La semana pasada fui invitado por la diputada Magdalena Camacho Díaz, que preside la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara local de Diputados, a una conferencia sobre la trata de personas, impartida por una especialista en la materia, Rosi Orozco, en el auditorio del poder legislativo en Chilpancingo.
En la exposición de motivos del evento, la legisladora integrante de la fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano (MC), subrayó la importancia y, por ende, la perentoriedad de legislar sobre tan deleznable delito, entendiéndolo como “toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación”
Dicha urgencia también fue enfatizada por la conferencista magistral, al recalcar que Guerrero acusaba rezago en su ley estatal por cuanto actualización, alineamiento y armonización con la ley federal respectiva. Donde se contempla tal delito como de alto impacto social y de amplio espectro presencial. Por su parte, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, que encabeza la bancada del MC, lamentó, una vez más, la lentitud de la Comisión de Justicia del Congreso Local para dictaminar las iniciativas de leyes que han presentado los del partido naranja en materia de justicia oportuna y expedita que requiere Guerrero.
Deplorable resultó que a esta conferencia hayan asistido tan solo cinco de 46 diputados que integran el poder legislativo local. Refrendan con eso el bajo perfil que tienen, a causa de su acendrado ausentismo, impuntualidad, holgazanería y vale-madrismo, con que asumen las responsabilidades legisladoras encomendadas por los ciudadanos electores y que se les retribuye económicamente con demasiada generosidad.
Días después, mi tocayo, el diputado Héctor Vicario Castrejón, presidente de la Comisión de Justicia, se quejó del “acoso legislativo” que ejercita Ricardo Mejía para que, según su versión, se dictamine al vapor en las diversas iniciativas de leyes que sobre justicia los diputados del MC han presentado. Arguye que se requiere tiempo y mucha técnica jurídica para analizar y pulir ese tipo de leyes. Cuestión en la que estoy de acuerdo con él hasta cierto punto, porque debemos ponderar la meticulosidad con la necesaria inmediatez en la aplicación de la ley para que se inhiba con mayor eficacia este tipo de delitos que no son nada esporádicos en Guerrero.
Al ir en camino a la conferencia, medité sobre las diversas tratas de personas que se presentan de antiguo en estas tierras del sur. De bote pronto, me acordé de la trata de infantes en el Zócalo de Acapulco. La prostitución sexual desparramada a lo largo de la zona de La Condesa. La venta de jóvenes indígenas púberes para fines de matrimoniales hecha por sus familiares en pueblos indígenas de la Montaña. Los trabajos forzados a que son sometidas anualmente más de 5 mil familias indígenas en campos agrícolas del norte del país por enganchadores y empresarios rurales inescrupulosos. O el acoso permanente y otorgamiento de favores sexuales a que son presionadas las edecanes y secretarias del Congreso local, so riesgo de perder su empleo de no hacerlo y que es realizado trienio tras trienio por las nuevas camadas de diputados ardorosos y fogosos que llegan al palacio legislativo.
Por lo que concluyo que, en este caso, la lentitud de aprobar una ley actualizada sobre la trata de personas de amplio espectro y con eficacia punitiva, se debe a que nuestros ínclitos diputados ¡No se quieren poner la soga al cuello!
PD1. “No entiendo, ni quiero entender”, me dijo un político acerca de la necesidad de someter metódicamente nuestras ideas y promesas a su permanente constatación de congruencia con los hechos.
PD2. El PRI ganó la gubernatura, aun cuando perdió 61 de los 84 municipios del estado, debido a la equidad de género, que obliga a los partidos a postular mujeres en la mitad de los puestos de elección, aunque no sean competitivas. Así lo declaró, Omar Fayad, flamante gobernador priista del estado de Hidalgo. ¡Chúpale pichón!