EL-SUR

Martes 30 de Noviembre de 2021

Guerrero, México

Opinión

Y ahora, militares como jueces

Humberto Musacchio

Enero 26, 2017

Ya actuaban como policías, ahora los militares también lo hacen como jueces, agentes del Ministerio Público y lo que haga falta. Lo prueba el hecho de que el martes de esta semana, durante más de cinco horas, “elementos de las secretarías de Defensa Nacional y de Marina” ocuparon la Procuraduría General del Estado de Colima, donde revisaron identificaciones y armamento de los policías ministeriales, a quienes retuvieron los teléfonos celulares.
La intervención del personal militar y de Marina-Armada es cabalmente explicable: Colima es el estado más violento de la república, más incluso que Guerrero y Sinaloa, entidades que le siguen en criminalidad. En 2016 se registraron 88.55 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, pues se produjeron 607 asesinatos, lo que aumentó en 253 por ciento la cifra del año anterior.
Las cosas no han ido mejor en este año, pues los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa han convertido la entidad en escenario de una feroz disputa por dominar el territorio para el tráfico de drogas, las que presumiblemente salen del país por el puerto de Manzanillo. Una muestra de la violencia que azota al estado es que solamente en un día, el pasado sábado, siete cadáveres decapitados fueron hallados a bordo de un taxi y el domingo siguiente aparecieron otros cinco en la carretera Manzanillo-Minatitlán.
De modo que no faltan razones para explicar el allanamiento, la ocupación durante tres horas y media, la virtual detención de todo el personal, la revisión de credenciales y armas y la retención de celulares por parte del personal militar. Pero lo que es explicable no necesariamente es legal ni legítimo, y lamentablemente ese es el caso.
De acuerdo con un vocero del destacamento que actuó en el operativo, “cada seis meses se realizan hasta dos revisiones y la Sedena está facultada para hacer inspecciones extraordinarias” (La Jornada, p. 29, 25/I/2017). Si tal es el caso, convendría saber para qué se discute en el Congreso otorgar más amplias facultades a las fuerzas armadas, que por lo visto ya tienen bastantes.
El anónimo vocero o sus jefes deberían explicar por qué cada seis meses realizan revisiones a un organismo civil y constitucional como la Procuraduría colimense y quién otorgó facultades a las fuerzas armadas para efectuar revisiones como la aquí narrada.
Es más: si las fuerzas armadas ya realizan esas tareas, entonces resulta ocioso que el Congreso, como pretende el secretario de Gobernación, resuelva otorgarles facultades para actuar en funciones de policías o, como en este caso, superpolicías; como agentes del Ministerio Público que realizan investigaciones y como jueces que pueden ordenar y realizar un allanamiento.
Los asesinatos de Tlatlaya –y otros ampliamente documentados– han causado una gran conmoción social porque muestran cómo algunos uniformados, queremos creer que no todos, se asumen como representantes del Poder Judicial que dictan y ejecutan sentencias que llegan al extremo de privar de la vida a reales o presuntos delincuentes.
Se entiende que la actuación de las fuerzas armadas en funciones que corresponden exclusivamente a las autoridades civiles es producto de la situación, de la desbocada violencia que azota al país, de la presencia del crimen organizado y por supuesto de la ineptitud, la indolencia y la corrupción que han dejado en la inoperancia a las corporaciones policiacas y a funcionarios sin uniforme que se benefician del poder que han adquirido los delincuentes.
Es también comprensible que en situación tan grave como la que ahora se vive, alguien tenga que tomar el toro por los cuernos, pero no parece sano que en el afán de contener a la delincuencia se recurra a medios y medidas de dudosa legalidad. Desde luego, lo más cómodo para las autoridades civiles es encargar a las fuerzas armadas esas tareas, pero una decisión de ese talante implica una renuncia al cumplimento de los propios deberes.
Ese camino lo siguieron algunos gobernantes civiles en la Sudamérica de los años sesenta y setenta, quienes, probada su inutilidad, acabaron por ser desplazados mediante golpes de Estado y la entronización de feroces dictaduras militares. Hubo torturados y asesinados por millares, pero las primeras víctimas, en todos los casos, fueron las mismas autoridades civiles, para las que sólo quedó el exilio o una vergonzosa sumisión a los espadones. Ojalá no se reproduzca en México ese fenómeno.