En otro país sería un héroe, en Venezuela ha sido condenado a cuatro años de prisión. El director del diario Correo del Caroní, David Natera Febres, publicó una investigación sobre la corrupción en las altas esferas de su país, un caso de extorsión de un coronel en contra de una paraestatal y sus contratistas; el delito fue confirmado por los tribunales y varios de los responsables fueron enviados a prisión. Uno de ellos, el empresario Yamal Mustafá, demandó al diario que publicó la investigación y no porque fuera inocente (estuvo dos años en la cárcel) sino porque la difusión del caso dañó su reputación. Por absurda que parezca la argumentación (“lo que me daña no es que haya cometido un delito, sino que lo hayan publicado”), el gobierno venezolano ha decidido convertir en norma aquello de matar al mensajero e ignorar el mensaje.
Resulta que en aquél país existe una ley que obliga a los medios de comunicación a esperar la sentencia de un tribunal para poder informar sobre un asunto de corrupción. Como resultado de lo anterior 22 directores de diarios se encuentran bajo proceso judicial y están impedidos de salir del país en tanto no se resuelva su caso. Bajo esa lógica todos los periodistas cuya denuncia de curas pederastas en Estados Unidos inspiró la película Spotlight habrían ido a la cárcel. En nuestro país tendría un efecto igualmente masivo: todos los comunicadores, reporteros y columnistas que hicieron referencia al tema de la Casa Blanca, a los abusos de las constructoras de carreteras, a las corruptelas de los gobernadores o a los fraudes y delitos electorales. Carmen Aristegui tendría una condena de por vida por la acumulación de penas. De hecho, bajo esa lógica cualquier periodista razonablemente decente estaría tras las rejas.
La ley mordaza venezolana sería el sueño de buena parte de los políticos mexicanos. Desde luego de Javier Duarte, gobernador de Veracruz, cuyo proyecto para criminalizar al delito de “difamación” no andaba muy lejano. Claro que si consideramos los setenta profesionales de la información asesinados o desaparecidos en los últimos años, la “solución mexicana” no es menos categórica y efectiva. Como bien sabemos, las amenazas en contra de los medios locales en muchas regiones del país han provocado una censura informativa virtual sobre temas de corrupción política y asuntos de seguridad pública.
Es una canallada absurda e inadmisible la condena de cuatro años de cárcel que sufrirá David Natera Febres, el director del diario venezolano, por documentar y publicar un desfalco en contra de los intereses del patrimonio común. Aunque bien mirado, eso es preferible que ser sacado de casa a medianoche para ser encontrado en una barranca al día siguiente con el tiro de gracia y señales de tortura, como le ha sucedido a varias docenas de colegas en México.
Con lo anterior no quiero decir que una violencia sea más inadmisible que la otra. De hecho, también hay periodistas venezolanos asesinados en el contexto de esa pesadilla a la libertad de expresión en la que se ha convertido el gobierno de Maduro. Lo que quiero es llamar la atención sobre las muchas formas que tienen los poderes legales e ilegales para intentar mantener en la opacidad sus fechorías; las mañas y estrategias que ponen en juego para impedir que los periodistas se metan en esos rincones oscuros donde tienen lugar las infamias, prebendas y apropiaciones indebidas.
Son malos tiempos para el periodismo crítico e independiente. En los países en los que no experimentan un manotazo político, los profesionales de la información padecen un manotazo económico. Justamente el tipo de periodismo que dio lugar a la investigación de la película Spotlight antes citada, hoy se está convirtiendo en una actividad en vías de extinción por la crisis del modelo de negocio de la información. La mayor parte de los diarios y noticieros operan con números rojos. En Estados Unidos 55 mil periodistas trabajaban de tiempo completo en la prensa en 2007; la cifra ha disminuido a 39 mil. Pero el efecto cuantitativo no es lo más grave; el contingente empleado ha cambiado. Los reporteros capaces de dedicarse a un tema de investigación profundo y detallado han sido reemplazados por chicos que ganan menos de la mitad y deben entregar dos notas diarias.
Es una vía menos cruel que la “mexicana” o la “venezolana”, pero igualmente efectiva para impedir que los periodistas documenten los excesos de los poderosos o las malas prácticas del soberano.
En última instancia no se trata únicamente de la crisis de un oficio constreñido por embates de distinto origen; se trata del daño sustancial al derecho que una sociedad tiene para estar informada sobre los abusos de sus élites. El silenciamiento de los periodistas, por distintas vías, entraña un daño incalculable para la sociedad en su conjunto.

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