e influencia pública que tiene desde entonces, la lucha autonomista de 1929 estuvo estrechamente ligada a la campaña electoral del mismo Vasconcelos y, ya en los años treinta, la fuerza que tenía la derecha en la Universidad desembocó en la formación del PAN.
La relación entre movimientos estudiantiles y cambios sociales ha sido demostrada reiteradamente. Para no ir más lejos, la demagogia seudoizquierdista de Luis Echeverría y la reforma electoral de López Portillo-Reyes Heroles las hizo necesarias la gesta de 1968, pues resultó evidente para los gobiernos de los años setenta no podían asentarse en la represión masiva e indiscriminada.
Sin embargo, no toda movilización estudiantil tiene reflejos progresistas en la sociedad. De ahí que los centros de estudio sean también campos experimentales para los aprendices de brujo. El ataque criminal de los porros contra los estudiantes del CCH-Azcapotzalco se produce cuando el PRI ha sido barrido electoralmente y emerge como dominante una nueva fuerza política.
Para los partidos desplazados, especialmente para el PRI y el PRD, resulta indispensable recuperar posiciones, pues están ante un negro futuro sin altos cargos y privados del presupuesto público. Conquistar la UNAM les permitiría paliar la contundente derrota del primero de julio, pues dirigir esa institución inviste de respetabilidad y permite disponer de más de 20 mil millones de pesos anuales, lo que significa poder.
No parece casual que tanto las autoridades federales, del PRI, como las capitalinas, del PRD, busquen deslindarse del conflicto. La Procuraduría General de la República le avienta el caso a la Procuraduría de la Ciudad de México a la que entrega dos detenidos, quienes de inmediato son puestos en libertad, uno porque asegura que no participó en la gresca, pero curiosamente le prestó su suéter a uno que sí intervino en la golpiza, y otro acepta que sí estuvo en el lugar de los hechos, pero por supuesto dice que él no repartió guamazos ni puñaladas. Y la Procu capitalina declara candorosamente que les cree y los libera, porque además arguye que la UNAM no presentó denuncia.
Pero la Procuraduría de la Ciudad de México miente redondamente. La Universidad sí presentó sendas denuncias de hechos contra quienes resulten responsables, una ante la PGR y otra a la PGJ, según expedientes dados a conocer por los medios de comunicación.
No se trata de juzgar intenciones, pero lo cierto es que acusar a la UNAM de omisión es darle un empujoncito al rector Enrique Graue, a quien se quiere cargar toda la culpa. Y si progresa la demanda de destitución, no se necesita ser mago para saber que los beneficiarios serán los clanes filopriistas de la propia UNAM.
Hay una alta cuota de irresponsabilidad en la actitud de la PGR y la PGJ. La primera porque rechaza hacerse cargo de lo ocurrido en una entidad del Estado mexicano y la PGJ porque el homicidio en grado de tentativa, que fue el caso, se persigue de oficio.
Desde luego, los propagandistas del gobierno arguyen que la autonomía impide a las autoridades actuar, lo que es un embuste cabal, pues la fuerza pública ha invadido varias veces el campus. Si dentro de un domicilio particular o público se está cometiendo un delito, es obligación de la autoridad intervenir para evitarlo. La autonomía no es extraterritorialidad, aunque haya quien lo crea porque el asunto tiene un origen que se remonta a la Real y Pontificia Universidad de México.
Pero igualmente, la fuerza pública no puede andar libremente ni a todas horas dentro de un domicilio particular, que para muchos efectos es la Ciudad Universitaria. La policía entra regularmente a CU cuando hay partidos de futbol y a nadie le espanta, pero no puede ni debe pasearse libremente por el campus sin autorización expresa de las autoridades universitarias, como tampoco puede meterse a la casa de nadie sin permiso. Y aquí viene al caso recordar que al recinto de la Real y Pontificia Universidad de México los alguaciles sólo podían entrar con el consentimiento expreso del rector.
En suma, todo indica que si falló la intentona golpista, las autoridades de dentro y fuera de la UNAM esperarán a que se desactive el movimiento. Pero nadie se fíe, porque esto no ha terminado.