El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es impredecible. Un día puede ser fan de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decirle que es una mujer increíble, y al día siguiente afirmar que el país no está gobernado por ella sino por las estructuras criminales y por eso tiene que ayudarnos con la seguridad de nuestra República.
Las justificaciones de Trump no tienen sentido. Ni en México ni en Venezuela ni en Groenlandia ni en Europa ni en Canadá ni en Colombia. Y no tienen sentido porque el objetivo es diferente al que nos anuncia. En Venezuela no tiene problema con el modelo chavista-madurista, tan es así que tras la acción militar para deponer al presidente Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico, dejó intacta en el gobierno a la misma élite política que ha gobernado Venezuela en las últimas décadas. Entonces no, no es el narcotráfico, no es la narcopolítica venezolana el problema: es el deseo enorme de apoderarse de su petróleo y determinar con cuantiosas ganancias quién sí y quién no puede acceder a esa que es la reserva de combustible fósil más grande del planeta.
El gobierno de Estados Unidos asegura que nuestro país no hace lo suficiente contra el narcotráfico. En esencia tiene razón. Por eso tenemos el problema de seguridad actual, además de un crecimiento constante en narcomenudeo y consumo de drogas. Pero no es el problema de fondo. En consumo de drogas, en realidad Estados Unidos ha creado el problema y pretende que los mexicanos lo resolvamos. El caso más evidente es el del fentanilo. A través de la industria farmaceútica crearon una generación de consumo que ha sido cubierta por las estructuras criminales mexicanas. Entonces, para Trump, la única solución se encuentra fuera de sus fronteras. Hoy son México y Canadá, mañana serán Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Argentina o cualquier otro.
A Trump no le interesa crear una política para disminuir el consumo y las adicciones de drogas ilegales dentro de su país. Eso es estrategia electoral. Utiliza el asunto como mecanismo de chantaje, como amague para intervenir países. En realidad ese ha sido siempre el verdadero rostro de la política de drogas de Estados Unidos: un intervencionismo justificado por ellos mismos.
Si Estados Unidos de verdad deseara que las estructuras criminales mexicanas disminuyeran su poder bélico, aplicarían control sobre las armas que Estados Unidos le vende a los cárteles mexicanos, pero no lo hace porque el negocio del armamentismo se impone cada vez que algún político tiene la intención de regularlo.
Más allá de la política intimidatoria del presidente estadunidense, en México tenemos un problema real con el crimen organizado. En las últimas dos décadas las agrupaciones delictivas han crecido, se han armado, han adoptado tácticas y equipo militar, se han apoderado de territorios, han diversificado sus negocios criminales y han crecido en influencia en la política mexicana.
Lo han hecho, sobre todo, a nivel territorial: mandos en policías municipales, militares, gobernadores, diputados, senadores, secretarios de Estado. Ya sea que busquen información privilegiada, dirigir ataques a sus rivales, utilizar a policías como extensión de sus sicariatos o tomar a los presidentes municipales como marionetas a los que les pagan sus campañas a cambio de mantener el control sobre la nómina municipal, la obra pública y las corporaciones de seguridad. Pero los políticos no son víctimas, al menos no en la mayoría de los casos. A lo largo del tiempo hemos visto una complicidad sostenida entre políticos y crimen organizado. La desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa es uno de los paradigmas más claros de los efectos de la narcopolítica mexicana.
Por eso, dejando a un lado lo que dice Donald Trump y sus deseos de intervencionismo, los mexicanos sí tenemos que hacernos cargo de nuestros problemas, del crimen organizado y la narcopolítica.
Las estructuras políticas de los diferentes órdenes de gobierno han aplanado el camino para la consolidación y crecimiento de los cárteles, y mientras no se ataque esto en serio, no habrá manera de resolver el conflicto que ha dejado una cantidad espantosa de muertos y desaparecidos en nuestro territorio.