Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La violencia les quitó a sus hijos y ahora el gobierno pretende arrebatarles a las madres buscadoras su derecho a la libertad de expresión y de manifestación para exigir su búsqueda, reprochó ayer la presidenta de la colectiva Memoria Verdad y Justicia, Socorro Gil Guzmán, en vísperas del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Gil Guzmán, junto con otras madres buscadoras pegó ayer las fichas de sus desaparecidos en la colonia del PRI, de la capital, donde en entrevista denunció que el gobierno estatal pretende evitar que protesten este 30 de agosto para exigir la búsqueda de sus desaparecidos, como parte de las actividades por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Socorro Gil Guzmán busca a su hijo Jonathan Guadalupe Romero Gil, detenido-desaparecido por policías municipales de Acapulco el 5 de diciembre del 2018.
Las buscadoras de esta colectiva pegaron 20 fotografías de un total de 70 personas que buscan.
Las fichas corresponden a personas desaparecidas que cumplen años en julio y agosto y fueron colocadas en pancartas gigantes en forma de rompecabezas en la barda de contención del bulevar Vicente Guerrero, en la colonia del PRI, casi frente a las instalaciones de la 35 Zona Militar,
“Es una manera de hacer memoria y recordarles a las autoridades que han sido incompetentes en su forma de gobernar y no dar seguridad, vivimos en un estado lleno de violencia y al gobierno parece no importarle esto; diario siguen desapareciendo personas, asesinando a nuestros jóvenes y niños”, dijo la activista.
Ante esta situación hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para que volteen a ver no solamente las desapariciones de todos los días, sino los asesinatos que se padecen en el estado.
“Las autoridades nos han dicho que no quieren que nos manifestemos ni bloqueemos este 30 de agosto, porque dicen que nos han estado ayudando, pero no es ayuda lo que necesitamos, queremos que hagan su trabajo, que hagan búsquedas, investigaciones, que encuentren a nuestros desaparecidos, que hagan la confrontación de muestras de todos los cuerpos que están en los Semefo para que esas víctimas que están ahí regresen a sus hogares”, pidió Gil Guzmán.
Exigió que las autoridades frenen las desapariciones y que acaben con la violencia, “porque salimos a la calle y no sabemos si vamos a regresar o no, todo el tiempo andamos con miedo de que algo nos pueda pasar, de que nos pueden desaparecer o nos pueda dar una bala perdida cuando andamos en la calle”.
La activista reprochó que primero les quitaron a sus hijos por la violencia que no ha podido contener el gobierno, después les quisieron arrebatar la libertad de expresión al recomendarles que ya no declaren a los medios de comunicación, y que recientemente les pidieron en una reunión que no se manifiesten el 30 de agosto.
“Argumentan (los funcionarios) que nos han estado ayudando, que se han estado reuniendo con nosotros y que no bloqueemos las calles, pero, al menos yo, les respondí que primero busquen a nuestros desaparecidos, que frenen las desapariciones y la violencia en el estado”.
Reprochó que no es posible que sigan las desapariciones y el gobierno diga que no pasa nada, que no es cierto, y lo siga negando, ya ninguna autoridad de los tres órdenes de gobierno habla del problema de las desapariciones, ni de los asesinatos que vivimos todos los días”.
En respuesta a la pregunta de los reporteros, la madre buscadora declaró que en la reunión donde les pidieron que no se manifiesten el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas estuvo el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, y el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Alejandro García Solorio, “uno de ellos nos dijo que no quieren que les bloqueemos las calles el 30”, dijo sin precisar quién de los dos funcionarios.
Sin embargo, insistió a las madres buscadores que “accionen” ese día, “porque si ellos (los funcionarios) no están haciendo su trabajo, pues nosotros lo vamos a hacer”.
Declaró que no pueden quedarse calladas cuando el problema de los desaparecidos sigue aumentando, e informó que en lo que va de este año se han sumado siete familias que tienen desaparecidos a la colectiva que encabeza. Las siete son del municipio de Acapulco.
Igual hizo un llamado a la sociedad, “a que no esperen que les pase, que les desaparezcan a un familiar o se les asesinen”, les pido que se unan, “que nos apoyen, que seamos la voz de los que nos faltan o de los que nos han arrancado las balas”.
Clamó a los ciudadanos que no las dejen solas, “que el dolor que estamos viviendo no sólo sea de nosotras, sino de toda la sociedad en general, todos deberíamos tener empatía y solidarizarnos. En lugar de revictimizarnos, gritarnos, insultarnos, unirse a nosotros para levantar la voz”.
Dijo que sobre todo las autoridades lejos de ayudarlas las revictimizan cuando van a preguntar por su caso a las agencias del Ministerio Público, “nos dicen que si no nos cansamos de ir a pedirles informes y que investiguen, pues claro que no nos vamos a cansar de buscar, de caminar, ni de andar en las calles gritando consignas, mientras no aparezcan, vamos a seguir siendo la voz de nuestros hijos y a seguir luchando y buscando a nuestros desaparecidos”.

Alejandro Guerrero

Iguala

María de Jesús Tlatempa Bello, mamá del estudiante José Eduardo Bartolo Tlatempa, uno de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, reiteró ayer en esta ciudad la exigencia de que sean entregados los 800 folios que tiene el Ejército donde hay evidencias, nombres y lugares para saber el paradero de sus hijos, a un mes de que se cumplan 11 años de los hechos.
Una comisión de estudiantes de nuevo ingreso de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y miembros del Bloque Democrático de Organizaciones de Iguala, conmemoraron un mes más de los hechos con mítines y colocación de ofrendas florales en los obeliscos de sus compañeros asesinados, Julio César Mondragón Fontes, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava.
Las actividades iniciaron a las 12:30 de la tarde, en el obelisco en memoria del normalista torturado y desollado, Julio César Mondragón, en la zona de Ciudad Industrial al norte de Iguala.
La única madre que asistió a este mitin, María de Jesús Tlatempa, reclamó que al cumplirse 131 meses de los hechos no han tenido una respuesta clara, una verdad ni justicia de los hechos ocurridos aquel 26 y 27 de septiembre de 2014.
En este acto, la señora reiteró la exigencia de que sean entregados los más de 800 folios en manos del Ejército que tendrían información y evidencia para conocer el paradero de los normalistas, “tienen evidencias, pruebas, nombres y lugares para seguir en esas líneas de investigación, que hasta hoy estamos en espera de que se lleven a cabo para saber el paradero de nuestros hijos”.
Mencionó que en las reuniones que han tenido con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le han dicho que no pueden olvidar a sus hijos, y que ella como la presidenta de México y comandanta suprema de las fuerzas armadas, “está en sus manos resolver este tema para dar con el paradero de nuestros hijos”.
Afirmó que el gobierno “a fuerza nos quiere dar su informe”, y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum “igual quiere dar otra vez el informe de la verdad histórica gubernamental”. Agregó que” a ver qué tal” en este sexenio “porque es muy difícil brindar la confianza cuando nos han mentido, la confianza se construye y es por eso que vamos a seguir exigiendo verdad y justicia”.
Aunque reconoció que es cierto que hay detenidos por este caso, entre los que mencionó a la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el estado (TSJ), magistrada en retiro Lambertina Galeana Marín, lamentó que al igual que otros “no ha dado ninguna declaración que nos diga dónde están nuestros hijos”.
La madre de familia advirtió que no pueden permitir tanta injusticia ni más impunidad, “porque ya basta de las violaciones de derechos humanos, porque nosotros queremos funcionarios y una presidenta humanitaria que resuelva el caso Ayotzinapa ya que está en sus manos, tiene el poder de resolver el caso, ya que es la comandanta de las fuerzas armadas, está en sus manos resolver este caso”.
Durante este mitin y el realizado después en la calle Juan Álvarez en la esquina con Periférico Norte, María de Jesús Tlatempa reiteró la petición de solidaridad a los vecinos de Iguala, a los que dijo que no se les olvide que no se ha resuelto el caso, “seguimos pidiendo ese apoyo solidario para llegar a la verdad, a la justicia y para que paguen los responsables tanto materiales como intelectuales”.
Un estudiante representante de la Normal de Ayotzinapa cuestionó en dónde se encuentran “aquellas personas que fueron partícipes de estos hechos”, y mencionó al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, al juez de Barandillas exiliado en Estados Unidos, Ulises Bernabé y al ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, Tomás Zerón de Lucio, refugiado en Israel.

Luis Daniel Nava

Chilpancingo

José y Claudia Molina González, hermanos del ex coordinador de la Policía Comunitaria de Tixtla de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), Gonzalo Molina, fueron liberados del penal de Chilpancingo –en el que permanecieron 6 días–, luego de que un juez federal los absolvió de cuatro delitos, entre ellos el de terrorismo, por un zafarrancho suscitado en 2013.
José fue detenido por la Policía Federal Ministerial la noche del miércoles 20 de agosto en la Ciudad de México a donde acompañaría a su hija a inscribirse a una preparatoria de la UNAM. La menor fue tratada con violencia y sufrió una crisis nerviosa al observar la detención de su papá.
Al siguiente día por la tarde en Chilpancingo fue detenida por agentes federales su hermana Claudia. Familiares, amigos y abogados habían acudido al Juzgado Séptimo de Distrito a solicitar información sobre la situación legal y el estado de salud de José Molina.
De acuerdo con fuentes cercanas al caso los hermanos fueron aprehendidos por los delitos de terrorismo, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, portación de arma sin licencia y delitos contra particulares.
Las causas penales fueron integradas tras las denuncias del Ayuntamiento de Tixtla en 2013 derivadas de la trifulca entre integrantes de la CRAC-PC de Tixtla y policías municipales, así como la posterior toma del Palacio Municipal en protesta por la detención de la entonces comandanta de la CRAC-PC en Olinalá, Nestora Salgado, del coordinador en Ayutla, Bernardino García y de otros 22 policías comunitarios.
Gonzalo Molina González, coordinador de la CRAC-PC en Tixtla fue acusado de encabezar las acciones y se le integraron ocho causas penales por lo que fue recluido más de cinco años (del 6 de noviembre de 2013 al 2 de diciembre de 2018) en cárceles federales de Oaxaca, Estado de México y Guerrero.
Entre los delitos que le imputaron fueron terrorismo, secuestro agravado y portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército.
Ayer por la mañana, desde el exilio, el mismo Gonzalo Molina dio a conocer que sus hermanos José y Claudia fueron liberados, después de las 9 de la noche, al vencer la ampliación del plazo para definir si eran vinculados a proceso.
“Tenían pruebas que demostraban que no estuvieron en el lugar de los hechos. Se demostró que no hubo delito qué perseguir y anoche cuando se venció el término constitucional, la prórroga, lograron salir en libertad”.
Consideró que, aunque sus hermanos hubiesen estado presentes el día de los hechos no había delito porque lo que sucedió afuera del Ayuntamiento de Tixtla fue “un zafarrancho entre policías comunitarios y policías municipales” que se salió de control.
“Aunque hubieran estado o los que estuvieron en ese zafarrancho. Si están deteniendo a los policías comunitarios también tendrían que detener a los policías municipales”.
Justificó que la actuación de la CRAC-PC es legal y legítima.
“Está amparada en el artículo 2 de la Constitución, en la Ley estatal 701 y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y está facultada esta institución para dar seguridad y justicia”.
Dijo que no temen por su seguridad porque no están fuera de la ley y que su familia se ha conducido con respeto y en el marco legal.
“Desde luego cuando vemos que hay injusticias tenemos que manifestarnos y ese derecho lo tenemos en la Constitución.
“En ese caso, del 26 de agosto, se salió de control no sólo la Coordinadora, se salieron de control también los policías municipales sin llevar a cabo los protocolos de seguridad, ahí fallaron”.
Agregó que en el caso de su persona sí ha habido amenazas del crimen organizado desde ese entonces.
Lo que le preocupa, dijo el promotor, es que el Poder Judicial no lleve a cabo sus investigaciones antes de realizar sus detenciones.
“Pero te agarran y después van a investigar, ellos están facultados para mostrar pruebas, no nosotros”.
Dijo que no hubo forma de que demostraran que sus hermanos estuvieron en ese lugar, pero que ellos pudieron demostrar que no estuvieron, además de que algunos delitos prescribieron.
Reveló que en su caso se echaron abajo todas las causas penales en su contra porque unos policías municipales que lo acusaban se desistieron y los que asistieron al careo confesaron que fueron obligados a firmar un documento acusatorio.
Los agentes habrían detallado que quien los obligó a firmar fue el director de Seguridad Pública municipal en la misma comandancia.

Este miércoles entregaron formalmente las instalaciones de la Guardia Nacional de la 384 compañía, pues a pesar de que lleva funcionando dos años no se habían entregado de manera oficial las instalaciones.
En este acto estuvo presente el general brigadier de la Guardia Nacional, estado mayor, Oscar García Ponce de Leon, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Guerrero. El capitán segundo de la Guardia Nacional, Jorge Sánchez, Olvera, comandante de la 384 compañía, además del coronel de infantería Uziel Sanjuan García comandante del 34, batallón de infantería.
El general brigadier del Estado Mayor, Oscar García Ponce de Leon, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Guerrero, dijo el cuartel de la 348 compañía en Ciudad Altamirano permitirá un mayor alcance en la atención de los llamados.
“En Guerrero, el objetivo es claro, trabajar en coordinación bajo el amparo de la ley, y con respeto a los derechos humanos para garantizar la seguridad que pide la población”, expresó el general.
Exhortó a los elementos de la compañía, ubicada en Ciudad Altamirano, para respetar los derechos de los ciudadanos y dijo que ratificaba el compromiso “de seguir trabajando por un país más seguro y hasta lograr una paz completa”.
Las instalaciones, construidas en una fracción del predio de las oficinas de la Secretaría de Agricultura, tienen capacidad para unas 150 personas y fueron equipadas con diferentes espacios para armamento, vehículos, dormitorios y equipos satelital de comunicacion.
En la ceremonia también estuvo presente la presidenta municipal de Pungarabato, Brenda, Janeth Núñez Peñaloza, y la presidenta municipal de Coyuca de Catalán, Esbeydi Echeverría García. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

Guerrero es la entidad con mayor proporción de personas afrodescendientes en el país, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con motivo del Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, a conmemorarse el 31 de agosto.
El instituto expuso que Guerrero es el estado con mayor porcentaje de población que pertenece a la comunidad afrodescendiente, con 9.5 por ciento del total de la población que vive en el estado.
Los datos muestran que en 2023, en el país 3.1 millones de personas se autorreconocieron como afrodescendientes, que equivale 2.4 por ciento de la población total que vive en México, de la cual 51 por ciento eran mujeres y 49 por ciento eran hombres.
La media de la población afrodescendiente era de 32 años, además que 41.3 por ciento de las personas tenían entre 30 a 59 años, mientras que 24.6 por ciento era de 15 a 29 años y 20.9 por ciento eran menores de edad, mientras que 13.1 por ciento de los afromexicanos eran de 60 años y más.
Se registró que 65.6 por ciento de las personas afrodescendientes mayores de 12 años dijo ser económicamente activa, con una desagregación de 54.4 por ciento para las mujeres y 77.4 por ciento pata los hombres y de dicho total, 98.8 por ciento estaba ocupada.
Sobre los puestos de trabajo, 58.9 por ciento eran empleados, 25.8 por ciento eran trabajadores por su cuenta, 5.1 por ciento eran jornaleros o peones, 4.2 por ciento eran obreros, 4.1 por ciento eran trabajadores sin pago, 1.9 por ciento eran patrones y 0.1 por ciento se encontraban en otra situación.
Respecto a la edad reproductiva, de 15 a 49 años, el Inegi señaló que en 2023 se registraron 884 mil mujeres afrodescendientes en este rango, que equivale a 2.6 por ciento del total de mujeres en el país y el promedio de hijos fue de 1.5.
“Según nivel educativo, las mujeres afrodescendientes en edad reproductiva que no completaron la educación primaria presentaron el mayor promedio de hijos nacidos vivos, seguido de aquellas que no tenían escolaridad (3.1) y de quienes solo completaron la primaria (2.6)”, indicó el instituto.
Tres cuartas partes, 76.1 por ciento de la población afrodescendiente, reside en el mismo estado donde nación, mientras que 22.6 por ciento lo hace en una entidad distinta, 0.9 por ciento en otro país y 0.4 por ciento en Estados Unidos.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Ayuntamiento de Chilpancingo y la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) anunciaron el reinicio de la construcción del Recinto Ferial de la capital, luego de que desde enero estaban suspendidos los trabajos y en vísperas de que inicie la organización de la edición 200 de la Feria de Navidad y Año Nuevo.
El residente de obra de la Sedatu, Laurencio Carachure, realizó la mañana de este miércoles, junto con el alcalde Gustavo Alarcón Herrera, un recorrido por las instalaciones e informó que la obra quedará terminada antes del 6 de diciembre, pero no informó cuánto es el recurso que se va a destinar esta vez.
Esta es la tercera vez que se amplía el presupuesto para el recinto ferial.
El 20 de abril de 2022, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el entonces secretario de Sedatu, Román Meyer Falcón, dieron el banderazo de inicio de la construcción y remodelación del Recinto Ferial de Chilpancingo, con una inversión, se dijo entonces, de 269 millones de pesos y se prometió que la obra quedaría terminada a finales de ese mismo año.
Sin embargo, para marzo de 2024 la obra aún no se terminaba y los gobiernos federal y estatal informaron que la inversión ya era de 327 millones de pesos, entonces los trabajos tenían un 80 por ciento de avance.
En tanto que los trabajadores de la empresa Haba Proyectos, que firmó el contrato SEDATU-047-512-2022 por un monto de 269 millones, ya habían parado labores en tres ocasiones, por la falta de pago de sus salarios.
Durante el anuncio del inicio de los trabajos, el 22 de abril de 2022, se informó que la obra contaría con un teatro al aire libre, un pabellón deportivo, un centro de skate park, pasillos con locales para comercio, viveros, galerías, canchas, barda y una alberca, pero esto al final se canceló sin explicación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
A tres meses y medio de que comience la organización de la edición 200 de la Feria de Navidad y Año Nuevo, Laurencio Carachure informó que lo que se va a terminar es un 26 por ciento que quedó inconcluso.
Por ejemplo, al palenque le falta la cubierta y los sanitarios, así como el sistema hidráulico; el teatro del pueblo sólo cuenta con la estructura metálica e igualmente le falta el techo y los pabellones les faltan “algunas estructuras metálicas”, informó el funcionario.
Agregó que los trabajos iniciarán en cuanto se formalice el contrato con la empresa constructora que se va a hacer cargo de la obra, pero no respondió qué empresa es. Anunció que es casi seguro que el contrato se firmará la próxima semana.
El funcionario tampoco quiso informar de cuanto es la ampliación del presupuesto esta vez y si se realizará una auditoría a la anterior empresa que incumplió con el contrato establecido.
“Eso sí no lo puedo, decir, con todo respeto, pero no lo puedo decir”, atajó.
Laurencio Carachure informó, además, que las áreas que se han venido deteriorando “se les va a dar mantenimiento”.
El funcionario garantizó que esta vez sí se van a terminar las instalaciones y que serán contratados alrededor de 60 trabajadores que laborarán doble turno.
Por su parte, el alcalde aclaró que no se pretende privatizar la organización de la feria, y que seguirá bajo la organización de los barrios tradicionales y del patronato, pero que a partir de los 200 años de la celebración “esto va a cambiar, lo vamos a mandar a foros para que tenga su propia figura jurídica y se realicen actividades los 365 días del año”.
“Estamos generando una proyección diferente”, dijo y prometió que se convertirá “en un gran parque y en un gran pulmón de Chilpancingo” que permanecerá abierto al público los 365 días del año, luego de que una reportera de la colonia le reprochó que las instalaciones llevan tres años cerradas a los ciudadanos que acudían a realizar deporte y a actividades de recreación.

 

Trabajadores del laboratorio del hospital general IMSS-Bienestar de Ometepec informaron que pararon labores para exigir el abasto de material, renovación del equipo obsoleto y reparación de servicios. Aseguraron que se mantendrán en protesta hasta que se corrijan sus condiciones laborales, que afectan a los pacientes.
Vía telefónica, los inconformes señalaron que desde el 22 de agosto informaron a la directora Karina Rodríguez de las condiciones en que trabajan, con el aire acondicionado descompuesto, los aparatos expuestos a muy altas temperaturas y sin reactivos suficientes. Advirtieron que por ello, los estudios que realizaban dejaron de ser confiables y pueden provocar errores en el diagnóstico médico.
Señalaron que cuando entregaron el oficio, les dijeron que iban a atender sus planteamientos, pero no lo hicieron, salvo la reparación del aire acondicionado del área de quirófanos, antes de la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum, el lunes, para evitar alguna protesta en el acto oficial.
También señalaron que el techo está deteriorado, “cuando llueve por todos lados entra agua”.
Sin respuesta, el personal de laboratorio informó que decidieron tomar las instalaciones y sólo reciben servicios de urgencias obstétricas, así como urgencias generales, con lo poco que tienen, precisaron.
Enfatizaron que en general, toda la infraestructura del hospital se encuentra deteriorada y hace meses todo el material se le está requiriendo a los pacientes, hasta un suero y material para una canalización.
Del anuncio sobre el envío de medicamentos en rutas en las regiones que hizo el IMSS-Bienestar, aseguraron que no se refleja todavía en todas las unidades, que no han abastecido aún al hospital general de Ometepec. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

Alejandro Guerrero / Israel Flores

Iguala / Ciudad Altamirano

Debido a las intensas lluvias durante la noche del martes y la madrugada de miércoles, en Taxco hubo dos derrumbes cerca del acceso al hotel Montetaxco, que provocaron el cierre por más de dos horas de la carretera federal México-Acapulco, en la Avenida de Los Plateros en la salida a Cuernavaca.
En Teloloapan, un derrumbe cerró el camino a los poblados de Alahuixtlan y Zopiloal, además de que hubo deslaves y la caída de árboles en otras zonas.
Alrededor de las 10 de la mañana de este miércoles fue cerrado el paso en la salida de la cabecera municipal de Taxco, con dirección a Cuernavaca e Ixtapan de la Sal, debido a dos derrumbes que hubo en un tramo de unos 100 metros de la parte alta de la calle Alfredo Checa Kuri, una zona en la que antes ya han ocurrido al menos dos derrumbes más.
Debido a la caída de tierra y piedras, alguna de gran tamaño, esa salida fue cerrada al paso vehicular y sólo quedó habilitada como único acceso y salida el libramiento de la Avenida de Los Plateros, la cual se abrió después del mediodía.
Por ello, efectivos del Ejército y Guardia Nacional del Plan DN-III-E, con personal de Protección Civil y de obras públicas, realizaron los trabajos para retirar los escombros y limpiar la vía federal.
En la zona se informó que los deslaves se debieron a la intensa lluvia de la noche anterior, así como un escurrimiento de agua que fue desviado en las casas asentadas en la parte alta, donde las familias realizan captación de la lluvia.
Se informó que personal de Protección Civil estatal y municipal retiraron las piedras que estaban en riesgo de caer y se inició uns revisión en la parte alta, para prevenir más derrumbes.

Teloloapan

En el municipio de Teloloapan, pobladores de las comunidades de Alahuixtlán y Zopiloal, asentados cerca de los límites con el Estado de México, reportaron mediante las redes sociales que debido a un intenso aguacero la noche del martes, se daño la carretera que comunica con la cabecera municipal, además de que el agua arrastró gran cantidad de tierra y piedras, dejándolos imposibilitados para transitar en vehículos.
Un derrumbe más ocurrió en la carretera estatal a Apaxtla, en el paraje Acamilpa, en el tramo entre Oxtotitlán, del municipio de Teloloapan, y la cabecera municipal de Apaxtla, en el que la tierra y árboles que cayeron casi bloquearon los dos carriles de esta vía.
En la zona, efectivos del Ejército y Guardia Nacional implementaron el Plan DN-III-E para realizar el retiro del escombro y los árboles, donde también fue utilizada una máquina retroexcavadora para liberar la carretera.
Asimismo, se reportó que en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, cerca de la comunidad de Alpixafia, las ramas de un árbol cayeron en uno de los carriles de la vía federal, los cuales fueron quitados durante los trabajos de limpieza.

Se abre socavón sobre la carretera a Cutzamala

A la carretera que une al municipio de Tlalchapa con Cutzamala se le abrió un socavón junto al puente de la comunidad Cuadrilla Nueva, debido a las lluvias de la madrugada de este miércoles.
De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Cutzamala, los mismos pobladores reportaron que junto al puente, la zona del terraplén se la llevó el arroyo y se generó un socavón de unos 3 metros de altura, que afecta poco más de un carril y además en el mismo puente se percibe un ligero hundimiento.
Aun así, los vehículos siguen cruzando y pasan junto al espacio que quedó para poder atravesar esta carretera.
Para la tarde de este miércoles, personal de Protección Civil de Cutzamala informó que ya habían rellenado el hoyo que se abrió con apoyo de los pobladores, pero que recomendaban a la población que cruzaran por ese puente sólo vehículos pequeños o motos, pero que no pasaran vehículos pesados, debido a que el puente presentaba un ligero hundimiento, porque la base central se había movido con la presión del agua.
También se reportó que el terraplén del puente de la comunidad Huaratzio sufrió daños por la presión del mismo arroyo.
Las tormentas provocaron el crecimiento del arroyo y al llegar a Cuadrilla Nueva las ramas y los troncos quedaron atorados con el puente, que taparon el flujo de agua, y el arroyo comenzó a extenderse hacia los costados, lo que terminó por socavar la zona del terraplén en un espacio de 4 metros.
Esta carretera comunica a poblaciones como Cuadrilla Nueva, La Garra, Huaratzio, San Blas, entre otros y conectan con una importante zona de siembra de mango; además que une con la carretera que va de Ciudad Altamirano a Tlalchapa y a la cabecera municipal de Cutzamala, por donde pasa la carretera federal 134.
En la comunidad Colonia Cuauhtémoc, del municipio de Tlapehuala, se reportaron afectaciones debido a que el arroyo se desbordó y dejó incomunicada a la población con la cabecera municipal por espacio de cinco horas.
El arroyo se metió a los terrenos de siembra y se esperaba que para este jueves pudiera hacer una valoración de las pérdidas.
Se reportó la caída de árboles sobre la carretera que va de Ciudad Altamirano a Tlalchapa, que es la ruta que conecta a los pueblos afectados, tanto de Cutzamala como de Tlalchapa, debido a las fuertes lluvias que se presentaron desde la noche de este martes hice prolongaron durante la madrugada del miércoles.

Hay riesgo de accidentes por un socavón en la carretera a Hueycantenango, advierten

Un enorme socavón y una cuarteadura en la carretera Chilapa-Hueycantenango, cerca de la comunidad Alcozacán, en la región Montaña, han puesto en riesgo a habitantes y trabajadores de esos municipios, advirtieron pobladores.
Por la noche y tras la denuncia, el gobierno estatal aseguró a través de un comunicado que envío personal técnico de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) para evaluar el “deslizamiento y asentamiento” de la vía, causado por las recientes lluvias.
Recomendaron extremar precauciones y usar la ruta alterna Alcozacán-Buena Vista, mientras se elaboran los estudios y el proyecto de rehabilitación.
Este miércoles, representantes de esas comunidades informaron que existe un alto riesgo de que los pasajeros que viajan por la carretera, incluidos los enfermos, sufran un accidente.
Dijeron que desde el 19 de junio, con las lluvias del huracán Erick, esa parte de la carretera empezó a presentar cuarteaduras que se han convertido en dos hundimientos en uno de los carriles.
En fotografías proporcionadas por los vecinos se observa que el tramo está muy dañado en más de 20 metros.
“Hasta ahora ni un gobierno ha acudido para que resuelvan el asunto de la carretera. A la CICAEG exigimos, como pueblos de la zona de Alcozacán, la reparación del daño y reconstrucción de esa carretera”.
Transportistas consultados informaron que no es el único tramo dañado, pues desde que inicia la vía de Chilapa a Atzacoaloya hasta llegar a José Joaquín de Herrera, hay muchos baches y decenas de daños por la falta de mantenimiento y la mala calidad de los materiales con la que se construyó.
En la misma situación se encuentra la carretera de Chilapa al municipio de Ahuacuotzingo. (Luis Daniel Nava).

Lourdes Chávez /

Chilpancingo

La empresa Fundación Corazón Urbano, a cargo de las obras reconstrucción de la etapa 1 del Infonavit, afectada por los sismos de 2017, se comprometió a arreglar una tubería de agua potable que se averió durante los trabajos, informaron los vecinos afectados.
En una protesta de vecinos de la etapa 2 del Infonavit este sábado, para señalar el daño de la tubería que les suministra el agua potable y la falta del servicio durante un mes, se acordó la reunión de este miércoles en las oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach).
Al salir de la oficina donde despacha la directora de la Capach, Flor Karina Ozuna Dircio, informaron que la empresa se comprometió a comenzar el 8 de septiembre con la reconexión de la tubería.
Asimismo, señalaron que en una minuta de acuerdos se estableció que la empresa va a absorber los gastos de todo el material que se necesite y la Capach va a aportar otros insumos.
En tanto, los vecinos se comprometieron a estar al corriente con los pagos, avisar de las fugas de agua e informar de cualquier problema con el servicio.
Explicaron que se hizo una reparación provisional y les ofrecieron un tanque de agua en los próximos tres días, pero los técnicos de la Capach ya determinaron que la tubería ya no es factible en ese lugar.
Agregaron que en un mes esperan la siguiente tanda del servicio y confiaron en que ya esté funcionando la nueva conexión.
En la reunión estuvo personal de la Comisión Nacional de Vivienda, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la empresa, así como un grupo amplio de vecinos, para conocer de primera mano cómo se iba a resolver este problema.

Maestros y trabajadores administrativos de la secundaria federal Antonio I Delgado mantienen tomadas las instalaciones y cerrada la avenida Vicente Guerrero, para exigir la destitución del director Joaquín Lugo Millán.
Por tercer día consecutivo, los manifestantes cerraron de manera total el paso vehicular entre la avenida Vicente Guerrero y la calle Eucaria Apreza, a un costado de la alameda Francisco Granados, con el respaldo de la Dirección Colectiva de la región Centro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).
De acuerdo con el representante de la Dirección Colectiva, Miguel Ramírez Marino, los manifestantes tuvieron una reunión por la tarde y acordaron mantener el plantón, debido a que no han logrado llegar a un acuerdo con las autoridades.
A pesar de que Joaquín Lugo procedió en contra de la cetegista Antonia Morales Vélez por el delito de motín y sabotaje, y de que la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia solicitó por escrito la liberación de las instalaciones, los manifestantes se negaron a ceder, debido a las irregularidades que denuncian en la administración del director.
La avenida Vicente Guerrero es una de las más transitadas de la capital, por lo que conductores del transporte público buscaron rutas alternas, pues el tránsito en la zona se volvió lento.
De acuerdo con los manifestantes, los problemas en la secundaria federal se incrementaron luego de que en 2022 fueron robadas computadoras, equipo y los libros contables de la institución, un hecho por el cual el director pretendió responsabilizar a los conserjes, a pesar de que la pérdida le benefició.
Mientras que Joaquín Lugo afirma que las denuncias en su contra no tienen fundamento y acusó a los manifestantes de afectar a los estudiantes. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).