La ley de hierro formulada por el economista francés Thomas Piketty sostiene que en el capitalismo la acumulación del capital tiende a crecer más rápido que la economía en su conjunto, lo que lleva a una concentración sistemática de la riqueza en pocas manos. Situaciones excepcionales han revertido el proceso –por ejemplo, las dos guerras mundiales– pero sólo temporalmente. En México la Revolución y su reforma agraria algo alteraron las tendencias concentradoras de la riqueza, pero a partir del alemanismo (1946-1952) la ley de hierro volvió por sus fueros y hoy el 10% de la población dispone del 64.4% de la riqueza del país mientras el 90% debe luchar por el restante 10% (Diego Castañeda, Nexos, 30/07/20).
El régimen postrevolucionario se puede definir como una red de vasos comunicantes entre cúpulas del poder político y el económico por las que intercambiaron sistemáticamente dinero por contratos, concesiones, permisos, condonaciones impositivas, posiciones de gobierno, legislación y decisiones judiciales a modo. Sin embargo, a partir de las elecciones de 2018 –elecciones sin precedentes donde el fraude ya no jugó el papel decisivo– tomaron el gobierno un partido y un líder carismático (Andrés Manuel López Obrador [AMLO]) que se propusieron modificar ese régimen de unidad entre los intereses del poder económico y el político y usar al gobierno (al federal, por lo menos) para transformar un sistema que por más de setenta años se había dedicado a validar la ley de hierro de la concentración de la riqueza por otro que la invalide o modere.
La respuesta del poder económico no ha sido uniforme. Mientras grandes concentradores de riqueza como Carlos Slim han buscado no chocar públicamente con AMLO y negociar con él proyectos concretos, otros, en cambio, no tardaron en desatar una gran contraofensiva política en los medios y las redes sociales y activar a organizaciones de la sociedad civil contra al proyecto lopezobradorista, dar forma a un frente partidista para actuar en el plano electoral y en el Congreso, presentar amparos contra los proyectos gubernamentales, establecer alianzas con organizaciones internacionales de derecha, etc.
Claudio X. González Guajardo (CXGG) destaca hoy como organizador y coordinador de esfuerzos abiertos o soterrados de quienes no están conformes con la desestructuración del viejo régimen –el entramado urdido en la penumbra de los corredores de un sistema presidencial, autoritario y lejos del escrutinio público– que durante décadas aglutinó a concentradores de riqueza y concentradores de las decisiones políticas.
Desde luego que dentro del marco del pluralismo democrático CXGG tiene todo el derecho de usar la fuerza que le puede dar su fortuna familiar y la de los grandes empresarios que le sostienen. Sin embargo, en un tweet que CXGG lanzó no sólo vaticinó un final catastrófico para el lopezobradorismo, sino que fue más allá y cruzó una frontera al amenazar de manera implícita a quienes no estén con él. Dijo: “Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual admon. [sic] y lastimaron a México. Que no se olvide quien se puso del lado del autoritarismo populista y destructor.”
En democracia se supone que siempre es legítima la “oposición leal”, leal a las reglas del juego democrático. Pero otra cosa es amenazar con hacer listas de adversarios y de aquellos que fueron neutrales (“omisos”) y no se pronunciaron abiertamente contra el lopezobradorismo. ¿Cuál es el objetivo último de esas listas que van a elaborar CXGG y sus patrocinadores? Cuando la llamada 4T acabe “mal, muy mal” como vaticina CXGG ¿las van a usar para ejercer represalias? ¿De qué naturaleza? ¿La oposición anuncia que sus reglas del juego ya no serán las de la democracia?