EL-SUR

Miércoles 28 de Septiembre de 2022

Guerrero, México

Opinión

Verdades que pesan

Héctor Manuel Popoca Boone

Mayo 27, 2017

A 18 meses de la administración del gobernador Héctor Astudillo, los índices de violencia e inseguridad, además de mantenerse altos, han mostrado la pérdida parcial de control y eficacia de las instituciones de seguridad y justicia en ciertas regiones del estado.
Tenemos algunas estructuras gubernamentales (estatales y municipales) donde las organizaciones criminales han sentado sus reales y son las que verdaderamente gobiernan, a punta de metralla, de amenazas, robos, extorsiones y asesinatos de la población. En ciertas partes del estado la población se ha levantado en armas para resolver por sí misma su seguridad familiar y patrimonial.
Estamos ante una guerra civil de baja intensidad, donde las víctimas más dolientes son las ciudadanas y ciudadanos de a pie; mujeres, jóvenes, estudiantes, niñas y niños, cuyas muertes son consideradas por el gobierno tan solo como daños colaterales en sus estrategias de seguridad pública.
La única salida que vislumbran los gobernantes es militarizar la seguridad pública y los campus universitarios, dejando en segundo plano la depuración y certificación de las corporaciones policiales, la autonomía universitaria y la lucha a fondo contra la corrupción y la impunidad.
Ha quedado demostrado que los cuerpos de policías (sobre todo municipales) están infiltrados por el crimen organizado y, por otro lado, no se constatan acciones contundentes para desmontar esas estructuras.
La extorsión forma parte de los delitos más frecuentes que se cometen, tanto por parte de los malosos (derecho de piso o cuota) como por el gobierno (moches). Se le otorga impunidad, desde el poder legislativo estatal, al considerarlo de gravedad menor. Ante un delito, es riesgoso y poco confiable, solicitar la intervención de las autoridades correspondientes, debido a que han tejido vínculos y contubernios vergonzantes con las organizaciones criminales.
La maraña de intereses mafiosos de buena parte de los políticos, les ha permitido desatenderse de las demandas más sentidas de la población, lo que nos está llevando a una situación de ingobernabilidad regionalizada.
En términos generales, no hay en los distintos niveles de gobierno una efectiva rendición de cuentas, un ejercicio transparente de los recursos y una entrega de resultados constatable. El ocultamiento de información a la ciudadanía sigue formando una parte importante del estilo de gobernar en Guerrero. Empezando por los diputados y sus oscuros ingresos mensuales. Los gobernantes, legisladores y funcionarios públicos se asumen como dueños del quehacer gubernamental y se colocan por encima de las leyes escudándose en el fuero que detentan.
El gobierno estatal culpa a la administración antecesora de todo lo que pasa, para eludir su propia responsabilidad, a pesar que ya lleva gobernando más de año y medio; se ha vuelto simple vocero de los hechos violentos, pregonando permanentemente la realización de investigaciones infructuosas para dar con los responsables.
El desbordamiento de la violencia no se debe tan solo al poder de las organizaciones criminales, sino al cobijo que le ha brindado una clase de políticos que lucran con el poder y gobiernan de espaldas a la sociedad. La descomposición del poder político ha vulnerado seriamente al Estado de derecho. No habrá paz, ni orden, mientras no haya una trasformación profunda del actual sistema de justicia y de seguridad estatal. Al PRI, eso no le interesa.

PD1. A partir de la lectura de un ensayo de Tlachinollan. (El Sur, 24/04/2017).

PD2. Las inminentes alianzas inter-partidarias, anti-axiológicas, empujan a que mis personalísimas preferencias electorales para el 2018, se vayan inclinando más por las personas que por los partidos. Por lo que les adelantó dos (hasta esta fecha): López Obrador para presidente de la república y Luis Walton para senador por Guerrero.

PD3. Frente a los comicios en el Estado de México, el presidente de la república se ha convertido en un vulgar mapache electoral y corruptor de voluntades. Pobre país. Miseria de miras de Peña Nieto. El INE con su parcialidad ya “valió madres” como institución confiable para 2018.