Agencia Reforma

Ciudad de México

Un dron, presuntamente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CPB, por sus siglas en inglés), fue detectado sobrevolando sobre Valle de Bravo, en el Estado de México.
De acuerdo con la cuenta de X, @sentdefender, que monitorea en fuentes abiertas información de inteligencia, se trató de la aeronave con indicativo TROY701.
“Un MQ-9B ‘Guardian’ de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CPB), con el indicativo TROY701, estuvo orbitando durante varias horas esta mañana al oeste de la Ciudad de México, cerca del embalse de Valle de Bravo en el Estado de México”, reportó.
El MQ-9B “Guardian” es un dron fabricado por la empresa estadunidense General Atomics Aeronautical Systems que es descrito de vigilancia marítima de alta resistencia y larga duración.
La zona de Valle de Bravo es controlada por líderes de la Familia Michoacana.

No es un dron militar y su vuelo fue autorizado, resalta la SSPC

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que fue a petición del Gobierno mexicano en apoyo en investigación en Tejupilco y otras áreas del Estado de México, sin embargo, no detalló a qué agencia pertenece.
“Sí, claro, no es un avión militar, no es un dron militar, son aviones que llevan, son drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que llevan, que vuelan a petición específica de alguna institución del Gobierno mexicano; vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro País, en este caso está volando la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México”, dijo el mando federal en conferencia de prensa.
“Pero es a petición de nuestro país, ninguna aeronave vuela, no hay ningún avión militar que vuele, digamos, en nuestro país de esa manera”.

Víctor Osorio / Agencia Reforma

Ciudad de México

La población en situación de pobreza en México pasó de 36.3% en 2022 a 29.6% en 2024, informó Inegi. De acuerdo con los datos presentados, en 2022 había 46.8 millones de personas en pobreza y en 2024 hubo 38.5 millones de personas.
La cifras representan 8.3 millones de pobres y 2.1 millones de pobres extremos menos que 2022 y de 13.4 millones y 1.7 millones menos que en 2018.
Se trata de reducciones de 6.7 y 1.8 puntos porcentuales respecto a 2022 y de 14.3 y 1.7 en comparación con 2018.
Al presentar los resultados de la Medición Multidimensional de la Pobreza 2024, que le correspondió realizar por primera tras la desaparición del Coneval, el Inegi señaló que el año pasado 34.2 por ciento de la población carecía de acceso a servicios de salud, 48.2 por ciento a seguridad social y 14.1 por ciento a servicios básicos de vivienda, mientras que 18.6 por ciento registraba rezago educativo.
Las entidades con la mayor proporción de su población en situación de pobreza en 2024 fueron Chiapas, con 66 por ciento; Guerrero, con 58.1; Oaxaca, con 51.6; Veracruz, con 44.5; y Puebla, con 43.4.
En tanto, los niveles más bajos de pobreza se registraron en Baja California, con 9.9 por ciento; Baja California Sur, con 10.2; Nuevo León, con 10.6; Coahuila, con 12.4, y Sonora, con 14.1.
“En 2024, todas las carencias sociales se redujeron. No obstante, las personas vulnerables por carencias sociales aumentaron de 37.9 millones en 2022 a 41.9 millones en 2024”, apuntó el Inegi.

Anuncia el Inegi la creación de una coordinación para medir la pobreza

Luego de la reforma legal que transfirió al Inegi las funciones que realizaba el Coneval, la Junta de Gobierno del Instituto determinó crear la Coordinación de Medición de la Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social.
Durante la presentación de los resultados de la Medición de la Pobreza Multidimensional 2024, la presidenta del Inegi, Graciela Márquez, indicó que las nuevas tareas hicieron necesario ajustar la estructura del organismo
Destacó el legado del Coneval y aseguró que el Instituto dará continuidad a los productos que elaboraba el desaparecido organismo.
“(El Inegi) recibe la estafeta de una institución que ha contribuido notablemente a pensar la pobreza más allá de las concepciones convencionales, no solo desde el ingreso, sino también desde las carencias sociales y el contexto territorial, lo que ha permitido obtener una fotografía cada vez más detallada de las vulnerabilidades de la población”, apuntó.
“Cambiarán las siglas del membrete, mas no la confiabilidad, rigurosidad, apertura, transparencia y periodicidad de la estadística derivada que recibíamos previamente (del Coneval)”.
Claudia Maldonado, titular de la nueva coordinación del Inegi, adelantó que la medición de la pobreza a nivel municipal, que por ley debe realizarse cada 5 años, está ya programada. Detalló que se basará en la Encuesta Intercensal que se aplica este año y sus resultados se presentarán en 2026.
“Absolutamente toda la información, incluso con metadatos, desagregaciones, etcétera, que históricamente ofreció a la ciudadanía el Coneval la va a ofrecer el Instituto”, subrayó.

Se duplica la población sin servicio de salud entre 2018 y 2024

México no sólo no logró un sistema de salud pública mejor que el de Dinamarca, como lo prometió el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que el problema de población sin acceso a servicios de salud más que se duplicó durante su sexenio, exhiben datos del Instituto Nacional de Estadística (Inegi) dados a conocer este miércoles.
En 2018, cuando arrancó el mandato de López Obrador, el porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud era de 16.2 por ciento, lo que representó a 20.1 millones de personas, mientras que para 2024, al final de su Gobierno, dicho indicador se disparó a 34.2 por ciento, es decir, 44.5 millones de mexicanas y mexicanos, de acuerdo con el reporte de Pobreza Multidimensional del Inegi.
De este modo, se registró un aumento de 18 puntos porcentuales o 24.4 millones de personas que no están afiliadas, inscritas o tienen derecho a recibir servicios de salud en una institución pública o privada.
“El acceso a los servicios de salud que se considera en la medición de la Pobreza Multidimensional refleja el elemento esencial del derecho a la salud. A partir de este criterio, el umbral para calcular esta carencia es la adscripción o derecho para recibir servicios médicos de alguna institución pública o de servicios privados. Sus componentes refieren a la población ocupada sin acceso directo a servicios de salud y la no ocupada sin acceso a servicios de salud”, explica el Inegi.
El aumento de población sin servicios de salud fue mayor en el ámbito rural, donde esta carencia subió de 13.7 por ciento en 2018 (4.2 millones de personas) a 48.7 por ciento (13.9 millones) el año pasado. En tanto, en el ámbito urbano pasó de 17.0 por ciento de la población (15.9 millones de personas) a 30.1 por ciento (30.6 millones) en la misma comparación.
El Estado de México, Chiapas y Veracruz encabezaron las entidades con mayor número de personas sin acceso a los servicios de salud. Sin embargo, al medirlo proporcionalmente, Chiapas, Puebla y Michoacán se ubicaron con los más altos porcentajes de la población con esta carencia, con 63.3, 47.3 y 46.1 por ciento, respectivamente.
Para la identificación de la población con carencia por acceso a los servicios de salud, el Instituto utilizó la metodología que venía aplicando el Coneval y atendió otras modificaciones normativas; por ejemplo, la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Mario López / Agencia Reforma

Ciudad de México

La empresa Roma Energy Holdings, que dirige Alexandro Rovirosa, señalado en Estados Unidos por obtener contratos a través sobornos, participó a través de su filial Roma Energy México en la Ronda Petrolera 3.1, en 2016, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
En ese año, la empresa señalada ganó un contrato de licencia por un periodo de 25 años en un área de 17 kilómetros cuadrados en Paraíso, Tabasco.
Los socios solidarios de la firma fueron Roma Energy Holding, Tubular Technology y Gx Geosciencie Corporation, según datos del Instituto Mexicano del Petróleo.
Tubular Technology, SA de CV, que es señalada como filial de Roma Energy, firmó un contrato con Pemex Exploración y Producción el 11 de marzo de 2020, que concluyó el 31 de diciembre de 2021, para rehabilitación y/o conservación de caminos, plataformas terrestres y obras complementarias por un valor de 30.9 millones de pesos.
El contrato lo suscribió René Sánchez Caballero, en ausencia del titular de la Gerencia de Contrataciones para Mantenimiento, Confiabilidad y Logística Marina, de acuerdo con el documento de Pemex.
Los principales funcionarios en PEP entre 2019 y 2021 fueron Octavio Romero Oropeza, quien era director general de Pemex, y Ángel Cid Munguía, director general de PEP.
También estuvo Roberto Patlán Esponda, titular de la Coordinación de Abastecimiento para Exploración y Producción, quien fue señalado en 2022 por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (cuando Claudia Sheinbum era Jefa de Gobierno) de recibir sobornos para asignar contratos y frenar pagos a proveedores de Pemex.
Asimismo, estuvo Javier Núñez López, titular de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de Pemex, quien firmó cinco contratos por más de 23 mil millones de pesos con Baker Hughes, empresa ligada a la Casa Gris, ubicada en Houston, que ocupó José Ramón López Beltrán.
Grupo Reforma solicitó a Pemex información sobre los funcionarios implicados en los sobornos, pero la petrolera respondió que tanto la auditoría interna como la unidad de responsabilidades son instancias ajenas, por lo que la información se hará pública conforme avance la investigación.

Pemex y Asea anuncian combate coordinado al mercado ilegal de combustible

Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Agencias de Seguridad de Energía y Ambiente (ASEA) combatirán de manera conjunta el mercado ilegal de gasolinas, intercambiando información técnica y herramientas tecnológicas, informaron ambas autoridades del sector energético.
En el marco de la firma de un acuerdo de cooperación con Pemex, Armando Ocampo Zambrano, director de la ASEA, dijo que esto permitirá combatir la impunidad en la lucha contra el robo de hidrocarburos, a través de la verificación de la calidad de gasolinas.
“Pemex Logística dotará de herramientas tecnológicas para realizar inspecciones en sitio para combatir la adulteración de gasolinas, como son los laboratorios móviles para poder realizar esos muestreos.
“Con ello, de manera directa, la ASEA podrá combatir de manera puntual la adulteración de gasolinas con motivo de las emisiones a la atmósfera en las estaciones de servicio, como se adelantó en el acuerdo que publicamos el 17 de julio sobre control y monitoreo de emisiones en estaciones de servicio”, afirmó Ocampo Zambrano.
Con el acuerdo se busca combatir de manera integral el mercado ilícito de petrolíferos, daña al medio ambiente, la salud pública, a la industria y la economía nacional, agregó.
“Es importante hacer hincapié que la firma de este convenio representa un cumplimiento a los distintos compromisos internacionales que México ha suscrito en la materia de cambio climático y reducción en materia de emisiones a la atmósfera, como el Acuerdo de París y la Agenda 2030”, expuso el director de la ASEA.
A su vez, Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex, expuso en su intervención que el acuerdo permite incorporar herramientas de gran alcance, laboratorios móviles de medición, programas de capacitación y un intercambio de información técnica e industrial.
“El convenio busca proteger el entorno natural y garantizar que el desarrollo energético se lleva a cabo con responsabilidad y visión de largo plazo”, dijo Rodríguez.
Añadió que el desempeño de Pemex debe evaluarse por la solidez de sus prácticas de seguridad industrial, la reducción de emisiones y la capacidad de operar en equilibrio con los sistemas naturales.
Durante su participación en el evento, la secretaria de Energía, Luz Elena González, destacó la colaboración entre las instituciones para lograr un sector energético que sea motor de desarrollo sustentable.

Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

Tras anunciar cambios de fondo desde el primer día en el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz aseguró que llegará a la presidencia del máximo tribunal en completa libertad y sin presiones de partido, agrupación política o sector alguno.
En conferencia en la Cámara de Diputados, en donde se reunió con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el morenista Ricardo Monreal, rechazó ser cercano a Morena.
Aguilar Ortiz aseguró que si fuera el indicado para representar ciertos intereses, habría sido designado desde hace varios años; sin embargo, llegó a través de la reforma judicial.
“No tengo carrera política, no tengo compromiso con ningún partido político, agrupación política, ni con otros sectores que tengan intereses en la Corte, el seno de la Corte. Yo llego por la reforma”, expresó.
El presidente electo de la Corte reiteró que lo respaldan los votos que la ciudadanía le dio y rechazó que, hasta ahora, haya recibido presiones de algún tipo.
“A esta fecha, nadie me ha presionado, nadie me ha pedido decir algo o no decir algo, o condicionado lo que voy a decir, a hacer en la Corte. Yo llego con entera libertad, con plena autonomía”, sostuvo.
Indicó que como constructor de la autonomía de los pueblos indígenas, desde la presidencia de la Corte no dejará de pelear por la autonomía del Poder Judicial.
No obstante, aclaró que esa autonomía no debe ser mal entendida ni implicar ruptura, enfrentamiento o confrontación.
Adelantó que buscarán construir un diálogo con los otros Poderes, pero aseguró que no se dejará presionar por ellos.
“Vamos a estar abiertos a dialogar con todos, es lo que hemos ofrecido y ese va a ser el nuevo rostro de la Corte, pero cuando vayamos a tomar una decisión, lo haremos con base en la Constitución, la ley y los criterios que tengamos, sin la presión ni injerencia de nadie”, aseveró.
Aguilar Ortiz anunció cambios de fondo en el funcionamiento de la Corte. El primero de ellos, dijo, será abrir la puerta principal del máximo tribunal al pueblo.
Afirmó que los cambios serán notorios desde el primer día, cuando aprobarán los acuerdos generales necesarios para el nuevo funcionamiento de la Corte.
Prometió que como parte de estos cambios, ya no habrá ministros inalcanzables y su única limitante para ello será el tiempo.
“Vamos a cambiar aspectos de forma, desde abrir la puerta, desde el trato, la cercanía de la gente, ya no va a haber el ministro inalcanzable, el ministro que es difícil dialogar con él. La única limitante será el tiempo”, expresó.
Anunció también modificaciones a la baja en materia de salarios, aunque no específico en qué niveles. Dijo que ya están haciendo una revisión, con el objetivo de realizar ajustes.
“Hemos revisado y todavía falta ajustar salarios, vamos a ir a la baja. Entonces varias de las iniciativas que vamos a tomar para acercar la justicia el pueblo van a requerir sólo reorientación de recursos, no va a implicar gastos mayores”, adelantó.
Pidió tener confianza en que no habrá contradicción entre austeridad y efectividad.
“Vamos a poder hacer mucho con poco, ese sería el principio básico con el que vamos a regir nuestra actuación”, indicó.
Cuestionado sobre la prisión preventiva oficiosa que organismos internacionales han recomendado eliminar, Aguilar Ortiz pidió debatirlo más adelante, porque cualquier pronunciamiento al respecto lo podría inhabilitar.
“Por salud del funcionamiento de la Corte no podría pronunciarme sobre el tema. Lo que puedo decir en términos generales, es que cualquier sociedad que busque justicia tiene como parámetro los derechos humanos, pero hay que atender también los contextos, la realidad, las condiciones en que nos desenvolvemos las sociedades”, dijo.

A pesar de las calumnias nos retiramos con dignidad, dice el ministro Pardo Rebolledo en la última sesión de la Primera Sala

Al finalizar la última sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo expresó que, a pesar de los infundios y calumnias, sus integrantes se retiran con dignidad e intactos.
“Tomando en consideración que esta es la última sesión de esta Sala, no porque no continuaremos sus integrantes, sino porque no continuará la Sala como estructura de resolución en este máximo tribunal y en mi caso, después de estar casi 15 años integrando esta Sala, me parece que la relevancia y la trascendencia de las decisiones que fueron tomadas en esta Sala están a la vista”, dijo.
“Me despido diciendo que a pesar de los infundios y las calumnias nos retiramos algunos de nosotros con la dignidad y la vocación intactos”.
Pardo, junto con los Ministros Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se despidieron hoy como integrante de la Primera Sala, luego que su presidenta Loretta Ortiz les diera la palabra.
La Ministra Loretta Ortiz afirmó en entrevista que hubiera sido “suicida” que la actual conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hubiese resuelto las dos acciones de inconstitucionalidad contra la prisión preventiva de oficio, las cuales quedarán pendientes para el nuevo Pleno de ministros.
Al término de la ultima sesión de la Primera Sala, su presidenta descartó en definitiva que el presente Pleno de ministros vaya a discutir este asunto y dijo que era “ilusorio” uno de los dos proyectos de sentencia, el de la Ministra Margarita Ríos Farjat, porque hubiera liberado a miles de reos.

No hay evidencia de que “acordeones” hayan influido en la elección del PJ, considera el Trife

Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desecharon diversos juicios sobre la validez de la elección de integrantes del Poder Judicial, al afirmar que no hay pruebas de la existencia de acordeones que indicaran a los electores el sentido de su voto.
En un intercambio de posturas, la presidenta del Tribunal, Mónica Soto, argumentó que al Tribunal no le corresponde hacer investigaciones.
Aseguró que los quejosos ni siquiera muestran indicios suficientes que puedan tomarse en cuenta, a lo que el magistrado Reyes Rodríguez le respondió que es responsabilidad del Tribunal, al menos, ver las pruebas que les presentan y no ignorar sus argumentos.
En una sesión que se prolongó por casi 4 horas, se revisaron 164 juicios, la mayoría se declararon infundados y se confirmaron resultados de la elección judicial.
Sobre juicios que denunciaron el uso de acordeones en Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Jalisco y Nuevo León, la tónica de los proyectos de sentencia fue: “Agravios inoperantes”, “manifestaciones genéricas y subjetivas”, “no se precisan irregularidades”, “no se demuestran impactos en la elección”, “infundados”, y “no se logró acreditar agravios”, entre otros.
La magistrada Janine Otálora dijo que en el tema de los acordeones se debe tomar en cuenta la dificultad de los denunciantes para aprobar los hechos que reportan, pues son ciudadanos que fueron candidatas.

Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente contra su titular del Órgano Interno de Control, Arturo Serrano, y el responsable del Área de Responsabilidades, Carlos Enrique Rascón, por un presunto soborno.
Fuentes federales confirmaron que la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR solicitó a la justicia federal programar una audiencia inicial para imputar y pedir la vinculación a proceso de los funcionarios por el delito de cohecho.
Sobre el caso judicializado, no proporcionaron más detalles, pero indicaron que se trata de una denuncia presentada este año con la que se inició la carpeta de investigación FED/FECOC/FEIARCDMX/0002418/2025.
De momento, el Centro de Justicia no ha fijado una fecha para la audiencia en la que serán acusados los servidores públicos.
La FGR atribuye a Serrano y Rascón el delito previsto en el artículo 222 del Código Penal Federal, previsto contra los servidores públicos que, a motu propio o por medio de terceros, solicitan o reciben ilícitamente dinero o cualquier beneficio -o aceptan una promesa- para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.
El caso fue turnado a Arturo Medel, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente, quien está de vacaciones y dejará el cargo el próximo 30 de agosto, ya que perdió la elección judicial.

El caso de contralor removido tiene que explicarlo la FGR, señala Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, debe explicar sobre la remoción de Arturo Serrano Meneses como titular de su Órgano Interno de Control (OIC), indagado por supuesta corrupción.
Sheinbaum fue cuestionada sobre supuestas protecciones entre funcionarios y cómo se mantuvo a Serrano en la dependencia ministerial federal desde 2009 y recientemente fue separado del cargo, sin que se le investigara en administraciones de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y López Obrador.
­–A Arturo Serrano lo acusan de presuntos actos de corrupción en la Fiscalía, pero tenía tres sexenios, sí, entró con Calderón, Presidenta, en 2009, y lo mantuvo Peña Nieto, y lo mantuvo Andrés Manuel López Obrador, se le planteó en un primer momento.
“No, pero en la Fiscalía, acuérdate que la Fiscalía es autónoma”, explicó sobre quién decide sobre la permanencia de funcionarios en la FGR.
La presidenta dijo que todo caso de corrupción debe estar sustentado y ejemplificó investigaciones como el del “cártel inmobiliario” cuando estuvo en la Jefatura de la Ciudad de México que condujo a detenciones.
Reforma publicó ayer que la FGR removió a Arturo Serrano Meneses y a nueve mandos de su equipo de colaboradores, por supuestas corruptelas.
Fuentes federales confirmaron que el pasado viernes agentes de seguridad y fiscales federales llegaron a la sede del OIC, en Periférico Sur 2836, edificio 101, en la colonia Tizapán San Ángel, y notificaron a los responsables de instruir los procedimientos de responsabilidad administrativa.
Extraoficialmente, fuentes cercanas al caso dijeron que por lo menos desde abril existían carpetas de investigación contra Serrano y los ahora ex funcionarios por delitos contra la administración de justicia, tráfico de influencias y omisiones graves, entre otros ilícitos.
Los informes recabados señalan que, además de Serrano Meneses, también fueron removidos Martín Javier Morales Ramírez, su secretario particular; José María Peña Domenech, secretario Técnico; y Carlos Enrique Rascón Yrízar, titular del Área de Responsabilidades.
También, Josué Roberto Crespi Galicia, titular de Denuncias e Investigaciones; Sergio Agustín Taboada Cortina, titular de la Unidad de Control y Evaluación; y José Alzati Cambrón, ahora ex jefe de la Unidad de Verificación del Destino Final de Bienes Asegurados.
Además, Héctor Manuel Montes Gaytán, responsable de la Unidad de Auditoría Interna; Alejandro Vélez Walter, titular de la Unidad Jurídica, Contenciosa y de Evolución Patrimonial; y Javier Maldonado Pierrette, coordinador Administrativo.
El 30 de abril de 2019, Serrano se convirtió en el primer titular del OIC de la FGR, designado por la Cámara de Diputados por un periodo de cuatro años, luego de que ese organismo, al igual que la Fiscalía, también fuera dotado de autonomía constitucional.
El 1 de mayo de 2023, tras concluir su mandato, Serrano fue ratificado en el cargo por la Cámara baja por un nuevo mandato que concluiría hasta el 30 de abril de 2027 y que ahora ha quedado trunco.

Demandan diputados del PAN a la FGR informar sobre la remoción del contralor Arturo Serrano

Diputados del PAN demandaron a la FGR información sobre la remoción de Arturo Serrano Meneses y nueve integrantes de su equipo por presuntos actos de corrupción.
El coordinador, Elías Lixa, informó que ayer envió un oficio al Contralor en San Lázaro, Andrés Lozano Lozano, solicitando acceso a toda la información que la Fiscalía haya entregado para darle cuenta de la remoción del funcionario.
“Está en tránsito un oficio al Contralor de la Cámara de Diputados solicitando información, es decir, primero toda la información que exista sobre si la Fiscalía ha dado cuenta ya a la Cámara de Diputados sobre el asunto que se trata, independientemente a que si se trate de un delito, sí corresponde a la Fiscalía actuar sobre esa parte, pero todo el asunto administrativo tiene que ser informado a la Cámara de Diputados, que es a quien le corresponde, en su caso, tomar cuenta sobre la remoción y en su caso una nueva designación”, indicó.

José Díaz Briseño / Agencia Reforma

Washington, EU

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro mexicanos y 13 empresas con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, por operar un esquema de fraude en la compraventa de tiempos compartidos, en beneficio del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) señaló que el CJNG, designado como Organización Terrorista Extranjera, utiliza estas estafas y otros negocios ilícitos -como el robo de combustible- para diversificar sus ingresos, además del narcotráfico. Según el FBI, entre 2019 y 2023, casi 6 mil víctimas en EU reportaron pérdidas cercanas a 300 millones de dólares.
Según la notificación emitida hoy, las sanciones por narcotráfico afectan también a tres líderes del CJNG previamente sancionados por narcotráfico así como un presunto empresario turístico que desde 2012 tomaron el control de la industria de los tiempos compartidos también en la zona colindante de Nayarit.
Los tres miembros de alto rango del CJNG más involucrados en el fraude de tiempo compartido son Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”, Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”, y Francisco Javier Gudiño Haro, “La Gallina”.
“Estos tres individuos también han formado parte de un grupo de represión del CJNG con sede en Puerto Vallarta que orquesta asesinatos de rivales y políticos con armas de alto calibre”, señaló la OFAC.
Las autoridades describieron un esquema dirigido principalmente a adultos mayores estadounidenses, con llamadas y correos de supuestos corredores, abogados o representantes, solicitando pagos por “impuestos” y “comisiones” que nunca se devuelven. En muchos casos, las víctimas vuelven a ser engañadas por falsos abogados o funcionarios que prometen recuperar el dinero a cambio de más pagos.
Las empresas sancionadas son Akali Realtors; Centro Mediador De La Costa, SA de CV; Corporativo Integral De La Costa, SA de CV; Corporativo Costa Norte, SA de CV; y Sunmex Travel, S. de RL De CV.
Así como TTR Go, SA de CV; Inmobiliaria Integral Del Puerto, SA de CV; KVY Bucerias, SA de CV; y Servicios Inmobiliarios Ibadi, SA de CV; además de Fishing Are Us, S. De RL de CV; Santamaria Cruise, S. de RL de CV; Laminado Profesional Automotriz Elte, SA de CV; y Consultorias Profesionales Almida, SA de CV.
Todas la empresas están dedicadas expresamente a dicho segmento turístico.

Deporta EU a México a hombre buscado por la Fiscalía de Jalisco

Señalado de participar en la desaparición de dos personas en Jalisco que después fueron encontradas muertas en una fosa, un hombre identificado como Ismael “N” fue deportado de Phoenix, Arizona, y llevará su proceso penal en la prisión.
Las autoridades le han imputado el delito de desaparición cometida por particulares agravada.

Agencia Reforma

Washington

Un panel dividido de jueces de un tribunal de apelaciones dictaminó ayer que el gobierno del presidente Donald Trump puede suspender o cancelar miles de millones de dólares en fondos asignados por el Congreso para ayuda exterior.
Dos de los tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia concluyeron que los beneficiarios de las subvenciones que impugnaban el congelamiento no cumplían con los requisitos para una orden judicial preliminar que restableciera el flujo de dinero.
En enero, el primer día de su segundo mandato en la Casa Blanca, el presidente republicano emitió una orden ejecutiva en la que ordenó al Departamento de Estado y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) que congelaran el gasto en ayuda exterior.
Tras la demanda presentada por grupos de beneficiarios de subvenciones para impugnar esa orden, el juez de distrito Amir Ali ordenó al gobierno que liberara la cantidad total de asistencia exterior que el Congreso había asignado para el año fiscal 2024.
La mayoría del tribunal de apelaciones anuló parcialmente la orden de Ali.
Los jueces Karen LeCraft Henderson y Gregory Katsas concluyeron que los demandantes no tenían una base legal válida para que el tribunal escuchara sus reclamos. El fallo no se centró en el tema fundamental de si el gobierno infringió inconstitucionalmente los poderes de gasto del Congreso.
Por otro lado, Trump está barajando nombrar al sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed) de entre una lista de once candidatos, tres de los cuales no habían trascendido hasta ahora, según ha adelantado la ‘CNBC’.
El medio norteamericano ha indicado, citando fuentes gubernamentales, que la Casa Blanca estaría considerando nominar al jefe de estrategia de mercados de Jefferies, David Zervos; al exmiembro de la Junta de Gobernadores de la Fed Larry Lindsey; o al director de inversiones de renta fija global de BlackRock, Rick Rieder.
Estos tres contendientes se sumarían a los otros ocho aspirantes ya conocidos, entre los que están la vicepresidenta de Supervisión de la Fed, Michelle Bowman; el miembro de la Junta de la Fed Christopher Waller; y el vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson.
Además, también están en liza el asesor económico de la Administración Bush, Marc Summerlin; el presidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan; el expresidente de la Fed de St. Louis James Bullard; el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett; y el exmiembro de la Junta de la Fed Kevin Warsh.
Las fuentes han indicado que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, entrevistará a los candidatos en un proceso que han calificado de “deliberativo” para acotar la lista final. Después, Trump tomará la decisión final.
Así también, la deuda nacional bruta acumulada por Estados Unidos ha superado por primera vez los 37 billones de dólares, según los últimos datos publicados por el Departamento del Tesoro estadunidense.
La deuda federal bruta, incluye 29.64 billones de dólares en deuda pública y otros 7.36 billones de dólares en deuda intragubernamental, lo que sitúa la proporción en torno al 123 por ciento del PIB.

Europa Press

Bruselas / Madrid

Líderes europeos pidieron ayer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que las conversaciones previstas en Alaska con su homólogo ruso, Vladimir Putin, empiecen por plantear un alto el fuego en la guerra en Ucrania y no dejar fuera al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, de futuras rondas de negociación para poner fin al conflicto.
En rueda de prensa tras una reunión virtual, el canciller alemán, Friedrich Merz, describió como “constructiva” la videoconferencia con el inquilino de la Casa Blanca y apuntado a una serie de elementos que, según los europeos, deben estar presentes en la reunión entre Putin y Trump en Alaska, entre ellas que el punto de partida de las conversaciones sea que Rusia acepte un alto el fuego que siente las bases para una “paz duradera” en la región.
Junto a Zelenski, el líder germano ha insistido en que “no se puede tomar ninguna decisión” con respecto al intercambio de territorio sin tener en cuenta a Kiev. “Ucrania está lista para negociar cuestiones territoriales. Sin embargo, la línea de contacto debe ser el punto de partida y el reconocimiento legal de la ocupación rusa está fuera de toda cuestión. El principio de que las fronteras no deben cambiarse por la fuerza sigue siendo válido”, ha expuesto.
Al tiempo, ha subrayado que resultan necesarias “garantías de seguridad firmes y sólidas” para que Kiev pueda repeler cualquier futura agresión. “Las fuerzas ucranianas deben ser y seguir siendo capaces de defender eficazmente la soberanía de su país. También deben poder contar con la ayuda occidental a largo plazo”, ha reiterado, apuntando a una “estrategia trasatlántica” para estos planes.
Por otro lado, las autoridades estadunidenses levantaron ayer y de forma temporal las sanciones a las transacciones financieras necesarias para la celebración de la cumbre en Alaska entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente.
La Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro indicó que esta autorización estará vigente hasta las 00.01 horas del 20 de agosto, según reza la licencia.
El documento establece que este permiso “no autoriza el desbloqueo o liberación de cualquier propiedad bloqueada o inmovilizada” ni el resto de transacciones prohibidas por cualquier otra orden ejecutiva, a excepción de lo autorizado temporalmente.
Trump y Putin se reunirán este viernes en la ciudad estadunidense de Anchorage, en el estado de Alaska, para abordar la invasión rusa de Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022. Ante este encuentro, los líderes europeos han pedido durante la jornada al inquilino de la Casa Blanca un alto el fuego.
Trump, afirmó ayer que espera que haya una segunda reunión a tres bandas con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, y con el ucraniano, Volodimir Zelenski, tras su encuentro en Alaska con el líder ruso.

Europa Press

Madrid

El Poder Judicial de Perú anunció ayer que impuso cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente del país Martín Vizcarra (2018-2020) en el marco de un caso por cohecho pasivo propio.
El juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Jorge Chávez Tamariz, ha dispuesto que la prisión se haga efectiva de manera inmediata, según ha informado el Poder Judicial del país andino en un breve comunicado publicado en su perfil de la red social X.
Durante la audiencia, ha explicado que existe un peligro procesal y de fuga, así como un comportamiento cuestionable del acusado, razones por las que ha declarado fundada la petición de la Fiscalía, recoge la emisora de radio RPP.
Vizcarra está siendo investigado como presunto autor del delito de cohecho pasivo propio durante la licitación de unas obras cuando fue gobernador en Moquegua, en el sur del país. En concreto, se corresponderían con dos obras públicas: ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’.

Boluarte promulga la ley de amnistía a militares y autodefensas

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó ayer la ley de amnistía para policías, militares y grupos de autodefensa procesados por violaciones contra los Derechos Humanos durante el periodo de conflicto armado interno (1980-2000), desobedeciendo así a la Corte Internacional de Derechos Humanos.
“¡Con esta amnistía histórica Perú honra a sus defensores y rechaza con firmeza cualquier intromisión externa!”, reza un comunicado de la Presidencia peruana en el que ha indicado que Boluarte ha afirmado que el país “no abandona a sus defensores y que jamás permitirá el sacrificio de quienes se enfrentaron a la violencai sea olvidado o castigado”.
La ONG Human Rights Watch (HRW) señaló que la ley, que otorga impunidad a quienes cometieron delitos graves durante el conflicto armado, “es simple y llanamente una traición a las víctimas”.
Por otro lado, la Fiscalía de Perú ha archivado este martes la causa por violación sexual contra José Jerí, elegido a mediados de julio presidente del Congreso, y denunciado en enero de este año por una mujer.