Se volvió lugar común atribuir el primer lugar de los problemas del país al crecimiento de la violencia, la inseguridad, la delincuencia y la impunidad. Es cierto y los hechos cotidianos lo confirman.
Más allá de la contundencia de las estadísticas por barrios, municipios, estados y el propio país completo, la percepción, el sentimiento y la sensación de mayor inseguridad es el rasgo fundamental de este tiempo. Campañas han ido y venido, tanto civiles como militares, acompañadas de la publicidad correspondiente, sin que los resultados hayan producido siquiera la sensación de neutralización y mucho menos de disminución del miedo, la incertidumbre y el riesgo de ser objeto de cualquiera de los delitos que atentan contra nuestra integridad.
No obstante, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador insiste en que este problema es la expresión de la injusticia, del aislamiento, del retraso económico, social y cultural de amplios e importantes sectores de la población, en especial los jóvenes, las mujeres, los ancianos y los niños.
En efecto, en tanto no se disponga de buenos sistemas de atención médica garantizada para toda la población, en tanto el sistema educativo siga emproblemado y deficiente, difícil será dar el golpe certero al de la seguridad.
El avance ahora, sin embargo, está desde el enfoque mismo. Se descarta que se deba hacer promoción y publicidad al combate al narcotráfico, al crimen organizado y a la delincuencia en general. Están descartadas, para bien, costosas campañas mediáticas de autoelogio y autopromoción en este rubro. Lejos de inhibir el problema, los estudiosos de la comunicación saben que todas esas estrategias produjeron el efecto contrario, es decir se convirtieron en mercadotecnia de la violencia, la inseguridad, el miedo a la población.
En este país en que la violencia se ha vuelto el común denominador, resulta sin embargo singular la marcha que el reciente fin de semana encabezó la familia LeBaron, junto con otras personalidades, en la cabecera municipal de Chilapa.
Clasificado en los pasados años como uno de los municipios más peligrosos de Guerrero y del país, Chilapa ha sido noticia nacional nuevamente luego de que, a principios del año, en uno de sus caminos fueron emboscados y acribillados diez músicos de la región, un par de ellos menores de edad. Sus cuerpos fueron calcinados y uno de sus vehículos desbarrancado. Como siempre, sus asesinos están impunes, aunque se sabe que pertenecen a una de las bandas de delincuentes que controlan la zona.
Chilapa es también el pueblo donde un grupo de autodefensa ha incorporado a jóvenes y niños a sus filas, y recientemente exhibió a 19 de ellos en prácticas de entrenamiento para defender a su comunidad. Esto ha sido muy mal visto por las asociaciones de derechos humanos, como un atentado a la infancia, aunque uno de los padres de familia del lugar ha señalado que los menores corren el riesgo de ser secuestrados e integrados a los grupos criminales en su vida cotidiana, por ejemplo, cuando asisten a la escuela.
En Chilapa, los datos recopilados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos muestran que de 2011 a 2018 hubo casi un millar de víctimas de la violencia. Se contabilizaron más de 300 desaparecidos y 632 asesinados.
Los LeBaron, a su vez, son parte de las comunidades mormonas asentadas desde hace un siglo en localidades de Chihuahua, que se han vuelto harto conocidos a nivel nacional e internacional por el asedio que han recibido, igualmente, por bandas de delincuentes. Su más reciente tragedia ocurrió en noviembre del año pasado, cuando una decena de mujeres y niños fueron acribillados en un camino de la sierra de Chihuahua colindante con Sonora.
Desde entonces, los LeBaron han intensificado su activismo, como parte del cual encabezaron una caravana que marchó a pie desde Cuernavaca hasta el Zócalo de la ciudad de México, hace unos días. Ahora estuvieron en Chilapa, donde las demandas comunes son muy simples: paz y justicia.
Sabido es que la violencia tiene uno de sus orígenes claros y de fondo, además de las fallas del sistema penal y de justicia, en la desigualdad económica y la falta de oportunidades para la población.
Lamentablemente, las noticias en ese rubro no son buenas. Un comunicado reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que da a conocer el resultado del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) al tercer periodo de 2019, muestra que la economía guerrerense está en recesión, luego de dos trimestres con decrecimiento, o crecimiento negativo, como gustan de decir los economistas. Con respecto a 2018, Guerrero ha caído uno por ciento.
Por si eso fuera poco, los recursos federales, ya disminuidos en 2019, caerán todavía más en 2020, pues tendremos una tercera parte menos en programas de subsidios y tres cuartas partes menos en proyectos de inversión.
Con todo ello, el futuro no se advierte halagüeño para el estado y sus habitantes. No se ve cómo salir del embrollo. Claro, se puede tener el consuelo o la justificación de que todos los estados del país ya están en las mismas, que Guerrero ya no es el líder en violencia, lugar que hoy le disputa Guanajuato, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco y muchos otros punteros. Pero eso es sólo un pretexto. Habrá que reconocer que debe irse a las causas: mejor distribución de la riqueza y oportunidades de salud, y educación pública para todos.