EL-SUR

Sábado 15 de Junio de 2024

Guerrero, México

Opinión

Zapata vive en el corazón de nuestras luchas

Tlachinollan

Abril 11, 2022

 

10 de abril del 2022. A 103 años del asesinato del general Emiliano Zapata, los pueblos indígenas y campesinos de México siguen peleando ante la multiplicidad de traiciones que han padecido por parte de una clase política que asume el roll del general Guajardo. Más allá de los logros alcanzados en la Constitución de 1917, la clase trabajadora sigue peleando por tierra y libertad. La revolución la institucionalizaron los grupos de poder político que se reacomodaron en la nueva configuración de fuerzas que se vivió al calor de las batallas y de las negociaciones entre los grupos vencedores.
Zapata es el emblema de los pueblos rebeldes que en todo momento han peleado por la defensa de sus derechos colectivos. Es el símbolo que unifica a los campesinos e indígenas para enfrentar una clase política que se encumbró en el poder para someter y corporativizar a quienes entregaron su sangre con el fin de que la tierra fuera de quienes la trabajan. Se implantaron clientelas asimilacioncitas para legalizar el nuevo régimen de dominación y de control de la población.
El proyecto de país que se forjó fue copia fiel de los modelos occidentales del desarrollo capitalista. Al pueblo pobre se le obligó a obedecer leyes extrañas para supuestamente sacarlo del atraso. A los pueblos indígenas se les negó todo intento para desarrollar sus formas de vida comunitaria. Para salir del atraso los intelectuales del gobierno postrevolucionario se empeñaron en encontrar la “mexicanidad” que nos haría diferentes a las demás naciones. Esta visión resalta el drama del mestizaje que sintetiza lo que es propiamente indígena como algo inferior mezclado con la cultura ajena que se asimila como parte de una nueva identidad y un nuevo legado que remarca la superioridad racial. La política indigenista pretendió incorporar a los indígenas a un proyecto nacional, que los obliga a negar sus rasgos como personas que cuentan con una matriz cultural y una visión del mundo totalmente diferente.
Se impone el castellano como única lengua y se demoniza las creencias de los pueblos indígenas. Se reafirman visiones etnocéntricas y racistas sobre la cultura indígena ubicada en la prehistoria. En lugar de reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho se les ubica como reminiscencias de un pasado que fue glorioso pero que en el México contemporáneo son un obstáculo para el desarrollo capitalista.
Para los gobiernos lo fundamental era generar centros urbanos para acelerar la industrialización de nuestro país excluyendo a los indígenas y campesinos como actores que podrían ser parte de las nuevas trasformaciones económicas. Los postulados del Plan de Ayala pasaron al archivo muerto y la lucha por la tierra siguió siendo la bandera que mantiene hasta la fecha movilizados a los pueblos indígenas y campesinos.
El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional irrumpió en 1994 tomando varias cabeceras mestizas del estado de Chiapas para declararle la guerra al Ejército mexicano y a los traidores de los postulados revolucionarios. Reivindicaron su derecho a la libre determinación y su exigencia de que en el texto constitucional fueran reconocidos como pueblos con plenos derechos. A pesar de que generaron una amplio movimiento nacional que asumió su causa para impulsar las reformas constitucionales plasmadas en los acuerdos de San Andrés Larraínzar, los diputados y diputadas traicionaron su palabra y redujeron al ámbito comunitario las demandas indígenas para que cada entidad federativa se encargue de resolver sus demandas añejas. El camino que optaron fue ejercer su autonomía por la vía de los hechos creando sus municipios autónomos al margen del Estado.
Este ejemplo ha sido una fuente de inspiración para que en diferentes estados y regiones del país los pueblos indígenas se organicen de manera autónoma para tomar el control de su territorio y ejercer su autogobierno. En nuestro estado los pueblos indígenas y campesinos han dado la pelea para defender su territorio ancestral contra proyectos hidroeléctricos y mineros como se quiso imponer en los bienes comunales de Cacahuatepec municipio de Acapulco y en la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso del municipio de Malinaltepec. En 2012 las comunidades indígenas de la Montaña alta formaron un frente común para oponerse a la creación de una reserva de la biosfera que pretendía arrebatar de su control su territorio sagrado. Hubo intentos de funcionarios públicos de simular una consulta para que las autoridades comunitarias firmaran actas donde autorizaban la creación de esta reserva. Ante la multiplicidad de amenazas los pueblos indígenas de la Montaña han articulado esfuerzos a nivel de los núcleos agrarios para hacer un frente de autoridades que defienden su territorio comunal. También algunos municipios se han sumado a la causa de los pueblos para declarar su territorio libre de minería.
Para los pueblos indígenas su cosmovisión está centrada en el control de su territorio sagrado. Tiene muy claro que sin el agua, sin los ríos, sin sus bosques, sin sus tierras y el subsuelo mismo no existirían como entidades autónomas que le dan vida a los centros urbanos.
Una experiencia ejemplar que se ha consolidado en la Costa Montaña de Guerrero es la Policía Comunitaria que forma parte de la semilla que sembró el caudillo del sur, al defender sus tierras con sus armas en las manos. La Policía Comunitaria emerge en un contexto de crisis de seguridad y de instituciones de justicia fallidas que han sido capturadas por grupos políticos y del mismo crimen organizado. La descomposición social tiene como causa la ausencia del Estado de Derecho y el debilitamiento de las instituciones por intereses facciosos que han vulnerado los derechos humanos de la población.
La Policía Comunitaria ha sentado sus bases en uno de los territorios históricamente más abandonados por el Estado mexicano. Desde ese lugar, han retomado sus sistemas normativos como parte de un derecho alternativo que hunde sus raíces en las normas comunitarias. Es un derecho que se trasmite de generación en generación y que se renueva constantemente para salvaguardar la vida y la seguridad de sus pobladores, poniendo en la primera línea los derechos de la comunidad. La justicia comunitaria esta cimentada en el respeto a la dignidad de todas las personas, que tienen los mismos derechos y las mismas responsabilidades. La asamblea es el órgano máximo para redimir los conflictos internos y debatir en torno a los delitos que se cometen al interior de las comunidades. Este ejercicio diario que desempeñan más de 2 mil policías comunitarios en la Montaña alta y mayoría de los municipios indígenas y afromexicanos de la Costa Chica es una demostración de la capacidad que tienen las comunidades para organizarse, para acuerparse y para ser instrumento eficaz que salvaguarda los derechos colectivos e individuales. No solamente son vigías de la seguridad y la paz en el pueblos, también realizan recorridos para cuidar la integridad de su territorio. A quienes delinquen se les garantiza el derecho a la defensa y se delibera públicamente los señalamientos de cada parte para deslindar responsabilidades. Cuando se prueba la culpabilidad se les somete a un proceso de reeducación donde los detenidos, además de realizar trabajos comunitarios, reciben pláticas y consejos de los principales para generar un ambiente de reflexión en torno a su modo de proceder y de actual dentro de sus comunidades. El roll que se les asigna para trabajar en diferentes comunidades les da la oportunidad para conocer el sentido de cooperación, solidaridad, corresponsabilidad que se practica en los lugares donde realizan los trabajos comunitarios. Queda marcado en su vida el buen trato que reciben, los alimentos que les proporcionan y la manera como hablan las personas mayores para invitarlos a cambiar su conducta.
Todo este esfuerzo es parte del legado jurídico que practican los pueblos y que es como el reservorio de su sabiduría ancestral. Es parte del patrimonio intangible que nutre el organismo jurídico que existe en nuestro país. El ejercicio del derecho colectivo es parte de los pilares de una cultura comunitaria y también es la piedra angular que ha permitido a los pueblos mantenerse firmes a contra pelo de las políticas homogeneizadoras y de reformas que pisotean sus derechos.
El legado de Zapata sigue latente en la Costa-Montaña, por eso la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias ha dado la batalla en estas semanas contra los diputados y diputadas que promovieron una consulta sin tomar en cuenta su parecer. Por eso, salieron a protestar y se concentraron en la ciudad del Chilpancingo frente al Congreso para encarar al Poder Legislativo y denunciar los atropellos que han cometido al imponer una consulta a modo. Las traiciones se siguen dando por parte de quienes dicen ser los representantes del pueblo. Los intereses económicos de la clase política no les permite desarrollar su capacidad de escuchar, más bien se vuelven intolerantes y arrogantes. El general Emiliano Zapata confió en Jesús Guajardo, como el interlocutor apropiado de Venustiano Carranza, sin imaginar que era el instrumento para consumar la traición. Este episodio trágico que truncó el proyecto revolucionario del zapatismo se sigue reciclando a lo largo de nuestra historia. Los pueblos indígenas y campesinos además de ser discriminados y abandonados a su suerte son traicionados por quienes dicen representar sus intereses de clase. Los diputados de esta LXIII legislatura han protagonizado una confrontación con los pueblos indígenas y afromexicanos para defender sus privilegios. Prefieren traicionar los postulados de la Revolución para seguir lucrando con el poder y tratando a los verdaderos protagonistas del cambio como sus vasallos.