Parece una historia surrealista, pero no lo es: buena parte de los sistemas anticorrupción de los estados son opacos, tanto en el manejo del presupuesto como en la toma de decisiones. Y es cierto, la transparencia no es sinónimo de anticorrupción, de integridad, pero sí es un factor determinante para ahuyentar las malas prácticas y para hallar la trampa que se esconde de forma deliberada.
En un escenario como este, y con sistemas anticorrupción que parecen estructuralmente armados para ser entendidos sólo por los estudiosos del tema, crece la necesidad de llevar el pulso de las acciones y omisiones de los sistemas, y en particular de los cuatro entes que lo hacen verdaderamente diferente: la Comisión de Selección, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Coordinador y la Secretaría Ejecutiva.
Apunto aquí algunas ideas que pueden ser futuros indicadores y datos necesarios, seguramente muchos de ellos –espero– ya se hallan en las páginas oficiales de cada estructura.
De la Comisión de Selección, la instancia que escoge a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC), se requiere conocer y actualizar sus declaraciones de intereses generales y con cada aspirante a integrar los CPC. También se necesita saber el sentido de sus votos y los criterios de evaluación de cada miembro de la Comisión de Selección que fundamentaron la toma de decisión.
Del CPC sabemos que sus integrantes no pueden ser clasificados como servidores públicos porque dejan de ser la parte ciudadana, y por eso firman un contrato de prestación de servicios por honorarios con la Secretaría Ejecutiva, el área que maneja el presupuesto público asignado al Sistema Anticorrupción, pero generalmente no conocemos esos contratos. Necesitamos asirnos de información que nos indique los criterios para determinar sus pagos, sus horas de trabajo efectivas por semana; conocer con claridad sus obligaciones de transparencia y poder seguir en vivo –por medios digitales– las transmisiones de sus sesiones.
Los comité coordinadores son fundamentales en los sistemas anticorrupción, y ahí se concentra la mayor parte de las decisiones relevantes de los sistemas. Es de suma importancia conocer la periodicidad de sus sesiones, seguir sus transmisiones en vivo –por medios digitales–, así como el sentido de sus votos y argumentaciones.
Las secretarías ejecutivas proveen asistencia técnica e insumos al Comité Coordinador para el desempeño de sus atribuciones, por eso es clave que se transparente de forma proactiva todo el recurso que entra a sus arcas y los criterios de gasto y de contratación de personal.
Estas son sólo unas ideas para poder realizar un monitoreo de los ejes principales de los sistemas anticorrupción, pero estoy seguro que podemos sumar decenas más.
El monitoreo del sistema fue una de las prioridades establecidas por la recién creada Red Nacional Anticorrupción, una organización apoyada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y donde coinciden diversas organizaciones de los estados, como Arkemetria Social, Comité Ciudadano del Estado de Colima, Ciudadan@s por la Transparencia, Documenta, análisis y acción para la justicia social, Eges para el Desarrollo, Iniciativa Sinaloa, Locallis, Mexiro, Solidaria México y Tierra Colectiva: Ciudadanía, Género y Medio Ambiente.
Hace una semana este último grupo publicó un primer diagnóstico, donde se advierte: “en algunos estados existe opacidad en el manejo de los recursos del Sistema Local Anticorrupción. Además, ante la falta de pago a integrantes del CPC deciden limitar su participación, aun cuando los recursos, cuando llegan, se pagan de manera retroactiva. Se recomienda un modelo de evaluación de los CPC y las modificaciones legales correspondientes que permitan la remoción de cargos por falta de resultados”.
Se recomienda trabajar con grupos en situación de vulnerabilidad en el ámbito local, generar metodologías, herramientas y estrategias que pueden ser impulsadas por los CPC, impulsar procesos educativos y formativos para ciudadanizar el combate a la corrupción; se recomienda publicar información homogénea y datos abiertos. Se propone elaborar diagnósticos de la corrupción a nivel municipal que comprendan la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos, y que estén diseñados desde un modelo de gobierno abierto con el fin de elaborar planes locales anticorrupción.
Igualmente, se expone que es necesaria la vinculación efectiva entre organizaciones de la sociedad civil, los CPC y los comités coordinadores. Otra necesidad detectada es fortalecer la capacidad de negociación, sensibilidad y vinculación de los CPC con la ciudadanía.
El panorama no es nada fácil, por eso es imperativo empezar a medir, a monitorear y a transparentar los sistemas anticorrupción.
Parece una historia surrealista, pero no lo es.