El jueves pasado tuvo lugar la quinta y última mesa de dialogo convocada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno de la república con el tema: “Posibles efectos o distorsiones en el Reparto de Utilidades una vez aprobada la reforma en materia de Subcontratación”. En dichas mesas, los participantes presentaron sus puntos de vista por medio de una plataforma digital, las cuales pueden revisarse en el portal que la Secretaría ha dispuesto en Facebook y You Tube. Acudieron a este diálogo representantes de los trabajadores y los empresarios y fueron encabezadas por la secretaria, Luisa María Alcalde. En la del día 28, dicha funcionaria invitó a algunos académicos y tuve la oportunidad de participar.
Los voceros del sector privado expresaron reiteradamente dos argumentos: el primero, que la carga que tienen que soportar las empresas es demasiado alta, sobre todo por la elevada tasa impositiva y la participación de los trabajadores en el reparto de utilidades (PTU); y segundo, que México debe mantener su atractivo para la inversión extranjera en un mercado mundial altamente competitivo. Por ello, manifestaron su oposición a lo que ellos consideraron una “prohibición” de la subcontratación y, con más insistencia, propusieron la necesidad de cambiar la ley para que la PTU no se aplique de acuerdo con un porcentaje (10 por ciento), sino con un tope de (o se convierta en un bono equivalente a) treinta días de salario como máximo.
Ambas razones son en cierta manera contradictorias pues si en México los impuestos a las empresas y la PTU son ya muy elevados, no se entiende porqué nuestro país es atractivo para la inversión extranjera. Por otro lado, algunos participantes insistieron en que la iniciativa de ley presentada por el presidente prohíbe cualquier forma de subcontratación cuando en realidad lo hace sólo en el caso de aquellos consorcios o empresas que “proporcionen o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra”. Algunos llaman a esta modalidad “insourcing”, lo cual es inexacto ya que con este término se designa más bien la ejecución de tareas por una empresa que antes realizaba otra.
En realidad, lo que se intenta prohibir es que haya una simulación y que una empresa (frecuentemente del mismos consorcio o dueño) maneje la nómina y la administración de personal que labora en otro establecimiento. De esta manera, el corporativo puede eludir el pago de algunas prestaciones, incluyendo el reparto de utilidades, pero también la negociación colectiva y la sindicalización. Se trata en realidad, como expresé en el turno de mi intervención, de una forma de contratación arreglada para omitir diversas obligaciones legales. Los empleados subcontratados bajo este esquema tienen los salarios más reducidos del mercado, muy pocos están inscritos en el IMSS, y, en su gran mayoría, no cuentan con un sindicato ni un contrato colectivo pactado.
En cuanto al asunto de la PTU, me permití señalar que México es un país muy desigual: el decil más pobre de la población apenas recibe el 1.8 por ciento del ingreso total mientras que el diez por ciento más rico acapara casi el 34 por ciento. Incluso el 80 por ciento de la población recibe el 50 por ciento del ingreso mientras que el 20 por ciento más afortunado concentra el 50 por ciento restante. Esto ha provocado un Índice de Gini de 0.469 que es uno de los más altos (y por lo tanto indica una mayor desigualdad) de los países de la OCDE.
Lo anterior es en parte debido al desequilibrio entre salarios y ganancias en la producción. En el cuarto trimestre de 2019, según cifras del Inegi, la remuneración de los asalariados fue de 27.75 por ciento del PIB mientras que el excedente bruto de operación concentraba casi el 45 por ciento. Como se sabe, los salarios promedio (no sólo el mínimo) de México son también muy reducidos ocupando casi el último lugar de los países de la OCDE. En cuanto a la carga fiscal, destaca el hecho de que los impuestos a la propiedad son casi insignificantes, apenas 0.328 por ciento del PIB, mientras que en otros países, por ejemplo, Chile o Colombia, representan entre el 1. 118 y el 1.787 por ciento. El promedio de la OCDE es de 1.856 por ciento, es decir, seis veces mayor.
De esta manera puede afirmarse que hay un espacio muy amplio para mantener las disposiciones vigentes del reparto de utilidades y que las dificultades de las empresas no obedecen a un alto costo de la fuerza de trabajo. Hay que señalar, además, que esquemas similares, de “profit-sharing”, existen en varios países del mundo, entre ellos, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, aunque con distintas particularidades.
Sin duda, las bajas remuneraciones de la mano de obra han sido un atractivo para las inversiones externas pero este modelo se está agotando. El T-MEC formado con Estados Unidos y Canadá dedica todo un capítulo y un conjunto de previsiones dedicados a México, para impedir las empresas sigan abusando de estas condiciones. Insistir en esa ventaja comparativa y en reducir o cancelar la PTU, y mantener el artificio de esa modalidad de subcontratación, va en contra de la letra y el espíritu del Tratado y puede generar un malestar entre los gobiernos y parlamentos de nuestros socios comerciales. Y, sobre todo, hay que reiterarlo, la PTU es un mecanismo redistributivo que mal haríamos en suprimir dadas los niveles de desigualdad existentes y la porción tan reducida que corresponde al trabajo en el PIB total.
Según mi apreciación, los representantes patronales, desafortunadamente, no mostraron voluntad para mejorar, de alguna manera, la situación deplorable de desigualdad y pobreza laboral existente en nuestro país y, en cambio, insistieron en sacar ventaja del diálogo abierto por el gobierno para mantener los esquemas de subcontratación fraudulentos, o para cambiar la ley y la naturaleza de la PTU si se aprueban las reformas a la LFT. Según su punto de vista, este mecanismo debe convertirse en una prestación de un monto fijo en lugar de una forma de compartir la bonanza de las empresas. Este intento de cambalache, catafixia o quid pro quo, es una mala señal de la llamada iniciativa privada; un intento oportunista y perverso para terminar con una conquista laboral que se obtuvo desde el Constituyente de 1917.
Es cierto que ha faltado, por parte del gobierno, una política de recuperación económica que incluya mayores apoyos a las empresas, sobre todo a las micros y pequeñas. Sin embargo, en lugar de intentar formar un frente común con los sindicatos y la sociedad para construir un plan que ofreciera mejorías para todos, simplemente se decidieron por la táctica de la presión política basada en falsedades o hipótesis muy cuestionables, manifestando una falta de solidaridad con la población trabajadora y con la desgracia que ha sufrido la inmensa mayoría de los mexicanos debido a la pandemia.
Si realmente quisieran discutir un plan de recuperación económica inclusiva, que abarcara ventajas o ayudas a las empresas y los asalariados, sería bueno, por ejemplo, poner en la mesa de diálogo, la posibilidad de mejorar la recaudación que grava la propiedad, no sólo de activos inmobiliarios sino también financieros en manos de personas físicas. Con ello mejorarían las finanzas públicas, habría mayores recursos para la recuperación económica y se afectaría sólo a una porción de la sociedad, la que posee grandes propiedades inmobiliarias e instrumentos financieros cuantiosos. A cambio de estas aportaciones a cargo de las personas más prósperas (acaso el 1 por ciento), las empresas podrían obtener mejores condiciones fiscales, los trabajadores podrían conservar sus empleos (hoy en riesgo por los cierres motivados por las medidas sanitarias), y negociar sus salarios y prestaciones en mejores condiciones. La negociación que escuché en esos diálogos, por voz de los representantes empresariales, va en sentido contrario: lo que algunos llaman un juego de suma cero. Ganar a costa de las pérdidas de los otros.

saulescobar.blogspot.com