No es cierto que el gobernador del estado, el secretario general de gobierno y el secretario de salud estatal, no hayan avizorado desde el mes de septiembre del año pasado, la vorágine creciente de mortandades y pérdidas de salud evitables y que no lo fueron; debido al erróneo y errático manejo de la pandemia del Covid-19 en Guerrero.
Fue entonces en ese tiempo, cuando la Secretaría de Salud federal había indicado que, debido al preocupante crecimiento de la pandemia, Guerrero debería retornar al semáforo epidemiológico color “naranja” (de alto riesgo), ya que estábamos en el “amarillo” (de riesgo medio). En contra, el gobernador, Héctor Astudillo Flores, declaró públicamente que la economía estatal seguiría abierta como si estuviéramos en semáforo “amarillo”; y suya era la responsabilidad de esa determinación. (Novedades de Acapulco. 14/09/2020). Eran tiempos vacacionales y puentes laborales de conmemoraciones patrias.
En otras palabras, las actividades económicas y sociales seguirían teniendo un aforo de ocupación promedio máximo permitido de 50 a 60 por ciento, y no del 30 por ciento, tal y como marca la norma federal para un estatus “naranja”. A partir de entonces, quedó establecido y quincenalmente ratificado el “Gran Engaño” de nuestras autoridades estatales al pueblo de Guerrero.
Para el “triunvirato de la mortandad predeterminada”, la salvaguarda de los negocios tendría primacía sobre la vida humana. El gatopardismo en el combate a la pandemia –simulación y mentira–, quedó fincado con pronunciamientos oficiales engañosos y melifluos; acompañados de acciones des-energizadas y blandengues.
De esa forma, se relajaron las medidas sanitarias y su debida observancia fue demasiado laxa durante las vacaciones patrias, las de fin de año, las de semana santa y en la temporada de las campañas y jornada electoral; donde por disposición mancomunada con el gobierno federal, rigió el semáforo “verde”, aun cuando en Guerrero la pandemia no dejaba de crecer, si bien lo hacía a velocidad moderada.
Algunos ciudadanos observantes, sin ser pitonis@s, oteábamos en el horizonte la tragedia humana venidera que hoy sufren miles de familias. Todo por tener un gobierno ineficiente en el desempeño de sus responsabilidades primigenias con el pueblo de Guerrero. Aportante de culpa también, fue la falta de consciencia y participación ciudadana para la contención del virus mortífero mutante.
La soberbia y el engreimiento permanente de nuestros conductores institucionales, han hecho que, ante la magnitud e intensidad de crecimiento del Covid-19, tengamos ahora que dar cuatro pasos atrás de manera rápida y colocarnos de nueva cuenta en un semáforo “rojo”.
Hoy, estamos en el semáforo de máximo riesgo. Pero el gobierno estatal, fiel a su parsimonia ñoña, indica que las playas quedarán abiertas, no obstante que nadie como él sabe que el factor de propagación más importante que tiene el virus es la proximidad física y la intensa movilidad social; no obstante que ya tiene cobertura un segmento de la población, con las vacunas correspondientes; mismas que no llegaron en forma suficiente en el tiempo previsto, para haber podido decretar con menor riesgo el semáforo “verde”.
Varias propuestas concretas y posibles, exitosas en otros países parecidos al nuestro, para contener la pandemia, las he plasmado en anteriores artículos de opinión (El Sur, sept. 26, oct. 3, 10 y 17 del 2020), sin que hayan merecido atención alguna de nuestras máximas autoridades sanitarias estatales, salvo honrosas excepciones municipales.
Hoy, los del gobierno dicen que no creían que la pandemia alcanzaría las actuales cifras, que oscilan en 5 mil decesos y 55 mil contagios acumulados, con las consabidas sub estimaciones. Nunca es tarde para enmendar, porque la pandemia y sus letales consecuencias, siguen creciendo en forma muy acelerada.

PD1. “…las ganancias de un día o la venta de una noche pueden representar muerte y dolor para decenas de familias”. Adela Román, alcaldesa de Acapulco. (Si eso lo hubiera pregonado tiempo ha, y actuado en consecuencia; otro gallo nos cantaría).
PD2. Durante casi seis años, el gobierno de Héctor Astudillo y su “maestro incómodo”, se negaron a poner en funcionamiento el Centro Comunitario contra la Violencia a la Mujer Indígena en Ayutla (que tuvo un costo de más de 20 millones de pesos). Ni siquiera lo han utilizado, como les fue solicitado el año pasado, como centro cuarentenario temporal contra el Covid-19. Hoy más que nunca se hace necesario. El Hospital General de Ayutla se encuentra colapsado. Triple ¡Uf!

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