Lorenzo Meyer
Abril 12, 2007
Complejidad. En sí mismo, un copo de nieve contiene toda la complejidad del universo. Si
se echa mano del microscopio y de la teoría disponible sobre el mundo físico, una
explicación a fondo sobre esa pequeña estructura de agua congelada podría requerir de
volúmenes. En nuestro universo social, el incidente que tuvo lugar en Soledad Atzompa, en
la sierra de Zongolica, en Veracruz, el 25 de febrero, es el equivalente al copo de nieve: bien
observado, el “pequeño caso” resulta un reflejo bastante puntual de toda la problemática de
nuestras relaciones sociales y de poder. Más exactamente, es un microcosmos que
muestra todas las grandes fallas y contradicciones del sistema institucional de nuestro
país.
El detonador. Grosso modo, el caso se desarrolló así. La tarde del domingo 25 de febrero
la señora Ernestina Ascensión Rosario, de 73 años, residente de una comunidad nahua de
Veracruz, fue encontrada moribunda en un paraje de Tetlalzingo, municipio de Soledad
Atzompa en la sierra de Zongolica donde pastoreaba sus seis ovejas. Horas después, en
la madrugada del 26, falleció en el hospital regional de Río Blanco a donde había
ingresado a las 10 de la noche. Hasta aquí los testimonios concuerdan pero luego todo
está bajo sospecha, repleto de contradicciones inaceptables si efectivamente existiera en
México un Estado de derecho.
El origen del problema fue la declaración de los familiares de la difunta. Según su hija
Marta, cuando la encontró, la señora Ascensión Rosario reveló la causa de su estado:
“Fueron los soldados… se me echaron encima”. Al hacer pública la acusación, se desató
una avalancha de documentos y declaraciones que involucran a las autoridades de
Soledad Atzompa, a los poderes estatales de Veracruz y a varias de la federación. Y en
estas últimas, la cadena está compuesta por la Presidencia de la República, la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
entre otros. Además, el caso ya ha sido asumido como propio por congresistas federales,
ONG nacionales y extranjeras y por algunos medios de comunicación y columnistas. A
estas alturas, todo ello no es más que un reflejo de la gran división que hoy caracteriza a
México.
Los hechos (algunos). En primer lugar, están los tres documentos de autoridades
veracruzanas. En el del 25 de febrero, la médico adscrita a una agencia de la Procuraduría
veracruzana describe, en los términos técnicos, que la señora Ascensión, aún con vida,
presentaba, entre otras, lesiones genitales y “perforación anal”, lo que se corresponde con
una “agresión sexual”. Un segundo documento del día siguiente se refiere al examen del
cadáver de la señora Ascensión firmado por el médico Juan Pablo Mendizábal Pérez quien
encontró varias lesiones y “líquido seminal en abundancia” en la región genital, había,
además, “fractura luxación de vértebras cervicales” por lo que la causa de la muerte fue
“traumatismo craneoencefálico”.
El tercer documento está fechado el 12 de marzo y es resultado de una segunda autopsia,
practicada once días después del fallecimiento a pedido de la CNDH y firmado por el
médico Ignacio Gutiérrez. Ahí se asienta que la causa de la muerte fue mecánica, por
anemia aguda, debido a un sangrado “como consecuencia de un esfuerzo”, pero
igualmente se señala que el cuerpo presentaba varias “equimosis por sujeción” en brazos
y piernas y el examen ginecológico menciona “edema vulvar” y eritema en los labios
menores. El proctológico observa “desgarros recientes”. Tras esta segunda autopsia, el
segundo visitador de esa institución señaló que la PGJ de Veracruz debería emitir un
dictamen en un período de 40 a 60 días o sea entre el 22 de abril y el 2 de mayo. En fin,
estos son algunos “datos duros” de la burocracia especializada en su investigación
ministerial N° 140/07/AE/M III.
Pasemos ahora a los inesperados efectos políticos y a percibir como éstos han cimbrado,
al menos por un momento, al conjunto institucional. Dicha conmoción se explica menos
por los hechos y datos y más por lo endeble del marco institucional.
La guerra de las declaraciones. El presidente y los habitantes del municipio –perredista–
donde ocurrieron los hechos no parecen tener duda de cuales fueron las causas de la
muerte de su coterránea ni quienes los culpables. Por ello el 1° de marzo pidieron a la
Presidencia de la República “que el Ejército salga de nuestro territorio y que no vuelva
jamás”. El ejército, por su parte, emitió varios comunicados uno de los cuales (el N° 19) lo
retiró de inmediato para eliminar un párrafo donde especulaba sobre los posibles
agresores de la anciana pastora. De ese comunicado se desprende que ya se estaba
investigando a cuatro oficiales y 79 individuos de tropa de la 26/a Zona Militar. Sin admitir
responsabilidad alguna pero con ánimo de colaborar en la investigación, Sedena dijo
explícitamente que se llevaría a cabo un examen “consistente en comparar el líquido
seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa con muestras de sangre que se tomen del
personal militar.”
El 12 de marzo, con las investigaciones aún en curso, Felipe Calderón, y sin que mediara
pregunta al respecto, decidió declarar a La Jornada que los exámenes de los especialistas
demostraban que la señora Ascensión no había fallecido como consecuencia de una
violación sino de una simple “gastritis crónica no atendida”. Después que la máxima figura
política del país había dado su opinión –¿veredicto?– pero antes de que concluyera la
investigación, el 30 de marzo el titular de la CNDH declaró en igual sentido: la primera
autopsia estuvo mal hecha, y la segunda demostraba que la señora Ascensión había
muerto a causa de una enfermedad no “atendida adecuadamente” pero que en todo caso
no había habido violación. La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres también
declaró ese día: que lo dicho por la señora Ascensión –que la violaron militares– no podía
ser tomado literalmente porque ya estaba moribunda y ¡lo había dicho en náhuatl!
Para la comunidad de Soledad Atzompa y para el gobernador de Veracruz, según
declaración del 30 de marzo, la muerte de Ernestina Ascensión había sido producto de un
crimen, pero para la Presidencia de la República –máxima autoridad militar– y para la
CNDH, había sido resultado de una simple enfermedad.
¿Dónde estamos?. Contra lo asegurado explícitamente por el responsable de la CNDH, e
implícitamente por la presidencia, si bien la segunda autopsia no confirma todo lo
apuntado en la primera, tampoco cierra técnicamente la posibilidad de una violación. Así lo
argumentó en el programa radiofónico de Carmen Aristegui del 3 de abril la maestra
Bárbara Illán, especialista en delitos sexuales. Y para complicar más el caso, ahora resulta
que un elemento clave, el “líquido seminal” tomado del cuerpo de la fallecida y al que hizo
referencia un documento de Sedena ¡desapareció! Los militares dicen que ellos nunca
tuvieron en realidad ese líquido y sólo supusieron que lo tenían las autoridades de
Veracruz, pero ahora resulta que la PGJ de Veracruz lo perdió, lo mismo que muestras de
tejidos, (Proceso, 8 de abril).
El copo de nieve. Hoy el problema surgido en Zongolica pareciera un guión para los
hermanos Marx, una comedia de equivocaciones, pero donde el elemento trágico es el
dominante.
Para empezar, la víctima de la agresión o de la pobreza, según se vea, pertenecía al México
que siempre ha perdido. La comunidad de Atzompa es una muestra del resentimiento, muy
justificado, del México indígena, siempre bajo sospecha para el México mestizo. Luego,
para seguir, las altas autoridades emitieron su “autorizada opinión” antes de tiempo
–cuando la investigación apenas estaba en curso– y en este caso el tiempo resultó un
factor político; no se trató de opiniones inocentes sino muy cargadas. El ombudsman debió
estar consciente de que, por su origen –su puesto lo creó Carlos Salinas como parte de la
negociación del TLC con Estados Unidos– aún tiene que probar que no es instrumento de
la presidencia. La Sedena, hoy una institución más en el centro de la política que lo que le
es habitual, dio comunicados que luego retiró y se contradijo en un punto central: el de la
muestra de líquido seminal.
En fin, cualquiera que sea la “verdad oficial”, lo que ese copo de nieve en Atzompa deja en
claro es que algo muy importante ha vuelto a fallar. Y lo peor es que tal circunstancia ya no
asombra. Personajes e instituciones carecen de credibilidad, tanto en su actuar como en
su moral. El país sigue fracturado por regiones, clases y por la deuda histórica con los
indígenas. Y esa, tristemente, es la realidad mexicana.