La política de pacificación en la Costa Grande

A principios de los 80 lo que más llamaba la atención viajando por la carretera Costera 200 eran los edificios abandonados que como elefantes blancos mostraban el enorme fracaso de la política oficial en el campo.
Cumplido el plan de pacificación de la zona, alterada 10 años atrás por la guerrilla del profesor Lucio Cabañas, al gobierno le interesó poco la eficacia de la inversión pública para mejorar el modo de vida de la población local, prueba de ello eran las condiciones deprimentes del campo en las que prevalecía la debilidad de los productores desorganizados y dependientes del control de los intermediarios.
Lo mismo los copreros quienes terminada la Segunda Guerra Mundial vieron perder el valor del verde esmeralda de sus palmeras por la caída del precio del aceite, que los serranos cuyos bosques quedaron exhaustos por el saqueo privado y oficial de los talamontes (en Papanoa llegaba a su fin la productiva planta de la Forestal Vicente Guerrero).
Más acá en el municipio de Petatlán los salineros seguían como esclavos de la época colonial produciendo de manera artesanal y bajo los quemantes rayos del sol el grano que a falta del apoyo oficial sólo enriquecía a los acaparadores que cumplían con esa función.
No le iba mejor a los pescadores quienes con sus débiles embarcaciones nunca superaron el límite de la ribera para practicar su actividad al viejo estilo de la cuerda y el anzuelo.
La agricultura siguió siendo de temporal, sin adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, para el autoconsumo y con un patrón de cultivos limitado al saber ancestral de los campesinos.
A lo largo de la costa sobresalían las plantas agroindustriales para el secado de la copra que pronto quedaron en desuso. Había secadoras de copra y productoras de carbón activado que nunca funcionaron en San Jeronimito, municipio de Petatlán, en Pantla, municipio de Zihuatanejo, y una más en La Unión; también grandes bodegas para el almacenamiento de sal en Juluchuca y San Jeronimito, y una de fertilizante en San Luis San Pedro para los productores que nunca se organizaron.
En la entrada al puerto de Zihuatanejo se instaló en aquella época pacificadora una fábrica de blocks de cemento para la industria de la construcción, a cargo del ejido de Agua de Correa que pronto fracasó. Igual que la tabiquera, la purificadora y envasadora de agua y una fábrica de hielo en Pantla.
En Barrio Nuevo quedaron abandonadas las instalaciones de una empresa porcícola y en La Unión una bodega para almacenar cal y una gasolinera ejidal.
Fracasaron dos centros turísticos ejidales, uno en la playa de La Barrita, en el municipio de Petatlán y otro en la de Troncones, perteneciente al ejido Emiliano Zapata en el municipio de Zihuatanejo.
En los pueblos de Buena Vista y Lagunillas se construyeron grandes galeras para la cría y engorda de pollos a cargo de Unidades Agrícolas e Industriales de la Mujer que a falta de socias eran el parapeto para los líderes de la Central Campesina Independiente.
Como debe suponerse, la inversión pública que recibió la región fue el instrumento oficial para corromper y domesticar a los núcleos organizados de la sociedad, vacunándolos contra el activismo fuera de los márgenes establecidos por el propio régimen.
En los 10 años de promoción del desarrollo rural en la zona no se conocía un solo proyecto exitoso para beneficio local, en su lugar lo inocultable era el abandono creciente de las actividades agropecuarias por parte de los pobladores quienes buscaron una mejoría en su situación económica empleándose en el sector turístico, pues siempre les pareció más ventajoso contar con un ingreso económico seguro por más bajo que fuera, frente a la incertidumbre del temporal, la cosecha y los precios siempre por debajo de los costos de producción de los bienes agropecuarios.
Como era el Banco Mundial el emisor de los empréstitos contratados por el gobierno mexicano destinados al desarrollo de la región, era ese organismo el que dictaba los lineamientos para el destino del crédito enlistando los cultivos que se habían de promover, independientemente del interés y la familiarización que tuvieran los campesinos con su cultivo.

El inviable proyecto ganadero

Pero de todos esos proyectos quizá el de mayor efecto corrosivo en lo social por la corrupción con la que se aplicó, y por su tamaño e impacto ecológico, fue el ganadero, ideado por la entonces llamada Secretaría de Agricultura y Ganadería, cuyo titular determinó que dicho sector podría tener futuro como emporio regional estableciendo potreros de pastizales a lo largo de la costa en sustitución del bosque.
Así se concretó un proyecto que involucró a 25 ejidos que deforestaron miles de hectáreas de capa vegetal original a cambio de inversiones a fondo perdido para la infraestructura ganadera.
Con el apoyo del Plan Nacional de Desmontes que les pagó jornales miserables por la destrucción de la enorme riqueza forestal, se establecieron potreros empastados con cercas perimetrales y divisorias y se construyeron corrales de manejo, baños garrapaticidas, caminos y bodegas.
Sin la capacitación requerida ni el convencimiento necesario sobre las bondades de sus proyectos, a los beneficiarios se les comprometió con créditos de avío y refaccionarios para la compra de ganado, vehículos y tractores provenientes del Banco Rural, organismo que yendo más allá de sus atribuciones se convirtió en el moderno hacendado que sometió bajo su mando a los campesinos ejidatarios como mano de obra barata, obedientes a las decisiones que sus técnicos tomaban para administrar y operar el crédito.
Eran los técnicos quienes determinaban la compra de los hatos ganaderos, su calidad y el precio a pagar. Lo mismo para la venta de su producción, la cantidad y el precio de los becerros así como el destino de los ingresos monetarios.
Lo anterior originó el más grande fracaso en el campo que provocó división en los ejidos por la falta de transparencia en el manejo de los recursos.
En pocos años casi todas las empresas ganaderas ejidales fracasaron víctimas de la corrupción y la amenaza como métodos de control que los funcionarios, líderes y técnicos utilizaron para mantener en silencio el malestar en los ejidos.
La frustración por sus proyectos fracasados y el sentimiento de impotencia ante los hechos de fraude, era el ambiente que campeaba en los ejidos donde la gente veía impotente que los bienes de uso común pasaban a ser propiedad individual.
Como la exposición que hicimos de esos hechos ante el delegado federal de la Secretaría de Programación y Presupuesto era incontestables, en respuesta nos presentó como reto hacernos cargo de un proyecto de rescate de esas empresas ganaderas y la recuperación del tejido social para el fortalecimiento de los ejidos, lo cual aceptamos gustosos porque la ejecución de la propuesta garantizaba nuestra presencia que se podía ampliar en la zona.