Hasta el día de ayer, sumaban 24 funcionarios municipales detenidos en el Estado de México, entre ellos, policías, directores municipales de seguridad pública y una presidenta municipal, por los probables delitos de secuestro, homicidio, secuestro exprés y extorsión. Lo que originó esta Operación Enjambre fueron los indicios de vínculos con el crimen organizado. Autoridades federales y estatales coordinaron esta operación con los resultados ya conocidos. Lo importante es que hasta ahora comienza a atenderse la colusión o sumisión de autoridades municipales ante el poder arrollador del crimen organizado. Esta detención, en sí misma, significa un avance.
Es ya muy conocida y comentada la alta vulnerabilidad de los municipios y de sus autoridades ante el poder del crimen organizado. No tienen los recursos legales, administrativos y presupuestales para que, de acuerdo con sus propias facultades orientadas a la prevención del delito, tengan la fortaleza que necesitan para afrontar el impacto de las bandas criminales. Los municipios son la institución más frágil del Estado mexicano, que requiere de los recursos que necesitan para hacer las tareas que la ley les obliga. Por eso mismo, las autoridades municipales suelen caer en las garras del crimen organizado en la medida en que son sometidas a negociaciones ilegales o de manera fácil se coluden o son omisas.
Ante la fragilidad institucional de los municipios se requieren acciones contundentes en el sentido de fortalecer, de manera institucional, las capacidades de sus autoridades. Así como el gobierno federal se ha fortalecido, y los gobiernos estatales no son tan vulnerables, los municipios tienen necesidades que aún no se cubren, por lo que ellos mismos se sienten incompetentes para lidiar con los grupos criminales. Es cierto que hay municipios fuertes que sí tienen la capacidad para actuar ante los grupos civiles armados, pero la mayoría de los municipios del país no la tienen y la necesitan.
Veo tres tareas relacionadas con los municipios y, sobre todo, con las policías municipales, que deberían considerarse al respecto:
La primera necesidad es su desvinculación de las bandas criminales, cuyo precedente está en la Operación Enjambre. Hay que continuar por este camino en todos los municipios en los que sea necesario para que los funcionarios municipales se apeguen a la legalidad y sean capaces de vencer la tentación de someterse o de ser cooptados por intereses extraños a los legítimos de la autoridad local.
La segunda necesidad está en el saneamiento de las policías municipales, lo que requiere múltiples recursos para mejorar sus condiciones y las de sus familias, como mejores salarios y mejor adiestramiento y capacitación para fortalecer sus capacidades éticas, cívicas y jurídicas.
Y la tercera necesidad, que es tan importante como las anteriores, es la indispensable vinculación de las policías municipales con la sociedad, con las comunidades y con las familias. Se habla de proximidad, en cuanto que las policías municipales se acerquen a la población a la que sirven para ayudar en necesidades básicas de seguridad. La gente ha perdido la confianza en todas las policías y, particularmente, en las municipales, confianza que necesita ser recuperada.
Bien por la Operación Enjambre, si la entendemos como el inicio del saneamiento y de la reestructuración de las policías municipales para que estén al servicio de la comunidad y no de las bandas del crimen. Es necesario continuar esa estrategia hasta que tengamos en todo el país policías municipales confiables. Este es un buen comienzo. Aun así, hay otras necesidades más, relacionadas con el fortalecimiento institucional de los municipios y de sus organismos descentralizados que requieren atención. Algunos de ellos carecen de procesos de transparencia, de mecanismos específicos para abatir la corrupción y, otro tanto, carecen de mecanismos para consultar y escuchar a la población.
Sin embargo, hay que atender otras necesidades para desvincular a las autoridades y a los funcionarios públicos estatales y de la federación de cualquier relación (de sumisión, de colusión o de omisión) con las bandas del crimen organizado, porque también en esas estructuras del poder público se ‘cuecen habas’. La tentación de la corrupción se da en todas partes, en las instituciones gubernamentales, en la iniciativa privada y en el sector social. Se requieren mayores controles para que las relaciones con los delincuentes sean asumidas de acuerdo con la ley.