Mal negocio ha hecho el Partido de la Revolución Democrática llevando a cargos públicos a personas de siniestra catadura. Uno
de ellos se llama Zeferino Torreblanca, al que el PRD hizo primero alcalde de Acapulco y luego, para desgracia de sus paisanos,
gobernador de Guerrero.
Desde el Poder Ejecutivo de aquella sufrida entidad, el tal Zeferino se ha dedicado a esparcir pretextos para justificar su
ineptitud. Cuenta con una prensa zalamera a la que mantiene bien cebada con la plata de los contribuyentes y no oculta su
hostilidad hacia los medios que se atreven a exponer los aspectos más desastrosos de su gestión o que destapan cloacas de las
que sale el inconfundible hedor de la corrupción.
De acuerdo con Reporteros sin Fronteras, de septiembre de 2006 a la fecha, han sido asesinados en México ocho periodistas, lo
que nos coloca en el poco honroso lugar 136 de las 169 naciones incluidas en el informe de esa organización. Para Reporteros
sin Fronteras, “el gobierno del presidente Felipe Calderón no ha manifestado realmente su interés por la situación de la libertad
de prensa… La justicia mexicana no consigue sancionar a todos los responsables y la impunidad continúa siendo ampliamente la
regla”.
El gobierno guerrerense ha hecho un considerable aporte a la inseguridad de los periodistas y a la impunidad de quienes los
persiguen. El pasado 6 de abril fue asesinado el periodista Amado Ramírez, corresponsal de Televisa y hasta ahora sólo hay un
detenido al que los testigos no identificaron como el culpable, lo que sugiere que se trata de un chivo expiatorio.
La abulia del señor gobernador ante un caso tan alarmante no se compadece de su enérgica cruzada contra la libertad de
expresión. Para empezar, el enorme gasto publicitario de su administración se destina a los periodistas y medios “amigos”, esto
es, los que nadan entre el disimulo y la lambisconería más abyecta.
Para los periodistas que tratan de hacer su trabajo con profesionalismo están las malas caras y peores tratos del señor
“gobernador”; su prepotencia y sus amenazas no tan veladas. Para los medios insumisos no hay información, ni exclusivas ni,
sobre todo, publicidad, pues los dineros del contribuyente se emplean para comprar no espacio, sino aplausos.
Una muestra de ese proceder hostil contra la libertad de información la acaba de dar Zeferino Torreblanca por medio de su
hermano Alberto, quien el pasado 5 de junio fue denunciado por el periódico El Sur, de Acapulco, como socio de la empresa
Corporación Constructora Analú, beneficiada por jugoso contrato de la Secretaría de Educación guerrerense.
La denuncia la hacen constructores de aquel estado que por razones obvias no dan sus nombres, pues eso les ganaría la
animadversión del gobernador-empresario y los llevaría a cerrar fuentes de trabajo que hoy dan empleo a miles de obreros. Por
lo demás, es conocida la seriedad profesional de El Sur y de su director, Juan Angulo, que no darían cabida a una información sin
sustento.
Ante la denuncia de El Sur, la reacción de Torreblanca fue muy elocuente. Lejos de anunciar que se investigaría un asunto de
interés público y que se procedería contra los responsables en caso de configurarse algún delito, el “gobernador” optó por
amenazar. Cuando se le preguntó sobre los contratos por cien millones de pesos que su gobierno adjudicó directamente a 15
empresas constructoras –dos de las cuales ni siquiera figuran en el padrón de obra pública del gobierno guerrerense– y el posible
vínculo de su hermano Alberto con algunas de ellas, respondió: “Que se espere El Sur o que se espere quien sea para ver qué
determinación voy a tomar de acuerdo con lo que a mí me convenga”.
De ese modo, el “gobernador” mostró que no actúa movido por el interés de sus gobernados, sino por lo que a él le conviene. A
favor de esa conveniencia, Alberto Torreblanca, el hermano incómodo, procedió a demandar por diez millones de pesos al
periódico El Sur y a los reporteros Ezequiel Flores Contreras, Hugo Pacheco León, Mónica Martínez García, Teresa de la Cruz y
Jesús Saavedra Lezama, quienes han trabajado en el caso.
Para hacer más obvia la intervención oficial en el asunto, como “pruebas” de la acusación contra el diario y sus reporteros, la
demanda está acompañada de copias de recortes de prensa incluidos en la síntesis informativa del gobierno del estado, en las
que incluso aparece el logotipo oficial.
En fin, que se trata de un nuevo embate de Zeferino Torreblanca contra El Sur, periódico al que no oculta su antipatía y al que de
manera sistemática le niega publicidad, además de que los tribunales laborales, que no escapan a la influencia del “gobernador”,
lo han hecho víctima de fallos notoriamente injustos y altamente onerosos, lo que evidencia la indefensión jurídica de los
periodistas guerrerenses, agredidos por un mandatario que cuenta con el respaldo del Presidente Constitucional y el apoyo
militante del presidente “legítimo”, Andrés Manuel López Obrador, que por lo visto no sabe escoger a sus amigos.