En México, el poder fáctico no sólo asesina periodistas: con esa práctica se vacía el territorio de testigos, escribí en este espacio hace unas semanas. Los meses transcurren, pero cada vez con menos posibilidad archivo, con menos posibilidad de una memoria común o posibilidad de contraste entre la narrativa del poder y la de la colectividad en todo el país. Y Veracruz acaba de actualizar esa tesis con una precisión brutal.
A principios de junio, Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad en Nanchital, Veracruz. Hombres armados irrumpieron en su domicilio. Su familia fue agredida. Parte del ataque quedó grabado. La Fiscalía General de la República atrajo la investigación. Días después se anunciaron detenciones vinculadas al caso. Según reportó la agencia informativa AP, entre los detenidos hay cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste y dos civiles. Según el diario El País, uno de los arrestados fue identificado por aparecer en el video del ataque. Al momento de cerrar esta columna, Roxana Guzmán aún no ha sido localizada.
Nueve días después del secuestro de la periodista, el 11 de junio, Luis Ángel López Valdez, reportero de Vanguardia de Veracruz, fue asesinado en la colonia Cazones de Poza Rica. La organización Artículo 19 pidió a las autoridades no descartar su labor periodística como línea de investigación. Pero el dato decisivo es este: Luis Ángel contaba con medidas básicas de protección otorgadas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas desde febrero pasado, después de denunciar hostigamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
No estamos, entonces, como aseguran algunos, frente a la ausencia absoluta del Estado mexicano. Estamos frente a algo más grave: una presencia insuficiente, fallida, pero aquiescente, cómplice. El Estado había reconocido el riesgo. Lo había registrado. Lo había clasificado. Había dictado medidas básicas. Cuatro meses después, Luis Ángel fue asesinado. Una medida de protección que no protege no es una garantía, es una coartada burocrática.
De acuerdo con Artículo 19, Veracruz es el estado con mayor registro de asesinatos de periodistas desde el año 2000: 33 casos. El más reciente es Luis Ángel. Pero antes, el 8 de enero de este mismo año, también en Poza Rica, fue asesinado Carlos Leonardo Ramírez Castro, periodista independiente enfocado en cobertura de seguridad. Artículo 19 condenó entonces el crimen. El Comité para la Protección de los Periodistas también pidió investigar si el asesinato estaba relacionado con su trabajo.
La continuidad también puede leerse por sexenios. Según el recuento de Artículo 19, desde el año 2000 han sido asesinados en México 177 periodistas y personas comunicadoras en posible relación con su labor. De esos casos, 47 ocurrieron durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y 10 se han registrado ya en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Otros conteos, como el de Propuesta Cívica y reportes retomados por Reporteros Sin Fronteras, elevan a 12 los comunicadores asesinados en el actual sexenio. Incluso las cifras más prudentes muestran que el cambio de gobierno no interrumpió la maquinaria.
Lo que se percibe es el mismo patrón territorial: periodistas y comunicadores locales expuestos a una violencia que no sólo busca castigar una publicación, sino clausurar la posibilidad de que una comunidad se mire a sí misma. Porque allí está el punto. Cuando se llevan a una comunicadora local, no desaparece sólo una persona de una estadística: desaparece una voz que nombraba. Cuando asesinan a un reportero policiaco, no matan sólo a quien cubría hechos de seguridad: cercenan una continuidad de registro. Cuando un portal regional queda bajo amenaza, no se pierde nada más una página en internet: se pierde una zona de visibilidad. Esos espacios los ocupan la versión oficial, la versión criminal, el boletín de la fiscalía y el miedo de la colectividad.
La violencia de un narco-Estado no sólo mata: disciplina. Disciplina a quien sobrevivió, al medio pequeño que decide no publicar, al reportero que baja una nota, a la familia que pide silencio, a la comunidad que entiende el mensaje de esta especie de didáctica del terror. Eso es un país sin testigos: no un país donde nadie sabe lo que ocurre, sino un país donde muchos saben y ya pocos pueden decirlo.
Por eso Veracruz importa tanto. Porque muestra la continuidad de una maquinaria que no depende de un solo gobierno ni de un solo partido. La violencia contra la prensa ha sobrevivido a sexenios, alternancias, fiscalías y mecanismos. Y cuando el Estado no puede proteger ni siquiera a quien ya había sido reconocido como vulnerable, la pregunta deja de ser administrativa, se vuelve moral y política.
La privación de la libertad de Roxana Guzmán y el asesinato de Luis Ángel López Valdez no son episodios separados. Son una actualización brutal de la misma tesis: en México no sólo se ataca a periodistas sistemáticamente, se desmonta la posibilidad de que los territorios conserven memoria pública de su propia violencia. Y sin esa memoria, gana la fuerza. Gana quien impone la versión a base de miedo. Gana quien borra a las voces de quienes incomodan.