Los asesinatos de seis indígenas de Tlachimaltepec, municipio de José Joaquín de Herrera, no sólo causaron enojo y encendieron los ánimos de los familiares y vecinos por el multihomicidio, sino que se empezó a levantar un malestar entre varias comunidades nahuas de Chilapa y José Joaquín de Herrera. No descartaban la opción de cobrar venganza ante la inoperancia e indolencia del Ministerio Público. Desde el 2010 Los Rojos habían impuesto el terror en Chilapa, nadie contuvo su ferocidad. Los asesinatos y desapariciones se extendían a las comunidades indígenas sin que nadie se atreviera a interponer denuncias. El miedo y el fatalismo se apoderaron de la gente del campo. Las autoridades se confabularon y permitieron que tomaran el control de la ciudad.
Para las comunidades era evidente que los ministerios públicos estaban cooptados y amenazados por Los Rojos, por eso era inútil cualquier intento de interponer una denuncia porque no procedería. El camino jurídico estaba obstruido, por eso, las comunidades afectadas empezaron a informarse cómo estaba funcionando la Policía Comunitaria en la Costa Montaña. Contactaron a Cirino Plácido Valerio, fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y miembro del Congreso Nacional Indígena (CNI), para que los asesorara y apoyara en la creación de la policía comunitaria en su región. En una asamblea regional nombraron como su primer coordinador a Bernardino Sánchez Luna el 27 de agosto de 2014.
Fue muy difícil organizarse de manera autónoma porque temían que el gobierno los acusara de violar la ley mestiza. Pesaba mucho la visión etnocéntrica de que los pueblos indígenas son súbditos y vasallos de los grupos de poder y de las mismas autoridades. El compañero Cirino les ayudó a repensar el mundo desde su propia cosmovisión y les compartió instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo el derecho a su libre determinación. Este aprendizaje se lo apropiaron las comunidades indígenas al grado que en poco tiempo más de 40 se adhirieron a la CRAC-PF. Su lucha contra la sujeción política tuvo costos muy altos, por lo que representaba liberarse del poder mestizo.
El 9 de mayo del 2015 un grupo autodenominado Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia entró a la cabecera municipal de Chilapa y la sitió durante cinco días con 300 hombres armados. La consigna era detener al jefe criminal de la plaza Zenén Nava Sánchez. En esa incursión violenta 30 personas fueron desaparecidas.
Los Ardillos le declararon de ese modo la guerra a Los Rojos hasta que lograron tomar el control de los municipios de Chilapa, Zitlala y José Joaquín de Herrera. En el 2016 una veintena de hombre armados detuvieron a un grupo de la policía comunitaria de la CRAC-PF, a quienes amenazaron por negarse a trabajar en actividades ilícitas.
Las consecuencias fueron terribles, porque en los siguientes años la violencia se incrementó. Las comunidades eran asediadas por gente armada y en los caminos encontraban a grupos que vigilaban a la gente que salía de compras. Las agresiones a las comunidades continuaron y en Paraíso de Tepila rafaguearon varias casas. Las familias corrieron y varias de ellas ya no regresaron. El 17 de enero de 2020 fueron emboscados 10 músicos, entre ellos hubo un niño de 15 años. Las investigaciones quedaron estancadas porque hasta la fecha no hay responsables de este crimen artero. Ante la presión pública las autoridades del estado acudieron para prometer obras y garantizar justicia. Fueron los 19 niños policías los que atrajeron a los medios de comunicación que a través de sus rostros y uniformes proyectaron el abandono y la falta de justicia para las comunidades indígenas.
Llegaron las despensas e instalaron módulos para la atención médica, los paliativos que siempre otorga el gobierno para sobrellevar las tragedias. En el 2021 la violencia se enseñoreó en la región. Los asesinatos continuaron a pesar de la instalación de retenes militares. El terror llegó el 6 de mayo pasado a las comunidades de Tula, Acahuehuetlán, Xicotlán y Alcozacán, integradas al Consejo Indígena Popular de Guerrero (Cipog-EZ), cuando un grupo de la delincuencia arremetió con balas y drones contra la población.
Los drones artillados dejaron cenizas en varias viviendas y los intrusos se encargaron de quemar todo lo que encontraban a su paso. Las familias huyeron de sus comunidades. Como pudieron se refugiaron en los cerros. Soportaron varios días y noches viviendo a la intemperie sin comer y con miedo. Los niños lloraban aterrados. La comunidad de Alcozacán empezó a recibir a los refugiados.
Mientras la población se encontraba arremolinada en la iglesia del pueblo, Jesús Plácido Galindo, líder del Cipog-EZ se armó de valor para denunciar en redes sociales lo que estaba ocurriendo en las comunidades.
Varias madres de familia también se animaron para pedir auxilio. Los militares no intervinieron para contener a los armados. En espera de recibir órdenes superiores se mantuvieron al margen a pesar de las detonaciones que impactaban en las viviendas de Tula. En esa refriega asesinaron a seis personas y fueron desplazadas de manera forzada más de 800.
Las denuncias de Jesús Plácido irritaron mucho a las autoridades del estado. El 10 de mayo denunció la desaparición de cuatro integrantes del Cipog-EZ y temía por su integridad física. El 11 de mayo fueron encontrados asesinados a la altura del crucero de Papaxtla, municipio de Chilapa.
Las denuncias de Jesús señalaban la complicidad del crimen organizado con las autoridades municipales y estatales. Era consciente del riesgo que implicaban estas declaraciones, pero no se arredró. Un mes después de denunciar los hechos violentos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le canceló sus cuentas que de por sí estaban vacías. Ya se orquestaba el plan para armar una carpeta de investigación contra Jesús Plácido. El 17 de julio el gobierno del estado consumó su felonía.
Los caciques de Guerrero no toleran que los luchadores sociales alcen la voz, que los increpen y que denuncien sus tropelías. Quienes se atreven han pagado muy cara su osadía. Hilario Mesino, un luchador de larga data, fundador de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, fue detenido el 3 de julio de 1996 en la Ciudad de México. Para el gobierno federal y el Ejército se trataba de un miembro de la guerrilla que arengaba a la población para rebelarse. Fue acusado de sedición y privación de la libertad. Fue confinado en el penal de Las Cruces, Acapulco.
Bertoldo Martínez Cruz, otro luchador social acusado de pertenecer a la guerrilla, fue detenido el 3 de febrero de 1997, acusado de robo de vehículos. Fue trasladado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. A Benigno Guzmán que también fue parte de la dirigencia de la OCSS lo detuvieron el 27 de enero de 1997, acusado de motín, sedición y daños.
El dirigente social Efrén Cortés Chávez y la estudiante Érika Zamora Pardo fueron acusados por los delitos de sedición, rebelión, conspiración y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Fueron torturados por el Ejército y encarcelados en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.
La fabricación de delitos es una práctica sistemática de los gobiernos de cualquier cuño para castigarlos impunemente. A Felipe Arriaga, ex secretario y fundador de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, lo detuvieron el 3 de noviembre de 2004 policías ministeriales y fue llevado al penal de Zihuatanejo, acusado de participar en una emboscada el 30 de mayo de 1998, donde murió el adolescente Abel Bautista Guillén, quien iba con su medio hermano Prisciliano Bautista Mederos, ambos hijos de Bernardino Bautista Valle, uno de los principales enemigos del movimiento ambientalista.
La líder de la policía comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García fue detenida el 21 de agosto de 2013 en un operativo coordinado por la Marina. La acusaron de varios secuestros, delincuencia organizada, robo, entre otros delitos. Fue trasladada a un penal de máxima seguridad en el estado de Nayarit. Posteriormente ante las presiones de organizaciones sociales y civiles en mayo de 2015 la internaron en el reclusorio femenil de Tepepan, de la Ciudad de México. El luchador social Gonzalo Molina fue detenido el 13 de noviembre de 2013 y trasladado al penal de Miahuatlán Oaxaca, posteriormente fue recluido en Almoloya y finalmente en la cárcel de Chilpancingo.
Al dirigente Arturo Campos, ex coordinador de la Casa de Justicia de la CRAC-PC de la comunidad na savi de El Paraíso, ahora municipio Ñuu Savi, le fabricaron los delitos de robo, delincuencia organizada y secuestro. Fue detenido al término de un acto público en Chilpancingo, donde exigía la liberación de sus compañeros de la CRAC-PC. Como castigo lo mandaron al penal de máxima seguridad del Altiplano. La consigna era silenciarlo y doblegarlo, atemorizar a sus compañeros de la CRAC e impedirle una defensa adecuada.
Marco Antonio Suástegui fue detenido el 18 junio 2014 por robo, despojo, lesiones agravadas, lesiones simples y daños. Se trató de delitos del fuero común, sin embargo, como castigo lo refundieron en el Cefereso de Tepic, Nayarit. En tres ocasiones fue encarcelado demostrando en todo momento su inocencia. La perversidad del poder era someterlo, domesticarlo.
En el gobierno de Evelyn Salgado fue detenido el maestro Evodio Pérez Malpica, el 20 de febrero de 2024, acusado de secuestro agravado y ataques a las vías de comunicación. En marzo de 2026 Ubaldo Segura Pantoja, de 74 años, fue encarcelado en el penal de máxima seguridad de Villa Aldama, Veracruz, por el delito de secuestro en agravio de cinco periodistas.
Jesús Plácido forma parte de la lista de luchadores sociales de Guerrero que son castigados en penales federales por haber desenmascarado las complicidades que existen entre las autoridades y los grupos de la delincuencia. Por defender los derechos del pueblo y por asumir como parte de su proyecto de vida un compromiso social por la justicia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos. En lugar de ser reconocidos como defensores como lo dicta la declaración de la ONU, los fustigan y se empeñan en joderles la vida. Mientras los que delinquen y atentan contra la vida, gozan de protección y privilegios.