ESTRICTAMENTE PERSONAL

Hace algunos lustros, un gobernador de un estado del norte del país se quejó con el cuñado del entonces presidente que un general “tenía plantado el estado con droga”. Había acudido ya a la Secretaría de la Defensa para pedir su remoción, pero no se había dado. El procurador general dijo que el asunto era “muy delicado”, pero tampoco hizo nada. Su última opción era Los Pinos, donde sí hubo una respuesta: le quitaron al general de su zona. El gobernador no pudo cantar victoria por mucho tiempo. Poco después, el Ejército aseguró un rancho de 100 hectáreas donde seis de ellas estaban plantadas con drogas. Resultó que era propiedad del hermano del gobernador. De esto, nada se supo públicamente. Los narcotraficantes afectados por el abasto tampoco desataron una ola de violencia. Omertá, la palabra siciliana de silencio, era el código; quid pro quo, el nombre del juego.

Desde que el fenómeno del narcotráfico se convirtió en un problema político, tras el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, y la relación con Estados Unidos se narcotizó y contaminó todos los tejidos sociales en México, sucesivos gobiernos federales obtuvieron sus posgrados perfeccionando los equilibrios entre la delincuencia organizada y equilibrando la correlación de fuerzas con el Estado mexicano con el propósito de crear gobernabilidad. Es decir, acuerdos implícitos fueron labrados para que el crimen organizado pudiera operar sus negocios sin alterar la vida pública. Cuando un joven procurador del Distrito Federal asumió el cargo, acudió por consejo a un viejo sabio, quien le recomendó negociar de inmediato con las mafias capitalinas. “¿Cómo le hago?”, preguntó. Fácil, le respondió: llame a sus comandantes de policía, les dice que le digan a los capos de la delincuencia en qué zonas de la ciudad no quiere que se metan, que no roben, que no secuestren, que no asesinen, y que les regala el resto del territorio.

Ese joven procurador renunció aterrorizado casi de inmediato, sin entender que ese modus operandi no era sólo mexicano sino internacional. Una vez, en una plática privada, el entonces alcalde de Washington fue interrogado por un diplomático cómo hacía que el noroeste de la capital estadunidense nunca fuera objeto del crimen. “Pactamos con las mafias”, respondió cándidamente ante su estupefacto interlocutor. “Les decimos que los queremos fuera del noroeste –donde se encuentra toda la actividad política y diplomática– y les damos el sureste –donde la policía no entraba siquiera”. En Japón, hay un arreglo tácito donde a la Jakuza –la mafia– les permiten sin molestar que manejen el juego y la prostitución, a cambio de que tengan limpias las calles de asaltos y crímenes.

En el caso mexicano, cada gobierno federal apuntaba en contra de un cártel sin golpear sustantivamente a los demás. Al mismo tiempo, había gobiernos estatales que, sin negociar, entraban al terreno de los acuerdos no escritos donde, a cambio que les permitieran gobernar les permitían operar sus negocios de la misma manera como aquél alcalde de Washington lo solía hacer. Este tipo de acciones ayudaba a que la violencia se concentrara por zonas, sin alcanzar a generalizarse, con lo cual se evitaba la percepción de un entorno de violencia descontrolado. Un quiebre en esa dinámica se ha dado en este gobierno, que se estrenó en la materia con la fuga de El Chapo Guzmán a los 50 días de haber asumido la Presidencia Vicente Fox.

Su extraña fuga de un penal de máxima seguridad en Guadalajara marcó el rompimiento de ese frágil equilibrio. Por razones inexplicables, Guzmán parece gozar de impunidad. En cuando menos dos ocasiones el entonces coordinador de Seguridad Nacional del gobierno foxista, Adolfo Aguilar Zinser, declaró que estaban a punto de arrestar al narcojefe. Si las declaraciones tenían fundamento en la información de que disponían o si sirvieron sólo para alertarlo –producto, en el mejor de los casos de la ingenuidad política de declarar–, el resultado fue el mismo: no se le detuvo. Reportes de que lo han visto en Culiacán no han sido desmentidos y tampoco propiciaron acciones en su contra. En cambio, como aseguran las autoridades, ciertamente se ha detenido a todos los capos de todos los cárteles restantes.

Un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional señala que en los últimos cinco años se realizaron 29 operaciones de “alto impacto” en el combate al narcotráfico, particularmente en el noroeste del país. Las operaciones se concentraron en una vasta franja que corre desde la frontera con Estados Unidos hasta la parte baja de Sinaloa, en un corredor entre los estados de Sinaloa y Durango, Durango y Chihuahua, y Chihuahua y Sonora. En el mismo reporte se glosa las detenciones de los capos, que es un catálogo impresionante de delincuentes: los jefes de los cárteles del Golfo, del de Tijuana, del Milenio, de los Amezcua, y lugartenientes y operadores clave del Cártel de Juárez. En este periodo destruyeron redes financieras y logísticas, confiscaron 102 aeronaves y destruyeron 3 mil 500 pistas de aterrizaje. Todos los cárteles, salvo el Sinaloa y de Juárez, perdieron a sus dirigentes; sólo al de El Chapo Guzmán no le detuvieron lugartenientes ni operadores.

En este entorno, Guzmán se ha ido a disputar territorios de otros cárteles. Se metió a Tamaulipas a disputarle a Osiel Cárdenas el control de las plazas, y hoy en día la frontera con Texas, y en especial Nuevo Laredo, son campos de enfrentamientos callejeros cotidianos. Amplió sus rutas terrestres y se metió en Guerrero, trastocando la vida en lo que era un relativamente apacible destino turístico. Se corrió también a Michoacán, queriendo arrebatar su                                               territorio a otros cárteles. Las consecuencias son totalmente visibles: hay ejecuciones en todo el país, que han convertido en campos de batalla campal ante la mirada, a veces pasiva, de las autoridades, que de alguna manera alteraron ese viejo equilibrio y el país parece escapárseles de las manos.

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