Las comunidades del Balsas y de la sierra están al borde del colapso, porque se les ha abandonado por siglos y se les ha dejado en manos de empresas depredadoras y de los grupos de la delincuencia organizada. No podemos apostarle al desarrollo minero, cuando no se están atacando de fondo los grandes problemas de inseguridad y pobreza que enfrentan.

El martes 30 de agosto el presidente Enrique Peña Nieto anunció una nueva estrategia de seguridad en los 50 municipios más violentos del país, durante la 40 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP). Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Iguala, Coyuca de Benítez y Zihuatanejo son las seis ciudades catalogadas como las más violentas del estado, ocupando Acapulco el deshonroso primer lugar nacional. La nueva estrategia está comandada por el Ejército, la Marina, la gendarmería y las policías federal, estatal y municipal.
Sin reparar en el grave daño que han ocasionado a la sociedad y a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, este miércoles 7 de septiembre, 50 vehículos del ejército con soldados del 27 batallón de infantería, patrullas de la policía estatal y federal, así como 40 elementos de la policía municipal de Iguala, realizaron una demostración de fuerza en esta ciudad. A las autoridades no les importa en lo mínimo que efectivos del Ejército del 27 batallón y las corporaciones policiacas tengan responsabilidad sobre la desaparición de los 43 normalistas, como claramente lo señaló en su segundo informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado el 24 de abril de este año.
Se trata de la misma estrategia calderonista nada más que remozada y son los mismos cuerpos castrenses y policiacos que tienen responsabilidad en la desaparición de los estudiantes, los que vuelven por sus fueros en Guerrero, dejando en el olvido sus tropelías. La misma historia se repite. Los agentes del Estado que son responsables de desapariciones y ejecuciones son protegidos y premiados por sus superiores, encomendándoles otras tareas, para que continúen haciendo el trabajo sucio dentro del gobierno. La población agraviada es la primera que reprueba estos operativos porque sabe que son para atemorizar a la gente y exhibir su poder depredador.
El hecho de que aparezcan militares en las colonias de Acapulco y en el mercado de Chilpancingo, entregando tarjetitas a la gente para que denuncie los delitos, no es más que una burda maniobra, cuando lo que en verdad se requiere es atacar en serio el embate del crimen organizado. Se tiene que arrancar de raíz la impunidad y la corrupción que persiste dentro del sistema de seguridad y justicia estatales. La gente no confía en los elementos castrenses y policiacos que están coludidos con el crimen organizado. No hay manera de creer que van a revertir la violencia si no hay una depuración desde las entrañas de los cuerpos de seguridad. A pesar de la nueva estrategia de seguridad, los asesinatos siguen consumándose diariamente.
Lo último que sucedió este fin de semana fue el asesinato de dos jóvenes en el bulevar Eucaria Apreza de Chilapa el pasado viernes por la noche, además cinco personas fueron atacadas a balazos este sábado, en diferentes colonias de Acapulco. Siete asesinatos y un ataque al cuartel de la policía estatal ubicado a un costado del penal de Las Cruces, en dos de las cinco ciudades más violentas de Guerrero fue el saldo de esta nueva estrategia de seguridad.
Las visiones cortas y simplistas que tienen las autoridades estatales sobre la violencia que impera en Guerrero son de suma preocupación, porque a unos días de que cumpla un año el gobierno de Héctor Astudillo no vemos un planteamiento claro sobre cómo revertir estos índices escandalosos de la violencia. Todo lo que se ha hecho proviene del gobierno federal, que también se ha focalizado en el envío de más tropa a los municipios más violentos. Sin embargo, la delincuencia sigue intocada porque mantiene el control de varias regiones del estado.
Es lamentable lo que comentó recientemente el secretario de Fomento y Desarrollo Económico, Abel Arredondo, sobre la violencia que se ha desatado en la empresa minera de Temixco municipio de Arcelia, donde se han dado varios secuestros y el robo de un millón de pesos de la nómina. “No se puede vivir con la maldad, el mal nunca podrá triunfar y eso sí lo puedo certificar… es la lucha eterna entre las cosas buenas y malas”. ¿Qué postura es la de un secretario que ante un problema grave de inseguridad se pone a predicar sobre el bien y el mal? No sólo carece de posturas claras, sino que evade su responsabilidad y lo peor es que no tiene respuestas concretas al problema que padecen las familias de los secuestrados.
El impulso de la minería en el estado ha traído aparejado conflictos sociales por la forma tan abusiva y ventajosa como han trabajado las empresas extranjeras. El caso de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, es un ejemplo claro de cómo la entrada de la Gold Corp, una poderosa empresa minera canadiense, contó con el respaldo de los tres niveles de gobierno, al grado que fueron cómplices de la compra ilegal de gran parte de sus tierras ejidales y del pago indigno por la renta de otras áreas de uso común.
Esta experiencia que vivieron las familias de Carrizalillo se ha tornado trágica. No sólo porque le apostaron a obtener mejores ganancias con la sola renta de sus tierras, sino porque permitieron que la mina destruyera todo su entorno y les impidiera mantenerse como una comunidad que vive del campo. El auge de la minería en esta región hizo que los grupos de la delincuencia organizada encontraran también su minita de oro peleando por el control de la plaza. Los resultados son fatales: cómo en una comunidad pequeña lo que para los ejidatarios sería vivir en la gloria, se transformó en un infierno. Desde marzo de 2011 a marzo de 2016, en solo cinco años, se tiene un registro de 26 personas asesinadas dentro del ejido de Carrizalillo y más de 20 familias desplazadas a causa de la violencia propiciada por las bandas del crimen que pelean por el control de la mina.
La violencia que se ha suscitado en esta comunidad se extiende en todo el cinturón dorado de Guerrero, donde se encuentran asentadas 12 empresas mineras en los municipios de Eduardo Neri, Iguala, Cocula, Tlacotepec, Apaxtla, Cuetzala, Arcelia y Teloloapan, que se ubican en las regiones de Tierra Caliente, Norte y Centro, las más violentas del estado junto con Acapulco. Se trata de territorios que están siendo disputados a sangre y fuego por varias organizaciones del crimen organizado que pelean palmo a palmo las rutas, el control de las cabeceras municipales, el sometimiento y control de la población, la apropiación de los bienes materiales y giros comerciales. Los pagos de piso, los pagos por la seguridad y las cuotas de las mismas empresas mineras y los trabajadores. Nada escapa de su control. Todo necesariamente pasa por el filtro delincuencial, llámese cuota, pago, extorsión o impuesto. En estos enclaves la ley no está en manos de las autoridades, sino del crimen organizado. No es casual lo que está sucediendo en Temixco, al grado que los mismos empresarios mineros estén considerando que habrá pérdidas económicas y que el problema de la violencia que ha llegado a sus empresas no se podrá resolver en lo inmediato.
Es la región del río Balsas donde se han suscitado hechos graves de ejecuciones y desapariciones de personas que no han sido investigados. La zona minera forma parte de Cocula, el municipio donde la PGR urdió la versión de la incineración de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el basurero municipal. Se trata de una región abandonada, conformada por comunidades pequeñas que no cuentan con los servicios básicos. Las familias sobreviven de la siembra del maíz y de la pesca. Cuando se construyó la presa El Caracol, en diciembre de 1986, varias comunidades fueron desplazadas de sus lugares de origen y obligadas a abandonar sus tierras. No tuvieron otra alternativa que adaptarse al nuevo entorno de la presa. Después de 30 años de medio adaptarse a la nueva vida, los pobladores del municipio de Cocula (con los trabajos de explotación de la mina Media Luna), tienen que soportar las detonaciones que realiza la empresa para dinamitar sus terrenos. El desprendimiento de sus cerros arrastra toneladas de tierra que llegan a la presa. Este daño ambiental pasa inadvertido por las autoridades, porque la actividad minera está por encima de cualquier otra actividad económica, por lo mismo no importa que haya matazón de peces ni que la gente se quede sin trabajo.
Las comunidades del Balsas y de la sierra están al borde del colapso, porque se les ha abandonado por siglos y se les ha dejado en manos de empresas depredadoras y de los grupos de la delincuencia organizada. No podemos apostarle al desarrollo minero, cuando no se están atacando de fondo los grandes problemas de inseguridad y pobreza que enfrentan. Apostarle a que la inversión extranjera –vía la minería a cielo abierto– sea la solución a los problemas estructurales relacionados con la pobreza, la inseguridad, la violencia, la corrupción y la impunidad, es seguir creyendo que colonizando nuestros territorios con empresas extractivistas vamos a reencontrarnos con el paraíso que fue en tiempos prístinos nuestro estado de Guerrero.