La violencia en Guerrero viene de antiguo, hay quienes afirman que la armonía nunca ha sido característica ni rasgo de carácter de los guerrerenses. Su combatividad se remonta tanto como la antigüedad de su pasado, no sólamente desde la década de los 1970 cuando lo gobernaba don Rubén Figueroa Figueroa, a quien siempre se comparó con cacique, priista antiguo que sostenía que sin gobierno nada puede funcionar, de ahí su comportamiento duro e intransigente.
En Guerrero difícilmente puede hablarse de un estado en paz, pero en el decenio reciente la actividad criminal se desbordó, en relación directa con la pérdida de capacidad de sus gobernantes para dar ejemplo, marcar rumbo y gobernar. Los hechos dicen siempre más que las palabras y mucho más que los discursos cargados de frases hechas o los programas que fracasan y fracasan, pero la realidad es más terca. Lo ocurrido en los días cercanos confirma que estamos ante el recrudecimiento de un fenómeno incontrolable para las autoridades.
Los ejecutados el fin de semana en Acapulco, la familia exterminada el sábado en Tepecoacuilco, casos en los que entre los muertos hay mujeres, adolescentes, niños; el homicidio en Tixtla de un juez de paz, el asesinato del alcalde de Pungarabato, son sólo algunos de los hechos de violencia criminal más sonados en los últimos días.
Por si los casos notables no causaran suficiente alarma, la estadística nos da una panorámica tan fría como terrible: Guerrero continúa consistentemente posicionado como la entidad más violenta del país, y Acapulco como la ciudad más peligrosa del estado y del territorio nacional. Más de mil asesinatos se han cometido ligados a la delincuencia organizada en suelo guerrerense en lo que va del año, y cerca de la mitad de estos hechos de sangre han ocurrido en el puerto.
Planes van y programas vienen para tratar, ya no de resolver, por lo menos paliar la macabra situación. Ahora, nada menos, han vuelto grandes contingentes de soldados y policías federales para repetir un ciclo más de una espiral sin fin. Llegan, medio patrullan, la criminalidad desciende, los delincuentes esperan con paciencia, las fuerzas federales se van y todo vuelve a la normalidad, es decir, a la violencia sin freno, los ajustes de cuentas, los crímenes contra quienes traicionan a los capos, se oponen a ellos, o simplemente no pagan su derecho de piso.
Ante el desastre sin visos de solución, los actores políticos de plano optan no por hacer algo, sino por ver cómo le echan la culpa a los de enfrente.
Así, el alcalde acapulqueño acusa a los gobiernos del estado y de la federación, porque su actuación es “insuficiente, poco estratégica y sobre todo sin efectividad”.
Luego, el secretario de Gobierno del estado acusa al presidente municipal del puerto de Acapulco por sus mensajes de inmadurez e imprudencias, por omisión e irresponsabilidad en la materia, y al tiempo que le reclama no confundir hechos de seguridad con problemas políticos, como le dice una cosa le dice otra: en el tema de violencia e inseguridad “Guerrero vive las consecuencias de las administraciones del PRD”. Por supuesto ese partido ahora pide lo conducente, que renuncie Florencio Salazar.
El gobernador Astudillo, sin deseos de alborotar más el gallinero, recurre más bien a consejos paternales con las autoridades municipales, los llama a cuidarse, a no salir de noche, a extremar sus precauciones. Eso a los alcaldes, que pueden tener escoltas y patrullas a su servicio, aunque ya vimos como en el caso de Pungarabato, que tampoco sirven para mucho. De los ciudadanos de a pie, de los que salen de su casa a sus labores en el campo o en pueblos y ciudades, que transitan y viven sin protección policial aunque la invoquen, ya ni hablar.
Lo que sí llama la atención es la declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien sobre estos hechos que hasta a alcaldes y otros personajes de gobierno afectan, advierte que “simple y sencillamente no pueden ser tolerados en nuestro país”.
Afirmación que desde luego reconforta.
Sin embargo tanto se han repetido condenas a la violencia y presentado programas que resolverían el problema, deseos que no se han vuelto a realidad.
El fin de semana, la percepción nacional de incapacidad para detener la ola de violencia que lleva ya un decenio de azotar al país vuelve a destacarse en las primeras planas de los periódicos y en la nota principal de programas informativos de radio y televisión. De las redes sociales, mejor ni hablar. La realidad va por su lado y el gobierno por otro, sin que tengan un punto de encuentro.
La violencia es un cáncer cuyo origen o causa es muy difícil determinar, lo que sí es seguro es el daño que produce en el ánimo del pueblo. Por eso su manejo político y mediático es tan delicado. Los gobernantes creen que a los delincuentes se les convence a periodicazos o con discursos. Violencia genera violencia y las autoridades caen en la provocación de creer que anunciando ambiciosos y definitivos programas los delitos disminuyen. El tema lleva a los gobernantes a un callejón sin salida. La experiencia ya se ha repetido en el nivel federal y en otros estados de la república, incluido Guerrero. Pero nadie experimenta en cabeza ajena. La delincuencia se resuelve con hechos, no con discursos, que sólo alimentan el deseo de los medios por vender más con la creencia de que la nota roja atrae audiencias. Algunos funcionarios creen que con el programa Guerrero Seguro la gente no para de aplaudir, es parte de su fantasía, pero la realidad, la terca realidad, es diferente, va por su lado.