Remontémonos un momento a 1959, época de gran auge y desarrollo del país, por cierto, año en el que según algunos historiadores y cinematógrafos concluye la época de oro del cine mexicano; México, era presidido por Adolfo López Mateos, abogado, orador, bibliotecario y hombre muy cercano a José Vasconcelos, quien fuera el primer secretario de Educación en México y noveno rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; en su mandato, precisamente en ese año, López Mateos enfrentó una serie de presiones a consecuencia de la crisis internacional ocasionada por la victoria de la revolución cubana. Debía tomar una decisión: reconocer el gobierno de Cuba, encabezado por Fidel Castro, o hacer lo contrario y votar a favor de la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos (OEA); y fue el único país de la OEA que votó en contra.
Tras casi 50 años de la expulsión de Cuba, en el seno de la OEA se acordó derogar la resolución VI, la cual apartó a Cuba del organismo interamericano, en lo que varios ministros de Exteriores llamaron “una corrección histórica”.
Hoy, a 60 años de distancia, el presidente Andrés Manuel López Obrador vive una situación similar a la de su antecesor López Mateos, pues su gobierno ha decidido no reconocer al autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela Juan Guaidó; dicha decisión la sustenta en aquello que protestó cumplir y hacer cumplir el día que asumió el cargo: la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, pues el artículo 89 señala que en la conducción de la política exterior el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. En ese sentido, el primer gran reto internacional que se le presenta al gobierno encabezado por López Obrador es soportar las presiones internacionales a consecuencia de la posición que ha adoptado; la cual parece no cambiará.
Pero vayamos a lo sucedido en Venezuela durante el 2018.
Tradicionalmente, las elecciones en Venezuela se llevan a cabo en el mes de diciembre, sin embargo la oposición venezolana demandó que se adelantaran a mayo de 2018. Se postularon seis candidatos: Nicolás Maduro, Henri Falcón, Javier Bertucci, Reinaldo Quijada, Luis Alejandro Ratti y Francisco Visconti Osorio, siendo el vencedor el presidente Maduro con 6 millones 248 mil 864 votos; el contrincante más cercano, Henri Falcón solamente obtuvo un millón 927 mil 958 votos. Entre esos dos candidatos hubo una diferencia de 46.91por ciento.
Como estudioso de las relaciones internacionales, considero que la postura del presidente de México es correcta. Primero, porque está acatando lo que la Constitución le dicta (no intervención y autodeterminación de los pueblos); por otro lado, aquellos que llaman ilegítimo al presidente Nicolas Maduro olvidan que las elecciones que lo ratificaron en el cargo se hicieron bajo el mismo sistema electoral usado en los comicios parlamentarios de 2015 en las cuales triunfó la oposición venezolana, que se hizo de la mayoría en la Asamblea Nacional, el Congreso de aquel país.
El sistema electoral venezolano garantiza que los votantes puedan emitir sólo una vez su voto, pues es sometido a varias auditorías antes, durante y después de los comicios (se le realizaron 18 auditorías al sistema y los representantes del candidato Henri Falcón estuvieron presentes en todas; firmaron las actas de conformidad con dicho sistema). El sistema sólo es activado con la huella dactilar de las personas, la cual desbloquea la máquina de votación.
Por último, es importante mencionar que ninguno de los candidatos que contendieron por la presidencia impugnó el resultado de esa elección; por tal motivo, no veo razón alguna para afirmar que la presidencia de Maduro carezca de legalidad.
Una vez analizado lo ocurrido en 2018, y como ya sabemos, en 2019, un joven de 35 años, Juan Guaidó, el presidente más joven en la historia de la Asamblea Nacional de Venezuela se autoproclamó presidente y encargado de ese país. En su mensaje, afirmó que se declaró de ese modo para lograr el “cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres”; pero insisto, no veo razón alguna para afirmar que Nicolas Maduro está usurpando la presidencia del Venezuela; podrán existir otros temas, como el mal manejo en las finanzas públicas, la increíble inflación, temas relacionados a violaciones de derechos humanos, pero usurpación, no.
No simpatizo con algunas decisiones que ha tomado el gobierno de Maduro, quien debe de iniciar un proceso de diálogo con la oposición y si es necesario, por la paz y el bienestar del pueblo venezolano, volver a llamar a elecciones con la presencia de observadores internacionales, garantizando la legalidad y transparencia del proceso. Sin embargo, siguiendo los hechos que acabo de mencionar, el legítimo presidente de Venezuela es Nicolas Maduro y haría mal el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al no reconocerlo.
El historiador Enrique Krauze comentó en una red social: “Si todos en México repudiamos a Pinochet y a los generales genocidas de Argentina, ¿por qué no rechazar ahora la dictadura de Maduro?” Es claro, Augusto Pinochet era un dictador, pues no llegó al poder vía elecciones libres, dsino mediante un golpe de Estado. Él estaba al frente de los militares que asesinaron al presidente por el que votaron los chilenos. Por esa simple y sencilla razón, México rompió relaciones con el régimen militar que derrocó al gobierno de Salvador Allende.
El gobierno de México únicamente puede invitar a Maduro y Guaidó para tratar de conciliar y solucionar este conflicto por la vía pacífica, respetando siempre los derechos humanos y jamás deberá olvidar lo que mandata nuestra Constitución: “no intervención y autodeterminación de los pueblos”.