Karina Contreras

El secretario de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Silvano Palacios Salgado, señaló que el gobierno estatal no pagó las prestaciones por años de servicio a alrededor de mil trabajadores del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE).
En conferencia de prensa en las oficinas del SNTE en Acapulco, el dirigente sindical reclamó a la  Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y al gobierno del estado encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el incumplimiento del pago a la medalla Vicente Guerrero a los del PAAE, que debieron recibirlo el pasado 21 de julio, pero solo les entregaron el cheque correspondiente a la federación.
El dirigente sindical exigió el pago inmediato de la prestación a los integrantes del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) que cumplieron desde 25 hasta 50 años y atendieron los requisitos de la convocatoria y siguen “sin recibir la prestación económica que por derecho les corresponde”.
Recordó el dirigente sindical que hace un año les entregaron el cheque, pero no tenía fondos y tuvieron que protestar para que lo pagaran y “ahora ni siquiera entregaron el cheque por eso hay inquietud y una inconformidad fuerte”.
Señaló que la SEG no les da fecha para cubrir el pago y eso lo más molesto, que no hay una declaración de las autoriades para informar cuándo quedará el pago.
Además, dijo que falta el pago de cuatro mesadas y la entrega de electrodomésticos de los últimos tres años. También exigen el reconocimiento de antigüedad a trabajadores que son docentes, pero empezaron a cobrar el estímulo como personal de apoyo.
También la recategorización de compañeros que están en funciones de docentes pero tienen aún la clave de PAAE.
Palacios Salgado dijo que exigen la incorporación del 100 por ciento de los trabajadores no Fone porque en la última convocatoria de estímulo a la jubilación hay “recursos suficientes para poderlos incorporar a todos al 100 por ciento”.
Denunció que nada más firman acuerdos pero en general hay incumplimiento de la SEG que encabeza Ricardo Castillo Peña y del gobierno del estado.
Advirtió el dirigente sindical que de no pagarse el cheque a más de 11 mil trabajadores del PAAE y las mesadas a los jubilados no reanudarán labores al inicio del ciclo escolar hasta que se cumpla.
Subrayó que no se trata de un beneficio extraordinario sino el cumplimiento de un derecho laboral adquirido por años de entrega y compromiso con la educación pública.
Sobre las elecciones para renovar la dirigencia de la sección 14 del SNTE, Silvano Palacios Salgado dijo que en octubre cumplen cuatro años al frente del sindicato y será la dirigencia nacional quien revise la emisión de la convocatoria.
Señaló que si no se emite la convocatoria en octubre se tiene que hacer una prórroga ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje mientras el comité nacional la emite por la que hay que esperar.
Sobre la decisión de la CETEG de participar en la elección, el dirigente sindical reapondió que están en su derecho siempre y cuando se apaguen a un documento estatutario porque es un proceso libre, democrático, transparente, pero con reglas para todos.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Movimiento Transformador de Guerrero (MTG), conformado por morenistas de todo el estado, criticó el derroche de dinero en la celebración de las asambleas informativas de los aspirantes a coordinar la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. y expresó su preocupación por quienes están sumando a sus equipos a ex priistas y personajes de la derecha.
Antes dichas observaciones, los integrantes del MTG, que se asumen como fundadores de Morena, en conferencia de prensa informaron que respaldan las aspiraciones del ex delegado del Bienestar, Iván Hernández Díaz, del diputado local con licencia, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, del ex diputado federal, Rubén Cayetano García y de la ex secretaria de Salud estatal, Aidé Ibarez Castro.
“Los respaldan los cargos que han desempeñado con responsabilidad; los respaldan las causas que han defendido; los respaldan el reconocimiento de las comunidades a las que han servido a lo largo de los años. No afirmamos que sean perfectos, pero entre las opciones analizadas reúnen en mayor medida las cualidades que el diagnóstico de Guerrero exig”, dijo Marco Antonio Miranda, de la Comisión Política del MTG, en relación a los aspirantes a quienes apoyan.
En conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), los integrantes del MTG leyeron un pronunciamiento en donde expusieron su preocupación por algunos aspirantes.
Criticaron el derroche de dinero en las asambleas informativas y la confrontación entre quienes buscan encabezar la coordinación de Morena, cargo que en un futuro les permitirá ser el candidato a la gubernatura.
En su pronunciamiento, explicaron: “Las (asambleas) muchos de los aspirantes han convertido en mítines políticos, financiadas por grupos de poder económico en la entidad, que no representan al movimiento”.
Expresado también su preocupación por la pelea que mantienen dos aspirantes, y aunque no precisaron sus nombres, hicieron evidentes referencias a Beatriz Mojica Morga y Esthela Damián. De esta última, advirtieron sobre la presencia de políticos acusados de situaciones graves.
“Preocupan que estas aspirantes se acusen mutuamente, en parte cierta, de que sumen a sus equipos lo más retrógrada de políticos del pasado neoliberal a quienes combatimos y vencimos, y hoy, como caballo de Troya oportunistamente vienen a pretender descarrilar a nuestro movimiento”.
En la conferencia de prensa estuvieron el ex diputado local, Antonio Helguera Jiménez, el líder magisterial Bulmaro Muñiz Olmedo, el dirigente del Frente Democrático de Trabajadores de la Salud, Hilario Zúñiga Escamilla, y el ex diputado federal, Carlos de Jesús Alejandro.

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El subsecretario Francisco Rodríguez Cisneros se reunió con representantes de las casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC), para revisar “la continuidad de la agenda de trabajo, orientada a la institucionalidad, a la gobernabilidad y la paz de los pueblos indígenas y afroamericanos”, según un boletín del Gobierno del estado fechado en Acapulco.
La reunión ocurre un día después de la comunidad de Buenavista, en el municipio de San Luis Acatlán -que no es parte de la CRAC-PC-, retuvo seis días por decisión de su asamblea a tres funcionarios de la Secretaría General de Gobierno (SGG), en demanda de la liberación del dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, detenido en un retén militar en San Marcos el 17 de junio.
Según el comunicado, representantes de las casas de justicia de Caxitepec, Chilistlahuac, Espino Blanco, Paraíso, San Luis Acatlán y Xitlaltepec, expresaron disposición para continuar trabajando la agenda de coordinación con el gobierno estatal.
Señaló, sin mayor detalle, que “durante el encuentro se revisaron los avances de los acuerdos establecidos y se analizaron diversos temas de interés para las comunidades, reafirmando el compromiso de mantener una relación basada en el respeto a los sistemas normativos internos, la libre determinación de los pueblos y la construcción de soluciones mediante el diálogo”.
En cambio, resaltó que el representante de la CRAC-PC, Martín Rosales Sierra reconoció “a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por mantener una política de diálogo y apertura con los pueblos indígenas y afromexicanos, y la disposición del Gobierno del estado para escuchar y dar seguimiento a los acuerdos fortalece la confianza y permite avanzar en la atención de las necesidades de las comunidades”.
Mientras Rodríguez Cisneros dijo que la administración estatal mantendrá la coordinación con las autoridades comunitarias para atender sus planteamientos de manera institucional, y será enlace permanente con las dependencias competentes para dar seguimiento a los planteamientos de la Coordinadora, “fortaleciendo los mecanismos de atención y coordinación en beneficio de las comunidades”.

Alejandro Guerrero

Iguala

En la conmemoración de los 142 meses de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en esta ciudad, alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos reclamaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que se ponga a investigar lo que verdaderamente ocurrió la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, y que no se encubra la participación del Ejército en el caso.
Como cada día 27 de mes, una comisión de estudiantes normalistas acompañados por miembros del Bloque Democrático de Organizaciones, conmemoraron los hechos ocurridos hace casi 12 años en Iguala, donde reiteraron la exigencia de justicia, castigo a los culpables y presentación de sus compañeros.
Sin la asistencia de madres y padres de los muchachos desaparecidos de manera forzada, en un primer mitin en la Ciudad Industrial junto al obelisco en memoria de Julio César Mondragón Fontes, el joven torturado y desollado del rostro, uno de los voceros de la Normal Rural le exigió a la CNDH que investigue el caso y no se encubra la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
“A la CNDH que verdaderamente se ponga a investigar, porque nosotros sabemos bien a ciencia cierta que el gobierno encubrió lo que el Ejército mexicano hizo aquella noche, porque no solamente fueron fuerzas municipales y estatales, estuvieron coludidas varios organismos del Estado como Ejército, Policía Federal, Municipal, Ministerial y el crimen organizado”, dijo el alumno en referencia a la cuestionada recomendación emitida por el organismo nacional.
Reclamó que “¿Hasta dónde llegan estos casos? ¿hasta dónde llega la corrupción de este gobierno de encubrir todo esto?… sabemos que es un encubrimiento porque ellos son los que tienen el peso de la ley y el mando actualmente, son los que tergiversan la información”.
Poco después en el segundo mitin realizado en la esquina de la calle Juan Álvarez y Periférico Norte, otro de los oradores de la Normal reclamó que “¿cómo es posible que a casi 12 años y no hay respuesta?, cuando este caso tuvo que haber sido resuelto en menos de 24 horas, pero no fue así, no fue resuelto, no hay verdad ni respuestas de dónde están nuestros (43) camaradas”.
Este vocero también señaló la intervención del Ejército en la trágica noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, al que se le ha pretendido restar responsabilidad, “nos esconden la verdad porque saben que están involucrados en este caso la SEDENA (Defensa), la Marina y departamentos gubernamentales son los responsables de la desaparición de nuestros camaradas”.
Señaló que esa es la razón por la que no quieren entregar los más de 800 folios (853) en manos del Ejército -de registros generados mediante su Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI)-, “folios dónde está toda la verdad, donde está la respuesta de dónde están los camaradas y donde está todo lo que pasó aquella noche, todos los personajes involucrados”.
En los mítines realizados los normalistas exigieron también al gobierno federal que se retomen las líneas de investigación que han solicitado los padres de los 43 desaparecidos, “que se sigan investigando a fondo las líneas telefónicas que estuvieron activas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014”.
Asimismo, que se apresure la extradición del Juez de Barandillas, José Ulises Bernabé, asilado en Estados Unidos, y del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, prófugo en Israel.

 

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó opinar de la controversial recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la cual desestima la participación de elementos del Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Sheinbaum señaló que espera que la comisión y fiscal especial del caso Ayotzinapa pronto puedan brindar más información sobre los avances.
“Espero que ya pronto pueda la Comisión Especial de la Secretaría de Gobernación y el fiscal del caso dar más información sobre este tema de líneas de investigación que se abrieron y avances muy importantes en la investigación, y en ese momento podríamos platicar ya del informe de la CNDH”, respondió.
En la conferencia matutina de este lunes la presidenta insistió en que luego de que se brinde más información, se podría platicar de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual resta posibles responsabilidades al Ejército.
“Tenemos mucha comunicación con padres y madres de Ayotzinapa, entonces por respeto a ellos y a la investigación, en el momento, yo espero que sea pronto que se tengan más avances importantes, podamos hacerlo público”, dijo.
Comentó que ya se tiene pactada una próxima reunión entre ella y padres y madres los 43 normalistas desaparecidos, pero no precisó la fecha. (Juan Luis Altamirano / Ciudad de México).

Alejandro Guerrero

Iguala

Una mujer y su hija se sumaron a las víctimas mortales de la explosión de pirotecnia durante las celebraciones religiosas en la localidad de Real de Limón, Cocula, en tanto que, tres de los siete lesionados que estaban en el hospital general Jorge Soberón Acevedo de esta ciudad fueron dados de alta, siguen internados dos y los dos hermanos de 3 y 4 años fueron trasladados a un hospital de especialidades.
El gobierno de Cocula informó que se realizan los dictámenes estructurales de la iglesia de la virgen de Guadalupe, sin que haya informado hasta este lunes la cifra oficial de personas lesionadas y fallecidas, pero según los primeros reportes ya sumarían seis.
Aunque el gobierno municipal de Cocula y su alcalde Raymond Román Alarcón (PRI) no ha informado el número oficial de víctimas de la explosión de pirotecnia ocurrida la noche del sábado en la iglesia de la virgen de Guadalupe durante las celebraciones a Santiago Apóstol, se informó que la mañana del domingo murieron una mujer y su hija que habían resultado heridas.
Mediante esquelas publicadas por pobladores se informó que la mañana del domingo fallecieron la señora Jaqueline Brito y su hija Ivonne Jiménez, ésta última estudiante de secundaria, originarias de la localidad de La Mohonera, Cocula.
En tanto que se informó que de esta misma familia siguen internados Marlén Brito, hermana de Jaqueline y el niño Eithan Mateo, quienes no aparecen en la lista de 12 personas lesionadas que la noche de la explosión fueron llevados a hospitales públicos de Iguala.
La noche en que ocurrió la explosión de los cohetones mientras se quemaba un torito de fuegos artificiales, lo que derrumbó parte de la iglesia y la estructura de metal donde se almacenaba la pirotecnia, murieron las hermanas Carmela y Guillermina Ontiveros, de 65 y 55 años, así como Nereida Cervantez Romero, de 30 años con un embarazo de ocho meses de gestación. En tanto que se informó la cifra preliminar de 30 personas lesionadas con fracturas y quemaduras de segundo y tercer grado.
En un comunicado de prensa difundido pasada la medianoche del domingo, el gobierno de Cocula informó que el alcalde Raymond Román realiza recorridos de supervisión en la iglesia de la comunidad de Real de Limón, con soldados del Ejército, Protección Civil estatal y personal de la minera Media Luna, “para evaluar la situación y dar seguimiento a las acciones que permitan proteger a nuestra gente”.
El alcalde priista ofreció que no dejará solas a las familias de los afectados, “seguiremos atentos, gestionando el apoyo necesario y actuando con responsabilidad para salvaguardar el bienestar de todas las familias de Real de Limón”.
En el comunicado de prensa destaca que “la prioridad fue brindar atención médica y oportuna a los lesionados”, aunque desde el momento de los hechos y hasta anoche, no había informado el saldo oficial de personas lesionadas y fallecidas por este hecho.
Indica que el recorrido en la iglesia de la comunidad, es “con el propósito de realizar la valoración de los daños y coordinar las acciones que permitan atender esta situación de manera responsable y oportuna”.
Dan de alta a tres internados en el hospital de Iguala
El Coordinador regional del IMSS-Bienestar, Rubén Rivera Tolentino, informó la tarde de este lunes que de los siete pacientes que habían sido trasladados al hospital Jorge Soberón Acevedo, tres de ellos fueron dados de alta.
En tanto que en este hospital de Iguala siguen dos personas más internadas y los dos hermanos de 3 y 4 años que sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado, fueron trasladados a un hospital de especialidades en la ciudad de México. El médico dijo desconocer la cifra total de personas lesionadas y fallecidas por este hecho.

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, informó que del año pasado a la fecha, se tienen registrados nueve accidentes por manejo de material pirotécnico, tres relacionados con festividades religiosas, como la del domingo en la iglesia de Santiago Apóstol, en la comunidad de Real de Limón, en Cocula.
Adelantó que están considerando pedir a las autoridades eclesiásticas que notifiquen a las áreas de Protección Civil sobre el uso de pirotecnia en sus actividades, para que acuda personal especializado y se haga un mejor manejo de los residuos explosivos.
Por protocolo, informó que las comunidades deben avisar al Ayuntamiento sobre el uso de pirotecnia, para que personal de PC vaya a revisar, y no lo hicieron.
Precisó que en estos hechos se registraron tres personas fallecidas y 12 hospitalizadas, debido a que la noche del incidente se habló de un cuarto deceso, que no fue confirmado por las autoridades del sector Salud.
En entrevista telefónica, señaló que la Fiscalía General del Estado comenzó un proceso de investigación del suceso.
Por el momento dijo que se desconoce si el origen de la pirotecnia es legal, o proviene de un taller clandestino.
Confirmó que el siniestro fue originado por un buscapié que lanzó un torito activo, en el atrio de la iglesia, que llegó al conjunto de toritos que estaba en el exterior de la iglesia, bajo un techo de lámina, junto a la torre.
La explosión que ocasionó el buscapié, derribó primero la lámina del techo, y después una pared de unos 4 metros de la parroquia, donde había personas resguardadas de los juegos pirotécnicos, y provocó el problema mayor, detalló.
“Fue una onda expansiva muy rápida lo que se generó. Los fallecimientos fueron por aplastamiento principalmente del muro de mampostería, ya volcado, se generó fuerza enorme”.
Para prevenir estas situaciones, indicó que existe un protocolo a lo largo del año para recomendar que las áreas de Protección Civil municipal, la vigilancia de las festividades religiosas, donde la población debe avisar al ayuntamiento.
Añadió que han considerando hacer este llamado también a las autoridades eclesiásticas, para que en las fiestas religiosas acuda personal de PC del municipio para manejar de manera más segura la pirotecnia.
Puntualizó que las autoridades de Real de Limón no avisaron al municipio, y ocurrió este accidente tan desafortunado, donde los toritos tenían bastante carga de pólvora; todo el contenido de pólvora estalló; no hubo incendio, fue una onda expansiva lo que provocó los daños.
En el recuento de accidentes por pirotecnia, de 2025 y lo que va de 2026, indicó que la mayoría ocurrieron en talleres de manufactura, clandestinos, y tres en festejos religiosos.
Este año, además del accidente en Real de Limón, en marzo pasado se reportó la explosion de castillos y cohetes en un almacén en Cacalotenango, en el municipio de Taxco, donde explotó un almacén a un lado de una vivienda.
El año pasado, hubo seis accidentes, en talleres y bodegas en Cochoapa, municipio de Ometepec; en el barrio de San Francisco en Cuajinicuilapa, en la colonia la Laja en Acapulco, y en la colonia San Andrés en Teloloapan.
También, en el atrio de la iglesia y en la vía pública del barrio de San Diego en Tlapa, y en la iglesia de San Gregorio en Pueblo Nuevo Tetipac; en este último caso se reportó un joven fallecido y 22 lesionados.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La diócesis Chilpancingo-Chilapa manifestó mediante un comunicado de prensa en su cuenta oficial de Facebook, su “dolor y consternación” por los muertos y heridos que provocó una explosión de pirotécnia en la comunidad de Real de Limón, municipio de Cocula, durante la celebración del Señor Santiago, la noche del sábado.
“La diócesis Chilpancingo-Chilapa expresa su más profundo dolor y consternación ante el lamentable accidente ocurrido durante las festividades en honor al Señor Santiago en la comunidad de Real de Limón, el cual ha dejado como consecuencia la pérdida de vidas humanas y varios fieles heridos”, se expresa en un comunicado que firman el obispo José de Jesús González Hernández y el director de la oficina de prensa, Jorge Aarmando Vázquez Rodríguez.
La explosión de pirotecnia que marcó la tragedia en ese pueblo ubicado en la zona del Alto Balsas de Guerrero, ocurrió en el atrio de la iglesia de las Virgen de Guadalupe y entre las víctimas mortales está una mujer de 30 años de edad con un embarazo de ocho meses y dos de sus hijos de 3 y 4 años están entre los 30 lesionados.
La diócesis manifiesta en su comunicado su cercanía espiritual con las familias de las víctimas, “quienes hoy experimentan el dolor de una pérdida irreparable; pedimos al Señor que les conceda fortaleza, consuelo y una pronta recuperación”.
Hace un llamado a todos los sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos y fieles laicos, a que, durante la próxima semana, en cada parroquia, rectoría, capilla y comunidad, se eleven “oraciones especiales” por el eterno descanso de las personas fallecidas, por la recuperación de los heridos, por el consuelo de sus familias y por la paz de la comunidad de Real de Limón.
Asimismo, exhortan a que, en la Santa Misa y en el rezo del Santo Rosario, se haga una intención particular por todas las víctimas de esta tragedia.
“Encomendamos sus almas a la infinita misericordia de Dios, con la firme esperanza de la resurrección prometida por nuestro señor Jesucristo”.
Los representantes de la diócesis refieren que se unen “con afecto fraterno”, a la comunidad de Real del Limón, “atendida pastoralmente por la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, así como a su párroco, agentes de pastoral y fieles, quienes en estos momentos acompañan a las familias afectadas y comparten su sufrimiento”.
Los prelados añaden que, ante acontecimientos como éste, “la fe cristiana nos recuerda que el dolor y la muerte no tienen la última palabra; en Jesucristo, encontramos la esperanza que sostiene nuestro caminar y nos fortalece en medio de la prueba”.
Indican que hoy más que nunca “estamos llamados a permanecer unidos, a sostenernos mutuamente y a hacer visible la caridad cristiana mediante la oración, la solidaridad y la cercanía con quienes sufren”.

 

Pobladores de la localidad de Cruz Fandango del municipio de Alcozauca, acudieron a la Ciudad de México, para demandar una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para exigir seguridad ante irrupciones de sus vecinos de Cuyuxtláhuac.
Cerca de 30 pobladores se colocaron en las inmediaciones de Palacio Nacional, en el Ayuntamiento de la Ciudad de México, donde pidieron la intervención presidencial para resolver la situación de inseguridad que viven.
Apenas el sábado comuneros de Cuyuxtláhuac, del mismo municipio de Alcozauca, irrumpieron en la localidad de Cruz Fandango e incendiaron una vivienda.
La noche del sábado, vecinos de la localidad denunciaron que hombres armados habían entrado a la comunidad. Los vecinos señalaron como responsables al grupo criminal de Los Cresencio, liderado por el comisariado de Bienes Comunales, Celestino López Trinidad.
La petición de los pobladores es tener una mesa con la presidenta Sheinbaum para exponer la inseguridad que se vive, pues denuncian que fueron desplazados de su comunidad, además de que se tenga una solución definitiva con reconocimiento del problema.
En febrero pasado pobladores de Cruz Fandango también habían asistido a la Ciudad de México con el mismo propósito, la resolución de conflictos con sus vecinos de Cuyuxtláhuac por medio de un diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En esa ocasión, los pobladores de Cruz Fandango demandaban la presencia de policías o Guardia Nacional, pero les habían planteado que primero debían reunirse con autoridades estatales. (Juan Luis Altamirano / Ciudad de México).

Alejandro Guerrero

Iguala

Integrantes del colectivo Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos iniciaron este lunes una jornada de búsqueda en vida de la joven Ivette Melissa Flores Román en Piedras Negras, Coahuila, ante indicios de que una amiga suya con la que habría estado secuestrada en Cuernavaca, Morelos en 2016, estuvo en ciudades de ese estado fronterizo.
La diligencia, que se desarrollará esta semana en cuatro ciudades de Coahuila, se da como parte de las recomendaciones hechas al Estado mexicano en cumplimiento de la sentencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las mujeres (CEDAW por sus siglas en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas, emitida el 29 de noviembre de 2022, informó la activista Sandra Luz Román Jaimes.
En declaraciones ofrecidas la tarde de ayer vía telefónica, la activista y madre de la joven Ivette Melissa, informó que este lunes estuvieron en la ciudad fronteriza de Piedras Negras, donde ingresaron al penal femenil como parte de la actividad de búsqueda en vida de su hija.
En ese lugar mostraron a las internas las lonas y fichas de búsqueda de los desaparecidos que busca este colectivo, particularmente de Ivette Melissa, con el fin de tener alguna información en caso de que la hayan visto, pero no hubo resultados positivos.
Esta búsqueda en vida, que también contempla las ciudades de Monclova, Saltillo y Torreón, es parte de las investigaciones derivado de que en esas ciudades supieron que estuvo una amiga de Ivette Melissa con la que presuntamente estuvo secuestrada en Cuernavaca, Morelos, en el 2016, es decir, cuatro años después de su desaparición forzada.
Después de la actividad realizada dentro del reclusorio femenil la comisión de familiares realizó una pega de fichas de los desaparecidos que busca este colectivo muy cerca de la línea fronteriza con Estados Unidos, al lado del río Bravo, informó Román Jaimes.
Esta actividad la realizan con acompañamiento de la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) y resguardo de efectivos de la Guardia Nacional (GN).
De acuerdo con los registros periodísticos de El Sur y el seguimiento que se le ha dado a este caso, la sentencia emitida por la CEDAW contra el Estado mexicano en noviembre de 2022, dio un plazo de seis meses para localizar con vida o sin ella a Ivette Malissa Flores Román, lo cual no ha ocurrido a casi cuatro años.
Ivette Malissa, fue víctima de desaparición forzada cometida el 24 de octubre de 2012 en Iguala, cuando tenía 19 años, quien fue sustraída por la fuerza por civiles armados que irrumpieron a su casa a balazos, hecho en el que intervinieron efectivos de la Policía y Tránsito Municipal, así como Policía Ministerial del estado, de acuerdo con la narrativa de su mamá.
Por este caso, el 9 de mayo de 2025 el Estado mexicano, mediante el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, realizó el acto de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional y ofreció una Disculpa Pública a la familia, por la desaparición forzada de la joven Ivette Melissa.