Un factor sobresaliente en las elecciones que se llevaron a cabo el 2 de octubre en el estado de Guerrero fue el alto abstencionismo que se registro durante el proceso electoral. Son varios los factores que se mencionan con respecto a la poca asistencia de los votantes a las urnas; no obstante, es conveniente destacar uno de ellos que consideramos fundamental, sobre todo en la región de La Montaña del estado, que es el fenómeno de la migración de jornaleros agrícolas y de migrantes internacionales.

La migración no es un tema nuevo y ha sido ampliamente discutido en diversos foros, encuentros o por dependencias gubernamentales, ¿pero de qué manera influyó en las elecciones pasadas? Para hacer un balance de la situación retomaremos como ejemplo tres municipios de la región y nos basaremos en tres fuentes.

Una de ellas es el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral (IFE) del estado de Guerrero. Según el IFE, el municipio de Metlatónoc cuenta con un padrón electoral de 9 mil 593 votantes, el municipio de Copanatoyac 9 mil 840 y el de Tlapa de Comonfort registra un total de 39 mil 731 electores. El segundo, es el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del estado, donde se registró el día de las elecciones un total de 4 mil 388 votantes en el municipio de Metlatónoc, mientras que en Copanatoyac 4 mil 722, y en Tlapa un total de 15 mil 662. Si hacemos un balance comparativo entre estos datos se puede ver que las diferencias son significativas entre los municipios y el total de votantes.

Sin embargo, es conveniente mencionar los datos que tiene registrado el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas de la región Montaña (PAJAG) de jornaleros agrícolas que han salido de la entidad para emplearse en los estados del norte y noroeste del país. Según el PAJAG, del mes de enero a septiembre de 2005 el municipio de Metlatónoc presenta un total de 2 mil 088 jornaleros que se han desplazado fuera de la entidad, mientras que el municipio de Copanatoyac registra 306 y finalmente el municipio de Tlapa un total de mil 011 jornaleros.

Si bien, las cifras no son representativas en comparación con los que aparecen en el padrón y el total de votantes que acudió a las urnas, es necesario destacar que estos números demuestran que un porcentaje de adultos en edad de votar se encuentran fuera de la entidad en el momento en que se celebraron las elecciones. Sin dejar de mencionar a aquellos jornaleros que no se registraron y salieron por cuenta propia o aparecen en la base de datos de la Unidad de Servicios Integrales (USI) del PAJAG de Chilapa o de Ometepec, donde acudieron jornaleros de Metlatónoc y Copanatoyac a registrarse. Es conveniente también considerar a los migrantes que se encuentran trabajando en Estados Unidos. Si se contabilizan las cifras posiblemente se aproximarían a los datos que tiene el IFE. De esta manera, se puede mencionar que la migración de cierta manera sí influyó en los comicios electorales que se llevaron a cabo en la entidad.

De ahí, que el “derecho” al voto del migrante y de los jornaleros agrícolas sea de suma importancia, no sólo por que es un derecho constitucional o por ser reconocido internacionalmente el ejercicio del voto y “a ser votado”, sino porque el voto de los jornaleros agrícolas debe de ser una prioridad para el gobierno federal en cuestión, porque por el simple hecho de ser migrantes eventuales o migrantes considerados golondrinos por desplazarse de un estado a otro, no se les toma en cuenta durante el proceso electoral, porque no se instrumentan mecanismos jurídicos o alternativas para que puedan votar cuando se encuentran fuera de la entidad. Esta situación vulnera aún más los derechos humanos, laborales, sociales, civiles, y políticos de los jornaleros.

Para las familias jornaleras lo elemental es la sobrevivencia de la familia. Como la migración es estructural no se puede hablar sólo de un factor que la genera, son varios, pero se puede resaltar el factor económico. De ahí que salgan a trabajar fuera de sus comunidades de origen, porque la necesidad de comer, de vestir, calzar o de comprar un medicamento o cubrir alguna necesidad de un miembro de la familia es más fuerte que el hecho mismo de quedarse en la entidad para ejercer su voto en las urnas, en ocasiones, dejan de prescindir de los apoyos que les brinda el Programa Oportunidades con tal de obtener un salario. Mientras estas familias no encuentren fuentes de empleo dignas en la entidad, ellos continuarán desplazándose hacia aquellos estados donde les ofrecen un trabajo malbaratado, pero que finalmente les garantiza de cierta forma un ingreso magro que servirá para la sobrevivencia de la familia.

Por ello, el gobierno federal debe de incluir dentro de su agenda electoral el tema de los jornaleros agrícolas y poner como foco de atención el derecho al voto y a ser votados, porque no sólo es la cuestión de la falta de mecanismos electorales dentro del proceso mismo, sino que en ciertas ocasiones no pueden elegir a sus autoridades comunitarias o civiles porque se encuentran fuera de la entidad. Para las familias jornaleras no se trata de un acto de justicia o de una fuente de discrepancias y de apreciaciones negativas. Por el contrario, es la aplicación real de un decreto constitucional que le corresponde a cualquier ciudadano y no por ello son menos los jornaleros agrícolas. No basta con que el Senado y el Congreso de la Unión aprobaran el voto de los migrantes en el extranjero y decir que dieron el sí a una inquietud ya vieja y alejada de reflexiones maduras y consistentes, pretendiendo que con esto se le compensa al migrante. Lo prioritario es que el ejercicio del voto sea real tanto para el jornalero agrícola como para el migrante que traspasa las fronteras nacionales, porque es un derecho político y su legitimidad es incuestionable.