El Comité de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas (CED por sus siglas en inglés) estará en nuestro país del 15 al 26 de noviembre del presente año. El CED es un órgano de las Naciones Unidas que está conformado por 10 expertos y expertas independientes que tienen como misión supervisar la aplicación por parte de los Estados que han ratificado la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Dicha Convención, de acuerdo con su artículo 2, “se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obras de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de ley”.
En su artículo 5, la Convención plantea que “la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional”. Para la presente convención “la víctima es la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada”. Cada víctima tiene el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Por eso cada Estado deberá adoptar todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, el respeto y la restitución de sus restos. Los estados velarán para que se garantice la reparación y una indemnización rápida justa y adecuada para las víctimas de desaparición forzada.
De acuerdo con el artículo 26 de la Convención, se constituirá un Comité contra la Desaparición Forzada (CED), “integrado por 10 expertos y expertas de gran integridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, independientes, que ejercerán sus funciones a título personal y actuarán con total imparcialidad”.
Es importante resaltar que México fue evaluado por primera vez por parte del CED en febrero de 2015, donde el Comité en sus observaciones finales señaló que había solicitado al Estado mexicano la posibilidad de visitar el país, sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto, de manera tramposa fue postergando la invitación hasta el fin de su sexenio. Por ello, en la segunda evaluación que hizo el Comité sobre México, en noviembre de 2018, manifestó que en nuestro país hay un contexto de “desapariciones generalizadas en gran parte del territorio”. Además, deploró que el Estado mexicano no haya atendido su solicitud para realizar una visita del Comité.
Fue con la llegada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando se tomó la decisión de patentizar la invitación al Comité para la realización de su primera visita a México. Este lunes 15 iniciarán sus trabajos cuatro integrantes de habla hispana del Comité, que visitarán 12 estados de la República, siendo Guerrero una de las entidades contempladas. En estas visitas la delegación de expertos y expertas se reunirán con familiares, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y autoridades locales, con el fin de supervisar la aplicación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
La visita del Comité a México es histórica por ser la primera a nuestro país y, sobre todo, porque se realiza en una coyuntura sumamente compleja, debido al alto número de personas desaparecidas que se han registrado a lo largo y ancho de nuestra república. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas hay 94 mil 119 personas en esa condición. Son los familiares junto con los colectivos los que han realizado un trabajo titánico para registrar y denunciar la multiplicidad de casos de personas desaparecidas, que las autoridades han ignorado. El grave problema que enfrentamos es que hasta la fecha no hay datos confiables sobre este fenómeno creciente. Persiste un subregistro que en varias regiones está muy alejado de la realidad. Por otra parte, existe un alto número de cuerpos que no han sido identificados y muchas familias han ubicado fosas clandestinas donde han encontrado restos óseos, sin que las autoridades correspondientes realicen una investigación exhaustiva de estos hechos.
La práctica de la desaparición forzada de personas es un fenómeno que surgió en América Latina en la década de los 60, con algunos antecedentes, como la desaparición de cadáveres en El Salvador en 1932, tras las masacres perpetradas por el régimen de Hernández Martínez, sin embargo, este método se configuró en Guatemala entre los años de 1963 y 1966. Es una práctica que se da en la clandestinidad, y es común que las desapariciones las realicen servidores públicos, hombres armados no identificados, que se conducen en vehículos sin placas y se llevan a las víctimas a lugares secretos o casas de seguridad, donde son sometidos a interrogatorios, aplicándoles torturas físicas y sicológicas, con el propósito de arrancar información y posteriormente eliminarlos.
La desaparición forzada en nuestro estado se transformó en una práctica recurrente perpetrada por el Ejército mexicano, la Marina y las corporaciones policiacas del Estado. Se trató de una guerra declarada por el propio presidente de la República Luis Echeverría Álvarez contra las comunidades indígenas y campesinas, donde se refugiaban las organizaciones guerrilleras. Las desapariciones forzadas formaron parte del libreto de la guerra sucia con el fin deliberado de causar terror y daños irreparables entre las familias. Las ejecuciones arbitrarias y las torturas que aplicaban a quienes supuestamente participaban en la guerrilla o eran parte de su estructura clandestina, además de destruir a la persona buscaban exterminar a sus familiares y a sus redes de apoyo. Más de 600 personas desaparecidas han documentado las organizaciones de familiares que por más de cinco décadas exigen el esclarecimiento histórico de estos hechos criminales y la exigencia de justicia contra los perpetradores.
En nuestro estado un grupo de organizaciones civiles de derechos humanos articulados en la Red Guerrerense y coordinados con la Comisión Estatal de Derechos Humanos impulsamos en el 2004 una propuesta de ley para prevenir y erradicar la desaparición forzada de personas para el estado de Guerrero. Fue una iniciativa de suma trascendencia porque colocó en la agenda pública el grave problema de las desapariciones forzadas de personas que se dieron desde la década de los 60 hasta la fecha. Es un continuum de violencia creciente donde el Ejército, la Marina, las policías ministeriales, estatales y municipales siguen actuando con total impunidad y operando con métodos funestos para desaparecer a maestros, líderes sociales, campesinos, indígenas, defensoras de derechos humanos, periodistas y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
A pesar de que en octubre de 2005 se aprobó la ley para prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas en el estado de Guerrero, ha sido letra muerta, porque durante más de 15 años los ministerios públicos han ignorado esta ley. Los familiares en todo momento han interpuesto denuncias sobre la desaparición de sus seres queridos, sin embargo, las autoridades ministeriales, han trivializado los hechos. Existe una práctica sistemática de postergar las denuncias con la postura insolente de que la persona desaparecida anda con sus amigos y amigas en otros lugares. No se le da veracidad al testimonio de las víctimas y más bien se les re-victimiza y deja en total indefensión.
La visita de la delegación del Comité de Desaparición Forzada a nuestro estado es muy valiosa y significativa para decenas de familiares que no han encontrado eco a sus reclamos de justicia. Tendrán la oportunidad de conversar y presentar sus testimonios, de entregar todo lo que han investigado y de expresar de manera directa cómo han sido tratadas por las autoridades ministeriales. Guerrero es un estado emblemático en cuanto a la consumación de graves violaciones a los derechos humanos, que lleva un registro de más de cinco décadas, sin que las autoridades mexicanas investiguen y determinen el paradero de las personas desaparecidas. Hay una gran deuda que debe saldarse. Desde el caso de Rosendo Radilla, que fue desaparecido en 1974, hasta el caso paradigmático de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014, existe una línea ininterrumpida marcada por la impunidad. Los gobiernos en turno se erigieron en los principales perpetradores de las desapariciones forzadas de personas que lucharon por la democratización de nuestras instituciones. Por eso urge desmontar esta estructura delincuencial, indagar lo que pasó y dar con el paradero de las personas desaparecidas.
Las autoridades mexicanas tienen la responsabilidad de remover los obstáculos estructurales que impiden que las familias accedan a la verdad. Para ello se debe garantizar su participación en las instituciones de búsqueda e investigación, como un derecho fundamental para impulsar investigaciones confiables y exhaustivas. Hay muchos desafíos que tiene que asumir el gobierno mexicano, sobre todo de garantizar la independencia y la autonomía en la Fiscalía General de la República para acceder a la verdad y a la justicia en los casos de desaparición forzada de personas. También se debe asegurar que las investigaciones sean integrales, partiendo del contexto en que se dan estos hechos. Tomando en cuenta los vínculos que existen entre actores estatales y del crimen organizado, así como la forma de operar en las cadenas de mando. Hay una urgencia muy sentida en que se tiene que proteger a las familias en lugar de estigmatizarlas, brindándoles la atención necesaria en sus acciones de búsqueda. El mismo Comité en informes anteriores ha recomendado el retiro de las fuerzas militares en las tareas de seguridad pública a través de un plan gradual y ordenado. Como sociedad, esperamos que el gobierno mexicano pueda atender las recomendaciones que en su momento emita el Comité de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas.