El homicidio de Pedro Tamayo Rosas se suma a la interminable lista de colegas asesinados en el estado de Veracruz, especialmente durante la satrapía de Javier Duarte de Ochoa, repetidamente señalado por su responsabilidad en hechos criminales que incluyen la ejecución, en la Ciudad de México, del fotorreportero Rubén Espinosa y cuatro acompañantes, todos con tiro de gracia.
Más grave es el caso de Sanjuana Martínez, quien fue demandada por mencionar en una nota que Jesús Ortega, uno de los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, es o era cliente del cabaret Cadillac, lugar donde según testimonios recogidos por la periodista, hay mujeres que son forzadas a ejercer la prostitución. Un juez condenó a Sanjuana a pagar a su demandante a quien supuestamente lesionó en su honor o lo que se entienda como tal. Por supuesto, la colega ya apeló, pero el juez que ahora tiene el caso en sus manos ha citado a declarar, evidentemente con fines intimidatorios, a dos defensores de la periodista, Ana Cristina Ruelas, directora regional de la organización Artículo 19, y a Leopoldo Maldonado, oficial del Programa de Protección y Defensa de Periodistas. El hecho tendrá resonancia internacional , pero por lo visto, pesa más el poder del dinero y la política que los testimonios recogidos por quien ejerce la libertad de expresión.
Escandalosa, por decirlo de manera piadosa, es la demanda por 10 millones de pesos que presentó Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y ex presidente del PRI, contra Sergio Aguayo, porque el articulista de Reforma percibió en la trayectoria del citado político un tufo a corrupción. Para Moreira, dejar a su entidad con una deuda por más de 30 mil millones de pesos nada tiene de sospechoso, pese a que esa montaña de dinero no está reflejada en las obras públicas ni se justificó debidamente en el gasto público. Tal vez la demanda tenga por objeto disuadir a los malpensados o, peor aún, la presentó a petición de más arriba, pues parte del dineral de que dispuso Moreira como gobernador bien pudo ir a la campaña del candidato presidencial de su partido, en la que se invirtieron sumas que el Instituto Federal Electoral no vio ni olió, según dicen. La pestilencia del eventual destino de esa millonada autoriza conjeturas que en un país con libertad de prensa no sólo se toleran, sino que forman parte de la vida democrática.
La que sería risible si no fuera tan ominosa, es la estridente demanda de Joaquín Vargas, presidente del consejo de administración de Multivisión (MVS) contra Carmen Aristegui por el prólogo que escribió para el libro La Casa Blanca de Peña Nieto. La historia que cimbró a un gobierno, obra de los cuatro reporteros –Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán– que hicieron pública la adquisición de la residencia de 7 millones de dólares.
Joaquín Vargas es el mismo empresario que hace cuatro años, con toda dignidad y valentía, defendió su derecho a mantener a la misma Carmen Aristegui frente a los micrófonos de MVS y denunció –nos recuerda el colega Carlos Fernández-Vega–“una historia de censura, represión y humillación” fabricada en Los Pinos.
En aquella ocasión, Vargas resistió el asedio gubernamental y la amenaza gangsteril lanzada por el inefable Javier Lozano, quien le advirtió: “Si recontratas a la periodista, a tu proyecto se lo lleva la chingada y te olvidas de este gobierno”. Pero recontrató a Carmen, quien siguió ejerciendo la libertad de presa consagrada en la Constitución y las presiones sobre MVS se redoblaron hasta orillar a la empresa al despido de Aristegui por el asunto de la Casa Blanca.
Con tales antecedentes, debemos suponer que nuevamente se presionó a Joaquín Vargas para que procediera contra Carmen, pues no olvidemos que las concesiones de radio y televisión las otorga el Estado. Con tales antecedentes, queda claro que las empresas –no todas, pues hay algunas consentidas– padecen el acoso gubernamental y chantajes de todo tipo que amenazan la seguridad de las inversiones, lo que por supuesto no justifica la demanda judicial, pero la explica muy ilustrativamente.
Como quiera que sea, lo importante es que estas intentonas de amordazar a los periodistas convierten en letra muerta el enunciado de la Constitución, según el cual “el derecho a la información será garantizado por el Estado”. Lo cierto es que no hay capacidad ni interés en acatar ese mandato.